Amnistía Internacional: se separaron familias por presuntos “fraudes”

por Meenakshi Jagadeesan y Norisa Díaz
18 octubre 2018

Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) calcula que más de 6.000 personas (incluidos al menos 3.000 niños) fueron separados de sus familiares en la frontera en un período de cuatro meses desde la implementación inicial de la política de tolerancia cero en abril de 2018.

El informe también señaló que las estadísticas anteriores publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) sobre la separación familiar no cuentan a los abuelos o parientes más lejanos y aquellas personas separadas debido a una supuesta documentación "insuficiente".

Los funcionarios de la CBP dijeron a AI que los números sospechosos de "fraude" no se cuentan como separaciones porque no son confiables. Lo que la CBP etiqueta como "fraude" son casos de supuestos "adultos no relacionados" que se hacen pasar por padres o tutores de niños pequeños como una forma de ingresar a los Estados Unidos con mayor facilidad. La detección de fraude se ha presentado como una herramienta utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) para combatir las operaciones de tráfico de niños y proteger a los niños migrantes pequeños.

Sin embargo, la CBP hace denuncias de fraude de forma rutinaria y sin fundamento en la frontera. Como deja claro el informe, esto tiende a ocurrir incluso cuando los adultos que viajan con los niños tienen documentos, como certificados de nacimiento, fotos familiares y otras formas de identificación que prueban la tutela.

Lo que esto significa es que el número de "separaciones de unidades familiares" en la frontera es sustancialmente inferior a la informada. E incluso los más de 6.000 casos de "unidades familiares" separadas pueden ser mucho menores que el número real de migrantes que han sido sometidos a esta práctica inhumana.

Los investigadores de Amnistía entrevistaron a 52 solicitantes de asilo en enero, abril y mayo, y encontraron que quince de ellos, 13 padres y 2 abuelos, habían sido separados de los niños con los que habían estado viajando. Estas no eran familias separadas bajo la "tolerancia cero". Los inmigrantes eran solicitantes de asilo, que se habían presentado en el puerto de entrada con todos los documentos de asilo requeridos; en otras palabras, buscaban ingresar al país de la manera "correcta" como la Administración de Trump lo pone. Sin embargo, aún se vieron sujetos a detención y separación principalmente por alegaciones de fraude.

Como se señala en el informe, las justificaciones de la CBP para las separaciones familiares han demostrado ser claras mentiras en muchos casos, donde sus propios registros señalan que los adultos tenían la documentación necesaria para demostrar la tutela. A menudo, como en el caso documentado de cuatro hombres que les quitaron sus hijos, los funcionarios fronterizos simplemente llevaron a cabo las separaciones sin sentirse obligados a ofrecer una explicación de sus acciones.

Estas separaciones forzadas han resultado no solo en un grave trauma psicológico para los niños, sino también en una angustia mental y física aguda para los adultos afectados. Amnistía Internacional encontró que, en muchos casos, la magnitud del sufrimiento causado por la detención y la separación de hecho constituye una tortura según el derecho estadounidense e internacional.

María, una mujer de 55 años, solicitó asilo en Nuevo México en agosto de 2017 después de cruzar la frontera con su nieto de 17 años, Mattheus. Sin embargo, los funcionarios de CBP retuvieron su solicitud y la separaron a la fuerza de su nieto, quien sufre de discapacidades graves.

Ha pasado un año desde que Maria vio por última vez a su nieto. Maria les dijo a los investigadores de Amnistía: "Creo que debido a todo esto que estoy atravesando: el temor de volver a Brasil, el temor de estar separada de mi nieto, todo esto junto, no puedo dejar de pensar en ello. Me está enfermando mucho ... podría necesitar un psicólogo. No recuerdo las cosas, y no puedo dormir ... empiezo a hablar de algo y me olvido de lo que estaba diciendo. También lloro mucho porque todavía estoy separada de Matheus".

Una joven madre, cuyo hijo le fue arrebatado en la frontera, se hizo eco de esos sentimientos: "Me dijeron: 'usted no tiene ningún derecho aquí y no tiene ningún derecho de quedarse con su hijo' ... Me morí en ese momento. Me arrancaron el corazón. ... Para mí, hubiera sido mejor si me hubiera caído muerta. Para mí, el mundo terminó en ese punto. ... ¿Cómo puede una madre no tener derecho a estar con su hijo?”.

Las separaciones familiares forzadas no son más que un arma que está siendo utilizada por la Administración de Trump en su guerra en curso contra los inmigrantes. A pesar de su carácter inhumano e ilegal, las separaciones familiares son parte de una estrategia sistemática para impedir todo tipo de inmigración.

El informe de Amnistía Internacional incluye declaraciones de funcionarios mexicanos sobre los intentos de los EUA de negociar un "acuerdo para un tercer país seguro", al tiempo que insiste en presiones ilegales. Lo que esto significa es que EUA está dependiendo en gran medida en México para llevar a cabo los controles de documentos de los solicitantes de asilo que se dirigen a los Estados Unidos y deportarlos a sus países de origen.

Esto sería una violación flagrante del derecho internacional ya que, para la mayoría de los solicitantes de asilo, el regreso a su país de origen equivale a una sentencia de muerte. Además, el intento de que México sea declarado un "país seguro" para los solicitantes de asilo, lo que permitiría a los Estados Unidos a dejar de aceptar solicitudes de asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México, excepto aquellos amenazados por el estado mexicano, también es una contravención del derecho internacional, ya que México no es un espacio uniformemente seguro para todos los solicitantes de asilo.

Ambos partidos gobernantes, el demócrata y el republicano, son responsablse de llevar a cabo el ataque contra los inmigrantes. Bajo Obama, el gobierno deportó a 2,7 millones de personas, más que ningún otro presidente.

Solo un movimiento socialista de la clase obrera puede poner fin a la pesadilla que enfrentan millones de inmigrantes procesados y detenidos en todo el vasto sistema penitenciario del DHS.

(Publicado originalmente en inglés el 17 de octubre de 2018)