Dos meses después de que la Confederación General del Trabajo estalinista (CGT) llamara a poner fin a las huelgas contra el plan de privatización ferroviaria del presidente francés Emmanuel Macron, los ministros están abandonando el Gobierno. El gabinete y el partido de Macron, La République en Marche (LRM), se están desintegrando y sectores poderosos de la burguesía están debatiendo abiertamente mecanismos para eliminar a Macron y construir un Gobierno alternativo.

Después de la partida del tercer ministro de mayor rango, el ministro de Ecología, Nicolas Hulot, y luego de la ministra de Deportes, Laurence Flessel, el número dos del Gobierno, el ministro del Interior, Gérard Collomb, anunció su partida el 18 de septiembre. Dijo que permanecería hasta después de las elecciones europeas del próximo mayo.

La prensa, que también informó sobre la partida de dos de los colaboradores de Collomb en el Ministerio del Interior, Jonathan Guémas y Jean-Marie Girier, describió a Collomb como un ministro de soporte vital. Le Monde dijo que este ministerio estratégico es "abandonado" y describió las reacciones conmocionadas de los oficiales de policía de alto rango. "Tal acción autodestructiva rara vez se ve. El PR de Gérard Collomb como futuro candidato a la oficina del alcalde en Lyon ha socavado las relaciones públicas de Gérard Collomb como ministro del Interior".

Varios otros ministros han anunciado que no permanecerán en el Gobierno. La ministra del Patrimonio, Stéphane Berne, solo quiere quedarse hasta el final del año, para no ser una "marioneta" o una "hoja de parra" para el Gobierno. Criticó una ley planificada que prevé "destruir barrios enteros, que están protegidos, en base a la afirmación de que están dilapidados y en mal estado".

Otros ministros de alto rango dieron las mismas razones que Collomb para anunciar su partida. El ministro de Presupuesto, Gérald Darmanin, planea presentarse en Turcoing, la ministra de igualdad de hombre y mujer, Marlène Schiappa, en Le Mans, el ministro de Ecología Sébastien Lecornu en Vernon, y el ministro de asuntos digitales Mounir Mahjoubi y el portavoz del Gobierno Benjamin Griveaux en París. El jefe del partido LRM, Christophe Castaner, planea presentarse en Marsella. Si pretenden ser alcaldes, todos tendrán que irse este año.

L'Obs eufemísticamente señaló que "las elecciones municipales parecen proporcionar a ciertos ministros los medios para justificar su partida".

Frédérique Dumas, una de las diputadas sénior de LRM en la Asamblea Nacional, cerró la puerta de un portazo cuando dejó LRM el 16 de septiembre, diciendo que tenía "la sensación de estar en el Titanic".

Dos meses después de que los sindicatos firmaran la privatización de los Ferrocarriles Nacionales (SNCF), es cada vez más claro que lo que ganó Macron contra los trabajadores del ferrocarril fue una victoria pírrica. De hecho, expuso que su Gobierno carece de cualquier base social o legitimidad democrática. Según una encuesta de Elabe el mes pasado, solo el 6 por ciento de los franceses piensa que las políticas de Macron mejoran sus vidas. Esta falta de apoyo popular está intensificando la crisis del régimen de Macron.

"Macron también podría sacar un anuncio personal diciendo: 'El presidente busca un partido que lo defienda", escribió Le Monde, y agregó: "Las fuerzas de Macron, que se supone que protegen al ejecutivo, son típicamente inaudibles o incluso invisibles". Citó a un funcionario de LRM que escribió que "de los 403.000 miembros que el partido tiene en papel, solo 70.000 son 'miembros activos' hoy".

Los medios de información están abiertamente preocupados sobre si Macron puede implementar su agenda de recortes sociales, incluso cuando la aristocracia financiera trabaja para saquear cientos de miles de millones de euros para financiar recortes tributarios para los ricos y una expansión militar. De hecho, los ministros que han renunciado son los encargados de sectores críticos como el presupuesto, la seguridad social y la seguridad interior.

En el contexto del caso Benalla, una coalición de partidos que iba desde La France Insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon hasta los neofascistas y el derechista Les Républicains (LR), ya había desestabilizado efectivamente al Gobierno.

El caso de Benalla subrayó que dentro del sistema político no existe una facción más izquierdista o menos hostil hacia los derechos democráticos que la otra. LFI, LR y los neofascistas reaccionaron ante la publicación de un video en el que el asistente de Macron, Alexandre Benalla, golpea ilegalmente a manifestantes pacíficos en París el Primero de Mayo, haciéndose pasar como defensores de policías ante Macron, no oponiéndose a la brutalidad policial contra los manifestantes. Todo apunta a movimientos de poderosas facciones de la burguesía para preparar un golpe palaciego contra Macron.

Estos esfuerzos se han redoblado en las últimas semanas debido a que el Senado obligó a testificar a los asesores de Macron implicados en el caso Benalla. Mientras tanto, Benalla, despedido por la Presidencia, había denunciado la investigación como "ilegítima" y calificó al portavoz del Senado, Philippe Bas, como un "tirano mezquino". Una semana más tarde presentó sus disculpas al Senado, enfatizando su "profundo pesar" por lo que había dicho e insistió en que quería "presentar una disculpa".

El palacio presidencial del Elíseo respondió agresivamente a las audiencias en torno a sus exempleados, acusando al Senado de intentar usurpar poderes y atacar políticamente al presidente. Los 22 senadores de LRM boicotearon las audiencias, alegando que eran "un truco de relaciones públicas más que un intento efectivo de llegar a la verdad".

De manera similar, el ministro adjunto para las relaciones con el Parlamento y jefe del LRM, Christophe Castaner, acusó a los miembros de la investigación del Senado sobre el caso Benalla de intentar socavar al jefe de Estado.

Sin embargo, también planteó un problema que los círculos gobernantes están considerando: "Si algunos piensan que pueden asumir el poder de enjuiciar y deponer al presidente de la República, ellos mismos son una amenaza para la república".

Castaner planteó una situación que no tendría precedentes en la Quinta República y que nadie había planteado hasta entonces, es decir, la destitución de Macron: "Una comisión de investigación con ambiciones políticas que piense que podría explotar sus funciones de supervisión para derrocar el presidente de la República estaría cometiendo un error constitucional".

Sin embargo, Le Monde tomó en serio las observaciones de Castaner. También avanzó por un tiempo una solución propuesta: "Solo hay un método para un juicio político. Según el artículo 68 de la Constitución, ‘el presidente de la República sólo puede ser acusado en caso de haber incumplido sus deberes de una manera que sea manifiestamente incompatible con su continuación en el cargo’. La destitución es entonces ‘pronunciada por ambas cámaras del Parlamento reunidas como el Tribunal Superior de Justicia’”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de setiembre de 2018)