En un discurso televisado ayer, el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, intentó justificar su golpe político del viernes pasado, en el que, de manera inconstitucional, despidió a Ranil Wickremesinghe como primer ministro e instaló al expresidente Mahinda Rajapakse para reemplazarlo. La eliminación de Wickremesinghe señala una profundización de la crisis política del país, que está siendo impulsada por el deterioro de la economía y la creciente resistencia a las demandas de austeridad del FMI.

La agitación termina con el inestable gobierno de unidad nacional que se formó en 2015 cuando Sirisena desertó del gobierno de Rajapakse y, con el apoyo del Partido Nacional Unido (UNP) de Wickremesinghe, ganó las elecciones presidenciales. El Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP), que se ha dividido efectivamente en facciones pro-Sirisena y pro-Rajapakse, ahora se ha reunificado para respaldar las acciones de Sirisena.

Las líneas de batalla ahora se han dibujado. Wickremesinghe se negó a aceptar su despido y se mantuvo en Temple Trees, la primera residencia ministerial. En respuesta a su llamado a una sesión del parlamento para demostrar que su gobierno aún tiene la mayoría, Sirisena prorrogó el parlamento hasta el 16 de noviembre.

El aliado de Rajapakse, Wimal Weerawansa, quien es conocido por su demagogia, lanzó ayer un ultimátum a Wickremesinghe para que se vaya de Temple Trees y amenazó con tomar medidas para expulsarlo. Un hombre ya murió y otros dos resultaron heridos en un violento enfrentamiento entre matones pro-Rajapakse y un exministro y sus guardias.

El discurso egoísta y cínico de Sirisena fue para justificar sus acciones antidemocráticas, encubrir las razones subyacentes y apelar a las capas de la población que se oponen cada vez más a los ataques del gobierno de Wickremesinghe a los niveles de vida.

Sirisena acusó a Wickremesinghe de “conducta impropia de la política civilizada”, diciendo que “destruyó el concepto y las nobles expectativas de buen gobierno por sus acciones durante los últimos años”. Sin embargo, este es el mismo pretexto que él y Wickremesinghe usaron en 2015 para justificar volverse contra Rajapakse, cuyo gobierno fue responsable del abuso sistemático de los derechos democráticos y los crímenes de guerra en su guerra contra el grupo separatista Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE).

Sirisena acusó a Wickremesinghe de corrupción por una estafa de bonos en la que una compañía financiera, Perpetual Treasuries, propiedad del yerno del recién nombrado Gobernador del Banco Central, Arjuna Mahendran, un confidente cercano de Wickremesinghe, acumuló una ganancia de al menos 10 mil millones de rupias (65 millones de dólares estadounidenses) después de recibir información privilegiada. No se han presentado cargos contra Wickremesinghe por las acusaciones.

El presidente también planteó nuevamente afirmaciones sin fundamento de un “plan fuerte para asesinarlo”, que involucró a un ministro anónimo. Sirisena dijo que este supuesto golpe fue la “razón más inmediata y poderosa” que lo hizo nombrar a Rajapakse como primer ministro, pero no proporcionó pruebas. Denunció al Inspector General de Policía, un estrecho colaborador de Wickremesinghe, por la investigación del supuesto plan de asesinato.

Sirisena trató cínicamente de hacerse pasar por un “hombre de la gente”, contrastándose con Wickremesinghe, que “pertenecía a una clase privilegiada y no entendía el pulso de la gente y se conducía como si la configuración del futuro del país fuera un juego divertido para ellos”.

En realidad, Sirisena, Wickremesinghe y Rajapakse son los representantes políticos de la clase dominante venal de Sri Lanka que han pisoteado los derechos democráticos y sociales de los trabajadores desde la independencia formal en 1948. Los sucesivos gobiernos dirigidos por la UNP y la SLFP han impuesto la agenda de austeridad del FMI mediante el recorte del gasto social y los empleos, el empleo de medidas policiales estatales para reprimir a la oposición y el fomento del chovinismo cingalés para dividir a la clase trabajadora. Ambos partidos son directamente responsables de la brutal guerra comunal que devastó la isla desde 1983 hasta 2009.

Sirisena afirmó que sus acciones estaban “totalmente de acuerdo con la constitución y con el asesoramiento de expertos legales”, pero no intentó argumentar por qué debería ser así. Al llegar al poder en 2015, prometió abolir la presidencia ejecutiva del país, que tiene poderes autocráticos de gran alcance. En realidad, el gobierno de Sirisena- Wickremesinghe se limitó a enmendar estos poderes, pero puso fin a la potestad del presidente para destituir unilateralmente a un primer ministro. Sirisena ha violado la constitución al eliminar a Wickremesinghe.

Las acciones de Sirisena al suspender arbitrariamente el parlamento tienen como objetivo evitar que Wickremesinghe le demuestre que aún tiene la mayoría, y ganar tiempo para sobornar o intimidar a los parlamentarios para cambiar de bando. Los políticos de Colombo son bien conocidos por sus oportunistas “cruzamientos”. Rajapakse prometió ayer celebrar nuevas elecciones lo antes posible, pero no hay garantía de que el régimen celebre elecciones en el corto plazo, o en absoluto.

El presidente terminó su discurso como patriota: demagogia que apunta a apelar a los grupos chovinistas cingaleses de extrema derecha que han condenado al gobierno de Wickremesinghe por haber vendido al país. “En los últimos años”, declaró, “la política económica se basó en las inversiones extranjeras, y eso debilitó nuestras industrias locales”.

Sirisena declaró: “Muchos activos valiosos fueron entregados a extranjeros sin ofertas. Los premios de construcción también se entregaron sin licitación”, y continuó: “Si el Gabinete y luego el parlamento aprobaran la Ley de Ordenación de Tierras de la semana pasada, los extranjeros podrían comprar todas las tierras de nuestra Madre Patria sin ningún problema”.

Estas condenas llevan distintos matices chovinistas. Gran parte de las críticas de Rajapakse y sus aliados contra el gobierno se han dirigido a la India y, por lo tanto, de manera indirecta a la minoría tamil de la isla, que a menudo es calificada como extremistas nacionalistas, como agentes del expansionismo indio. Los políticos de Colombo han usado durante mucho tiempo el chovinismo antitamil para dividir a los trabajadores y no es casualidad que esta campaña esté siendo avivada ahora en medio de un fuerte aumento de huelgas y protestas por el deterioro de los niveles de vida.

La retórica antiindia también contribuye a intensificar las rivalidades geopolíticas en el sur de Asia entre China, por un lado, y Estados Unidos e India, por el otro. Estados Unidos orquestó la operación de cambio de régimen de 2015 que permitió a Sirisena expulsar a Rajapakse, quien era considerado demasiado cercano a China. El gobierno de Trump, ya que aumenta sus medidas de guerra comercial y la confrontación con China, es poco probable que acepte pasivamente el establecimiento de lo que considera un gobierno pro-Beijing en Sri Lanka, que se encuentra estratégicamente ubicado. La maniobra tras bastidores solo se intensificará, agravando aún más la crisis política en Colombo.

Sirisena jurará hoy en el nuevo gabinete de Rajapakse. El sábado, la secretaría presidencial notificó a todos los jefes de departamento, presidentes de corporaciones estatales, juntas estatutarias y bancos estatales que el mandato de los ministros del gobierno anterior había terminado. Los líderes de alto rango de la UNP han pedido a la gente que “salga a las calles” para oponerse a la expulsión del gobierno en protestas que podrían llevar a nuevos enfrentamientos con las fuerzas pro Rajapakse.

Ninguna de las partes constitutivas defiende los intereses de la clase trabajadora y los pobres. El nuevo régimen, al igual que el gobierno anterior, buscará imponer la carga de la crisis económica sobre los trabajadores y reprimir implacablemente cualquier oposición. La clase obrera debe trazar su propio camino independiente en esta crisis política rechazando las dos alas de la clase dominante y sus políticas chovinistas divisivas, y movilizando a los pobres urbanos y rurales en la lucha por un gobierno de trabajadores y campesinos para llevar a cabo políticas socialistas.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de octubre de 2018)