Las protestas han continuado en Bolivia esta semana después de que los manifestantes bloquearon las autopistas y marcharon hacia el Tribunal Supremo Electoral del país (TSE) el 6 de diciembre por la decisión de colocar al Presidente Evo Morales en la boleta electoral para las elecciones de 2019. La acción efectivamente invalida el voto popular en un referéndum nacional celebrado el 21 de febrero de 2016, que rechazó la oferta de Morales por un cuarto término consecutivo.

La protesta fue organizada por el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), liderada por la federación sindical Central Obrera Boliviana (COB) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la principal universidad de Bolivia, así como por varias organizaciones cívicas y de derechos humanos.

Si bien las protestas han llevado a los maestros, trabajadores y médicos a las calles, los opositores de derecha del gobierno también se han unido detrás de ellos, y han generado consignas en las que denuncian a Morales por intentar convertir a Bolivia en una "dictadura como Venezuela".

La acción de Morales para anular el referéndum ha permitido el derecho de enmascararse como defensor de la democracia en un país que históricamente se ha identificado con dictaduras militares fascistas.

Morales convocó el referéndum de 2016 con la expectativa de que saldría victorioso. La constitución que él mismo había promovido en 2009 limitaba a los presidentes a dos mandatos consecutivos de cinco años.

Después de perder, no tenía la intención de respetar el voto popular y manipular el poder judicial, controlado por su Movimiento al Socialismo (MAS), para garantizar que su nombre se incluyera en la lista de candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo año.

El 4 de diciembre, los seis miembros del TSE, el organismo responsable de supervisar el referéndum del 2016, votaron para permitir la inscripción del MAS de Evo Morales y otras siete organizaciones políticas en la boleta electoral. La decisión, con dos votos en contra, validó un fallo de 2017 de la corte suprema del país (TCP) que invocó una sección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dijo que no debería haber restricciones en las elecciones para justificar el incumplimiento de la Constitución y el resultado del referéndum.

El principal rival de Morales en la elección del próximo año es Carlos Mesa, quien fue el presidente que precedió a Morales de 2003 a 2005, cuando fue expulsado de su cargo por protestas masivas de decenas de miles de bolivianos en un período prolongado de agitación social conocido como el "la guerra del gas de Bolivia". Comenzó con las negociaciones del gobierno con las empresas energéticas transnacionales para explotar las reservas de gas del país, que representan el 45 por ciento de las exportaciones del país. Carlos Mesa fue visto como un títere de los intereses capitalistas extranjeros.

Evo Morales, de origen aimara, fue elegido primer presidente hace 13 años, el 22 de enero de 2006, con el 54 por ciento de los votos. Ganó su segundo y tercer mandato en 2009 y 2014, ambas veces con más del 60 por ciento de los votos.

El gobierno de Morales fue promovido por la pseudoizquierda y proclamó ser parte de la "marea rosa" que se extendía desde Lula en Brasil hasta Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador y Humala en Perú.

A pesar de ser rica en materias primas, Bolivia es el tercer país más pobre de las Américas y depende en gran medida de la exportación de materias primas. Sus contratos favorables con los gobiernos de la "izquierda burguesa" de Hugo Chávez en Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil permitieron a Bolivia disfrutar de un alto crecimiento del PIB. Las ganancias bancarias en el país se dispararon, incluso cuando Bolivia logró reducir su tasa de pobreza extrema del 37.6 por ciento al 16.8 por ciento.

Sin embargo, el 40 por ciento de la población de Bolivia vive en la pobreza y sigue siendo uno de los países más desiguales socialmente de las Américas.

La crisis capitalista global y la correspondiente disminución de los precios de las exportaciones de productos básicos afectó a los gobiernos de la "marea rosa", que también se vieron socavados por la corrupción rampante, la mala gestión económica y la presión del imperialismo estadounidense a favor de regímenes de derecha más flexibles.

La suerte de Morales ha ido disminuyendo a medida que los precios del gas natural han caído y el nivel de vida del pueblo boliviano se ha deteriorado. En agosto de 2010, una huelga de 19 días paralizó Potosí, una región rica en minerales. El año terminó con la eliminación de los subsidios al combustible, lo que generó presiones inflacionarias. La promoción por parte del gobierno de los intereses de los agronegocios a expensas de la población nativa del país también sirvió para alienar lo que había sido una base confiable para Morales.

El presidente Morales describió las protestas del jueves pasado como un fracaso, afirmando que no más de 5,000 personas participaron, claramente una subestimación de la hostilidad popular hacia su intento de permanecer en el poder.

Activistas, entre ellos UMSA (Universidad Mayor de San Andrés), maestros, personal médico, sindicatos y organizaciones indígenas, se manifestaron en la plaza Abaroa frente a la oficina nacional del TSE, enfrentándose a cientos de policías.

El Diario informó: “Los manifestantes arrojaron basura, huevos y petardos a las puertas del organismo electoral, y las tropas respondieron con gases lacrimógenos. "La policía se apoderó de la plaza, y por la tarde unos 300 soldados con equipo antidisturbios reforzaron el contingente".

Los bloqueos de carreteras lograron detener el 80 por ciento de la actividad económica en La Paz, afectando la banca privada, el comercio, los mercados, las universidades y otras actividades diarias.

El Alto, situado a nueve kilómetros de La Paz. Es la segunda ciudad más grande y un baluarte tradicional de la clase obrera boliviana. Marchas procedentes de todas partes de Bolivia convergieron en El Alto. Fueron recibidos con aplausos, agua y comida.

Según La Razón Digital, los manifestantes "dieron un plazo de 72 horas a los miembros del TSE, hasta el lunes, ... [para] descalificar la candidatura del presidente Evo Morales ... o de lo contrario iniciarían una huelga de hambre indefinida en toda Bolivia, acompañados por vigilias".

La protesta en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, generalmente un bastión de fuerzas anti Morales, fue grande, con el Comité Cívico Pro Santa Cruz llevando a la ciudad a un paro total. Los eventos incluyeron a manifestantes que bloqueaban carreteras y peleaban con miembros del partido gobernante, MAS.

Las protestas también tuvieron éxito en gran medida en el cierre de ocho ciudades principales: La Paz, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Beni.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de diciembre de 2018)