El viernes, la Fiscalía presentó su acusación escrita contra los dirigentes independentistas catalanes en prisión preventiva por su papel en el referéndum sobre la independencia de Cataluña del año pasado y la declaración unilateral de independencia que le siguió.

El referéndum fue considerado ilegal por parte del gobierno central del Partido Popular de Madrid y fue utilizado para llevar a cabo una brutal represión estatal en Barcelona y en toda Cataluña.

La Fiscalía está buscando condenar a 25 años al exdiputado, antiguo vicepresidente regional y dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras y prohibirle ocupar cualquier cargo público durante los próximos 25 años. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, antiguos dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, se enfrentan a condenas de prisión de 17 años y una prohibición de 17 años de ocupar cargos públicos, otro tanto la antigua presidenta del parlamento catalán Carme Forcadell. Los exconsejeros regionales Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, se enfrentan a 16 años de cárcel.

Están todos acusados de rebelión por emplear “la violencia necesaria para conseguir el resultado criminal perseguido” —organizar un referéndum independentista no autorizado. El crimen conlleva una condena máxima de 30 años. Para los tres exconsejeros regionales que no están en prisión preventiva, Carles Mundó, Maritxell Borrás y Santi Vila, la sentencia solicitada ha sido rebajada a siete años por cargos de malversación.

En un caso separado, el Audiencia Nacional está investigando a cuatro funcionarios a cargo de la policía catalana el año pasado. La Fiscalía anunció que pide 11 años de cárcel para el exjefe de la policía regional, Josep Lluis Trapero.

Se espera que ambos juicios empiecen a principios de 2019.

Durante la crisis catalana la violencia real vino del Estado español, que desplegó 16.000 policías que atacaron violentamente a los votantes, incluyendo a ancianos, dejando a más de 1.000 personas heridas. Luego procedió a poner en prisión preventiva a políticos nacionalistas catalanes y a imponer un gobierno no elegido en la región. En el punto álgido de la crisis, el gobierno central del PP amenazó con la intervención militar directa.

El año pasado, 120 juristas, la mayoría abiertamente hostiles a la causa independentista catalana, firmaron un manifiesto describiendo las acusaciones de rebelión y de sedición como un fraude legal. El manifiesto decía, “Solo violando principios legales muy seriamente se puede afirmar que los acusados, en virtud de los hechos que se les han atribuido, pueden haber llevado a cabo este crimen, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto para llevarlo a cabo con violencia”.

Tribunales de fuera de España también han rechazado la acusación de “rebelión”. Este año, el Alto Tribunal alemán en Schleswig-Holstein dictaminó que el expresidente regional catalán Carles Puigdemont, quien huyera el año pasado para evitar ser arrestado, no podía ser extraditado a España bajo los cargos alemanes equivalentes. El tribunal argumentaba que “los enfrentamientos violentos con la Guardia Civil o la Policía Nacional no llegaron al punto de amenazar el orden constitucional en España”.

Un mes después, un tribunal belga dictaminaba que las tres órdenes de detención europeas emitidas por España para tres exconsejeros catalanes exiliados, Meritxell Serret, Antoni Comin y Lluis Puig, eran “iregulares”. Desde entonces, el Tribunal Supremo Español ha retirado todas las órdenes europeas de arresto contra los independentistas catalanes que se fueron de España para evitarse más dictámenes bochornosos.

En junio asumió el poder un gobierno en minoría encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), respaldado por el pseudoizquierdista Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Sin embargo, aunque el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha instado al diálogo con los independentistas para resolver la crisis, la represión contra los dirigentes catalanes continúa.

El mismo día que la oficina del Fiscal General presentó sus cargos contra los independentistas, abogados del Estado, representando al gobierno de Sánchez, exigieron que los acusados fueran imputados por sedición. Este es un cargo menor para sospechosos de subvertir el Estado español o la constitución, pero aun así conlleva una condena de 15 años. ¡Esto representa la agenda supuestamente “progresista” del PSOE —mantener encarcelados a los presos políticos durante 15 años en vez de 30!

Además, para apaciguar las acusaciones derechistas de que el gobierno estaba “tranquilizando” a los nacionalistas catalanes, la ministra de Justicia Dolores Delgado declaró, “No se trata de gestos [hacia los nacionalistas]. Es un asunto judicial y técnico de aplicar la ley de manera profesional”.

El presidente catalán Quim Torra ha acusado a Sánchez de desperdiciar “una oportunidad de oro de sacar el conflicto catalán de los tribunales y volver a ponerlo en el escenario político, que es donde tiene que estar”. Añadió que Sánchez había “decidido no actuar, lo que equivale a complicidad con la represión”.

Los partidos independentistas han anunciado que no respaldarán los presupuestos del gobierno en las cortes. Sin su apoyo, el presupuesto no podrá ser aprobado ya que se encontrará con la oposición de los partidos de la derecha, Ciudadanos y el PP.

La derecha, incluyendo al ultraderechista partido VOX, no obstante, está montando una ofensiva política, utilizando el postureo en quiebra del PSOE y su negativa a montar cualquier defensa genuina de los derechos democráticos para preparar a su base social para una ofensiva renovada contra la clase trabajadora.

Tachando de traición la decisión de Sánchez de dejar de lado las acusaciones de rebelión, el dirigente del PP Pablo Casado tuiteó “Hace meses Sánchez argumentó que los independentistas cometieron un delito de rebelión. Ahora usa la ley del Estado para hacerle un favor al líder catalán Torra. Rehén de los líderes del golpe, está demasiado desacreditado para seguir presidiendo el gobierno y tiene que convocar elecciones”.

El Secretario General de Ciudadanos José Manuel Villegas acusó a Sánchez de “actuar como el abogado defensor de los golpistas” en una entrevista en la cadena SER.

Editoriales de los principales diarios derechistas también atacaron al gobierno. El Mundo exigió elecciones anticipadas “cuanto antes”, diciendo que “la seria crisis institucional abierta por este gobierno irresponsable amenaza con socavar la credibilidad del poder judicial y debilitar la acción del Estado ante el intento más serio de destruir nuestra democracia”.

Para El Español “no hay duda de que el ejecutivo usa este juicio criminal como trueque y mercadeo político con los independentistas … aunque para los insaciables independentistas sus regalos nunca son suficientes”.

Para ABC , “La reacción del independentismo catalán a las imputaciones … demuestra al presidente del gobierno que la táctica de apaciguamiento es estéril contra los descontrolados golpistas independentistas”.

El partido pseudoizquierdista Podemos, como era de esperar, se quejó amablemente de la persecución continuada del PSOE de los dirigentes independentistas, aunque deja claro que no rebasará la colaboración con Sánchez.

El Secretario General Pablo Iglesias dijo que “aquellos de nosotros que defienden el diálogo tienen que seguir trabajando hacia una solución política y poner fin a la judicialización del conflicto. Es difícil, pero es posible y tenemos que seguir por este camino”. Tuvo especial cuidado en evitar mencionar los cargos de sedición del fiscal del Estado del gobierno del PSOE.

Al día siguiente, Iglesias dejó claro que su principal preocupación es el destino del gobierno del PSOE. Formuló sus comentarios como una defensa de los presupuestos del gobierno, que incluye un puñado de reformas sociales dentro de un marco de austeridad continuada que son tan modestas que incluso han sido aprobadas por la Unión Europea. Atacó a los independentistas por anunciar que no apoyarían los presupuestos, preguntando, “¿Por qué los trabajadores tienen que pagar por el autoritarismo del PP y la falta de valentía del PSOE?”.

Esta pose de preocupación por los trabajadores es un fraude. Sánchez dejó claro, en un acto organizado por Reuters el 27 de septiembre, que está dispuesto a abandonar sus planes de un mínimo aumento del gasto y acatar los objetivos de déficit establecidos previamente por el PP si ello evita unas elecciones generales anticipadas. “Si estamos obligados a presentar un borrador con los viejos compromisos lo haremos”, dijo.

Iglesias está declarando su lealtad al PSOE para promover sus planes de que Podemos tenga su lugar en un gobierno de coalición tras unas cada vez más probables elecciones anticipadas. En el proceso, está dejando clara la disposición de su partido a ayudar a implementar la represión estatal y la austeridad continuadas.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de noviembre de 2018)