La inhumanidad de las políticas antiinmigrantes de la Administración de Trump ha sido puesta al desnudo aún más, con nuevos informes sobre los efectos de sus cambios a la regla de “carga pública”, presentada el mes pasado. Conecta los requisitos para la obtención de visas o del estado de residente permanente, con el uso por parte de los solicitantes de varios programas gubernamentales, como vivienda, atención médica subsidiada o cupones de alimentos cubiertos por el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés).

Los defensores de la lucha contra el hambre y los trabajadores del Banco de Alimentos informan que muchas familias inmigrantes optan por pasar hambre en lugar de utilizar cupones de comida o de registrarse en varios bancos de alimentos, por temor a ser deportados o a que les nieguen la residencia permanente o la ciudadanía.

Estos informes se basan no solo en evidencia anecdótica. En el estudio más completo realizado sobre el tema, la nueva investigación presentada este mes en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Salud Pública revela que el uso de SNAP por parte de familias inmigrantes ha disminuido drásticamente en el último año, después de haber aumentado de manera constante durante una década.

El estudio — dirigido por la directora adjunta de Estrategia de Políticas del Centro Médico Boston, Allison Bovell-Ammon — encuestó a 35,000 madres con niños pequeños en cinco ciudades de Estados Unidos, Boston, Baltimore, Filadelfia, Minneapolis y Little Rock, desde 2007 hasta la primera mitad de 2018. El estudio encontró que la participación de SNAP entre las familias inmigrantes elegibles aumentó de manera constante en la década entre 2007-2017, independientemente de si el padre había estado en los Estados Unidos durante cinco años o menos.

Sin embargo, la tendencia cambió drásticamente en la primera mitad de 2018. Los resultados de la encuesta preliminar mostraron que solamente el 34.8 por ciento de las familias en los Estados Unidos durante menos de cinco años participaron en el programa SNAP, lo cual representa una caída de casi el 10 por ciento. Entre las familias con madres que vivieron en los Estados Unidos durante más de cinco años, la participación de SNAP se redujo a 42.7 por ciento, una caída del 2 por ciento

Adicionalmente, el estudio también encontró que la inseguridad alimentaria en los hogares aumentó de 9.9 por ciento en 2007 a 17.8 por ciento entre las familias inmigrantes que han vivido en los Estados Unidos por menos de cinco años, y de 10.8 a 17.5 en las familias que han residido en el país por más de cinco años durante el mismo periodo.

La encuesta se realizó antes del anuncio de los cambios a la regla de carga pública, lo cual significa que el crecimiento de la inseguridad alimentaria es sin duda mucho más grave hoy en día.

En el comunicado de prensa que presentó el estudio, Bovell-Ammon dijo: “Es importante tener en cuenta que las reglas de elegibilidad para SNAP se mantuvieron sin cambios entre 2017 y 2018 ... Estos hallazgos demuestran que la retórica y la amenaza de cambios en las políticas, incluso antes de que se promulguen los cambios, puede estar causando que las familias renuncien a la asistencia nutricional. Algunas familias inmigrantes pueden verse obligadas a tomar decisiones agonizantes entre inscribirse en programas de nutrición críticos y poner en peligro su futuro estatus migratorio. Es probable que estas concesiones tengan un impacto negativo en la salud de los niños y las familias”.

Las preocupaciones de Bovell-Ammon no son meras conjeturas. Los funcionarios asociados con los Bancos de Alimentos y las ONG centradas en temas de inseguridad alimentaria ya han informado de una tendencia dramática y visible de familias migrantes que evitan buscar asistencia en la temporada actual de vacaciones.

Un reciente informe de ABC News dio cuenta de esta tendencia en diferentes partes del país. Rodrigo Aguirre, un trabajador social del Centro Católico Español en Washington, dijo a ABC News que casi la mitad de las familias con las que habla no se sienten cómodas solicitando beneficios, por temor a que su información sea compartida con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Las madres en particular, dijo, tenían miedo de ser separadas de sus hijos nacidos en Estados Unidos.

Los inmigrantes, muchos de los cuales ya pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, ahora están siendo aterrorizados por las siniestras conexiones entre el uso de programas gubernamentales y el camino hacia la residencia legal y la eventual ciudadanía. Como Joel Berg, jefe de Hunger Free NYC (Ciudad de Nueva York sin hambre), dijo a ABC News: “No es como si las cosas fueran un pastel para los inmigrantes antes de esa fecha, y ahora acaban de ponerse mucho peor... tomas a personas que ya están asustadas y vienen de países y tienen miedo de su Gobierno —por una buena razón— y ponen esto por encima de eso, y es realmente una gran calamidad”.

Los apologistas de la Administración han tratado de presentar los cambios a la regla de la carga pública simplemente como una forma de agilizar el proceso de inmigración que sigue garantizando acceso a los que califican para los programas de asistencia. También han tratado de ignorar la creciente evidencia de que las familias migrantes optan por mantenerse alejadas de los programas de asistencia del Gobierno, incluso cuando los necesitan de manera crítica, como un caso de “desinformación e histeria”.

Jessica Vaughn, exfuncionaria consular y directora del Centro de Estudios de Inmigración pro-Trump, dijo a ABC News que podría haber muchas razones por las cuales las personas podrían optar por no participar en programas como SNAP. “La regla no apunta a negar beneficios a los niños ciudadanos de los Estados Unidos u otras personas que puedan calificar para ellos”, dijo. “Su propósito es crear una mejor manera de evaluar cuáles solicitantes de beneficios de inmigración van a calificar al demostrar que son autosuficientes”. Estos argumentos son mentiras patentes.

Si bien la mayoría de las personas que se inscriben en programas como SNAP tienden a ser ciudadanos estadounidenses, más de 9 millones son inmigrantes legales o ciudadanos cuyos padres nacieron fuera de los Estados Unidos. Incluso cuando se discutieron los cambios a la regla de carga pública, los funcionarios del Gobierno estaban conscientes del impacto potencial en las comunidades inmigrantes. En una propuesta que analiza el tema, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) incluso estimó que más de medio millón de migrantes se darían de baja de los programas públicos si se estableciera el cambio.

Con la nueva regla de carga pública, la realidad es mucho peor que el escenario descrito por el DHS. Las comunidades migrantes, ya vulnerables y amenazadas por la gran cantidad de políticas que atacan su supervivencia, ahora enfrentan el peligro real de hambre e inseguridad alimentaria.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de noviembre de 2018)