Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han condenado las nuevas leyes de espionaje e "injerencia extranjera" que se apresuraron a través del parlamento australiano con apoyo bipartidista el mes pasado.
Bajo falsas pretensiones de defender la seguridad nacional y prevenir la "interferencia extranjera", las leyes represivas y de gran alcance podrían usarse para cerrar publicaciones, arrestar periodistas, prohibir partidos políticos, organizaciones benéficas y de derechos humanos sobre acusaciones de colaboración ilegal con "organizaciones extranjeras".
Las medidas amenazan el derecho legal de Amnistía Internacional y otros organismos no gubernamentales de exponer los ataques del gobierno australiano contra los refugiados, los solicitantes de asilo y otras violaciones de las leyes internacionales. Amnistía ha denunciado sistemáticamente el maltrato del gobierno australiano contra indígenas australianos y el encarcelamiento cruel e ilegal de refugiados y solicitantes de asilo, que ha calificado de tortura.
El gobierno de la Coalición Liberal-Nacional y la oposición laborista "han arrojado nuestros derechos y libertades bajo el autobús", dijo a los medios la directora de asuntos exteriores de Amnistía Internacional Australia, Claire O'Rourke, el 28 de junio.
Ayer habló con el World Socialist Web Site sobre la nueva legislación y su impacto en Amnistía Internacional.
"El mensaje principal de Amnistía Internacional sobre estas leyes es que no cambiaremos la forma en que operamos aquí, ni en ninguna otra parte del mundo donde nos levantemos y expongamos leyes injustas. Amnistía Internacional no es una organización política, pero denunciamos abusos contra los derechos humanos dondequiera que ocurran.
"La posición de las organizaciones benéficas y otras organizaciones que se oponían a estas leyes era que las leyes de espionaje e injerencia extranjera tendrían un efecto de enfriamiento en la sociedad civil. Puede significar que algunas organizaciones tienen que operar de diferentes maneras debido a los riesgos para las organizaciones y las personas que realizan su trabajo. Pero puedo decirle muy claramente que Amnistía Internacional y la forma en que opera en Australia no cambiarán.
"La mayor preocupación que tenemos sobre el espionaje y la ley de injerencia extranjera es que la definición de seguridad nacional es muy amplia y la defensa legal es muy limitada. Existe una defensa dentro de las leyes sobre 'publicación previa', pero eso no es terriblemente útil para Amnistía Internacional. Nuestra organización suele ser la primera en exponer los abusos de los derechos humanos aquí y en el extranjero.
"Y si comunicamos estas exposiciones a la ONU, lo que hemos hecho muchas veces en el pasado, estamos, técnicamente, incumpliendo las nuevas leyes si supuestamente afectan las relaciones de Australia con otros países. Esto podría significar que se lo acusa de espionaje, que se castiga con 25 años de prisión.
"Sin embargo, creo que sería un grave error de juicio que un gobierno ponga en duda el trabajo cotidiano de Amnistía Internacional con respecto a estas leyes".
Richard Phillips: ¿Podría comentar sobre el "esquema de transparencia y registro de agentes extranjeros"?
Claire O'Rourke: "Trabajamos en conjunto con la coalición 'Hands off our Charities' con respecto a ese tema. Planteamos inquietudes con el ministro y el ministro de la sombra acerca de este esquema y ahora se ha realizado una enmienda para que las organizaciones benéficas registradas no estén obligadas a registrarse como agente extranjero.
"Pero, ¿qué pasa con las organizaciones sin fines de lucro que no son organizaciones benéficas registradas? Todavía pueden ser procesados bajo las leyes de espionaje e injerencia extranjera, lo cual es muy alarmante. Lo que enfrentamos es un nivel innecesario de represión y autoritarismo, y es un caso de alcance político absoluto.
"En este momento estamos enfocados en monitorear el impacto de las nuevas leyes. No solo estamos evaluando cómo nos afecta a nosotros, sino a otras organizaciones y personas. Amnistía siempre defenderá a las personas y organizaciones en las que vemos claras violaciones de los derechos humanos y las normas internacionales".
(Publicado originalmente el 10 de julio de 2018)