Un total de 463 padres inmigrantes pudieron haber sido deportados sin ser reunidos con sus hijos, de acuerdo con los documentos presentados por la Administración de Trump en un tribunal federal el lunes. Anteriormente, el Gobierno había admitido que solo 12 padres habían sido deportados sin sus hijos.

El estatus oficial de los 463 padres sigue siendo inseguro. El martes, los abogados federales declararon en corte que estaban individualmente revisando estos casos para determinar si estos padres fueron deportados o si eligieron "voluntariamente" irse sin sus hijos. Oficialmente, alrededor de 130 de este grupo han aceptado ser deportados dejando a sus hijos en los Estados Unidos, ya sea para quedarse con familiares o para agotar sus vías legales de asilo.

El número total de padres y niños separados bajo la política infame de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump, iniciada en mayo, ha cambiado constantemente en las cuentas reportadas por el Gobierno, con el número total de niños variando entre 2.000 y 3.000 en el último mes. Las cifras dudosas y cambiantes demuestran no sólo la incompetencia burocrática del Gobierno, sino también una cruel indiferencia ante el destino de las familias atrapadas en la red antiinmigrante de Trump.

Los 463 son parte de un grupo más grande de 917 padres a quienes el Gobierno ha considerado "inelegibles" o "aún no designados como elegibles" para reunirse con sus hijos. Según USA Today, a otros padres se les ha negado el acceso a sus hijos con el pretexto de antecedentes penales, enfermedades contagiosas u otros problemas.

La Administración de Trump solo ha reunido a 1.012 niños con sus padres desde que un juez federal ordenó el amparo de su política cruel y vengativa de separar a las familias de inmigrantes indocumentados después de ser detenidos. El Gobierno federal ha declarado que solo 1.637 de los 2.551 niños migrantes separados son "elegibles" para una reunificación, y es probable que el Gobierno no cumpla el plazo impuesto por la corte para reunir a todos estos niños con sus padres, el cual se concluye este jueves.

El hecho de que cientos de padres fueron deportados sin sus hijos plantea la terrible perspectiva de que nunca volverán a ver a sus hijos, o en el mejor de los casos después de un largo retraso burocrático.

Varios abogados de inmigración que hablaron con el New York Times dijeron que era probable que muchos de los padres deportados firmaron formularios sin darse cuenta de que estaban aceptando su propia deportación, o sin entender que se les exigiría dejar a sus hijos atrás. "Nuestros abogados voluntarios que trabajan con padres detenidos que fueron separados están viendo a mucha gente que firmó formularios que no entendieron", le dijo al Times un abogado de inmigración de El Paso, Texas. "Pensaron que la única forma en que volverían a ver a su hijo sería accediendo a la deportación".

Ayer, el ACLU argumentó ante el juez federal de distrito Dana Sabraw a favor de aumentar el período de 48 horas a una semana entre el momento en que las familias detenidas se reúnen y el momento de su deportación para permitirles más tiempo para tomar una decisión tan desgarradora como elegir entre ser deportados como familia o dejar atrás a sus hijos.

Las grabaciones de audio de dos madres inmigrantes en el tribunal fueron reveladas por CNN y dan una idea de la enorme angustia mental y coacción con que los trabajadores se ven obligados a navegar este sistema judicial de inmigración bizantino. Las grabaciones se hicieron durante una "revisión de miedo creíble", en la que un juez determina si un solicitante tiene derecho a solicitar asilo.

"Por favor, no me saquen de este país", suplica una madre que busca huir de la violencia de las pandillas en su país de origen, conteniendo sus lágrimas. "Hazlo por mí o por mi hijo. No tengo nada más. No tengo a nadie más. Soy madre soltera". Le dijo al juez que estaba angustiada durante su entrevista inicial y no entendió muchas de las preguntas que se le hicieron. "En ese momento me sentía muy desesperada porque estaba separada de mi hijo. Mi hijo se quedó en la hielera, estaba en el piso y no supe nada de mi hijo en ese momento".

El juez determinó que la madre no era elegible para el asilo y ordenó su deportación.

El juez que preside en ambos casos reportados por CNN, cuya corte se encuentra en el Centro de Detención de Port Isabel en Texas, donde muchos niños inmigrantes se están reuniendo con sus padres, ha negado casi el 80 por ciento de los casos de asilo que escucha. El mes pasado, el fiscal general Jeff Sessions declaró que el abuso doméstico y la violencia de pandillas no son motivos legítimos para el asilo.

Los caóticos y desorganizados procedimientos de reunificación implementados por la Administración de Trump han creado situaciones kafkianas para los inmigrantes cuyos casos judiciales aún están en curso. El periódico de Denver Westword informó que muchas de las docenas de padres que han sido transferidos de Colorado a Port Isabel para encontrarse con sus hijos han perdido citas judiciales programadas en Colorado. Según el Southern Poverty Law Center, este círculo vicioso legal se ha producido en otras partes del país.

A pesar de que la orden ejecutiva de Trump del 20 de junio puso fin a la práctica de separar a los niños de sus padres detenidos, la cantidad de niños detenidos en Texas ha aumentado desde fines de junio de 4.919 a 5.024, una cifra que incluye menores no acompañados, según datos del Houston Public. Una organización sin fines de lucro ya recibió permiso para construir un centro de detención adicional en Houston, y otras tres solicitudes para prisiones privadas con fines de lucro están actualmente pendientes.

El trato dispensado a los niños detenidos en tales instalaciones, atendidos por fanáticos fascistas y antiinmigrantes, es deplorable. Los documentos judiciales de Virginia y Texas, reportados por primera vez por el Associated Press el mes pasado, mostraron que los niños han sido golpeados, despojados y drogados. Las quejas presentadas en años anteriores bajo la Administración de Obama revelaron abuso físico generalizado e incluso violación de niños inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bloomberg News informó ayer que los abogados de derechos humanos pidieron a un juez federal que designe un monitor especial después de compilar 225 informes de primera mano sobre abusos cometidos por niños inmigrantes, argumentando que el Gobierno ha llevado a cabo una "agresión a gran escala" sobre el precedente judicial que limita la detención y el maltrato de menores inmigrantes.

A los adultos bajo custodia, les va poco mejor. Un informe del mes pasado sobre un centro de detención en Massachusetts incluyó detalles parecidos a Abu Ghraib, con guardias que como entretenimiento alientan a los detenidos a pelearse uno contra otros por diversión y, literalmente tratar a los demás como perros. Los inmigrantes en otra instalación en este estado lanzaron una huelga de hambre la semana pasada para protestar el trato inhumano.

En otras noticias, un juez federal ordenó la liberación de Pablo Villavicencio, el inmigrante ecuatoriano que fue detenido y arrestado por la policía militar mientras entregaba pizza a un centro militar en Brooklyn. Las autoridades de inmigración iniciaron procedimientos de deportación contra él cuando descubrieron que había sido sujeto a una orden de deportación en 2010.

El juez Paul Crotty criticó al fiscal federal asistente, Joseph Cordaro, durante el proceso judicial. "Bueno, los poderosos están haciendo lo que quieren, y los pobres están sufriendo lo que deben", declaró Crotty. "Quiero decir, ¿hay algún concepto de justicia aquí o solo estamos haciendo esto porque queremos? ¿Por qué queremos hacer cumplir la orden?”.

Si bien Villavicencio ya no está bajo amenaza de deportación inminente, aún debe pelear en la corte para obtener su estatus legal. Villavicencio está casado con una ciudadana estadounidense, con quien tiene dos hijas pequeñas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 abril de 2018)