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Agentes federales liberan a más de 1,000 inmigrantes en El Paso, Texas

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han liberado a más de 1,000 inmigrantes en varios lugares del centro de El Paso, Texas durante los últimos cuatro días, en lo que parece ser un esfuerzo políticamente motivado para inundar la ciudad con personas pobres que necesitan refugio de emergencia, alimentos y atención médica, incluidos muchos cientos de niños como parte de grupos familiares, así como mujeres embarazadas.

Las liberaciones masivas comenzaron la noche del domingo, 23 de diciembre, cuando 200 inmigrantes centroamericanos fueron llevados a una estación de autobuses de Greyhound en el centro de El Paso, donde muchos de ellos intentaron abordar los autobuses, aunque no tenían dinero ni tiquetes. ICE no hizo provisiones para alimentos o refugio para los inmigrantes, aunque las temperaturas nocturnas en la ciudad estaban cerca de los 4 grados Centígrados. Finalmente, trajeron cuatro autobuses para albergar a los migrantes durante la noche, lo cual les dio un refugio con calefacción.

El lunes, otros 100 inmigrantes fueron liberados, y el día de Navidad casi 200 más en el centro de El Paso. Finalmente, el miércoles, más de 500 inmigrantes fueron liberados, aunque este lanzamiento fue coordinado con organizaciones benéficas y refugios en el área de El Paso los cuales estaban preparados para recibir la afluencia de refugiados. Los primeros tres lanzamientos fueron sin previo aviso, y las agencias de ayuda tuvieron que responder a la situación como una emergencia.

Un funcionario de ayuda para inmigrantes dijo a la prensa: “Casi la mitad de ellos eran niños, y algunos padres tenían más de un hijo con ellos”. El funcionario dijo que los migrantes querían “un lugar donde poder dormir, hacer llamadas telefónicas a sus contactos o familiares en otras partes del país. La mayoría de estas personas están en camino a otra parte del país. No se van a quedar aquí en El Paso. Quieren ir a ver a su patrocinador o miembros de su familia en otras partes del país. Sólo necesitan un lugar para pasar la noche.”

ICE emitió una declaración en respuesta a una investigación de CNN sobre las liberaciones, culpando a “décadas de inacción por parte del Congreso” y fallos judiciales desfavorables que le impidieron continuar deteniendo a todos los inmigrantes centroamericanos que ahora cruzan la frontera de México y Estados Unidos para buscar asilo. Una agencia de la rama ejecutiva solo participaría en una crítica pública tan extraordinaria de las ramas legislativa y judicial del gobierno si es autorizada por la Casa Blanca.

La declaración de ICE dijo que sus propios centros de detención en la región estaban llenos y que no tenía más alternativa que liberar a los grupos familiares ya que de lo contrario estarían retenidos más de los 20 días provistos bajo un decreto de consentimiento supervisado por la corte.

“Para mitigar el riesgo de mantener a las unidades familiares más allá del plazo asignado al gobierno, ICE ha reducido las revisiones de los planes posteriores a la liberación de las familias detenidas a lo largo de la frontera suroeste”, dice la declaración, sin referirse realmente a la ciudad de El Paso. “ICE continúa trabajando con funcionarios locales y estatales y socios (no gubernamentales) en el área para que estén preparados para brindar asistencia con el transporte u otros servicios”.

La finalidad de estos hechos en El Paso parecía tener motivaciones políticas, ya que la ciudad es una isla controlada por los demócratas en Texas, donde el Partido Republicano controla el gobierno y la legislatura estatales. El actual congresista de la ciudad, Beto O'Rourke, quien deja el cargo el 3 de enero, perdió una contienda por el escaño en el Senado de los Estados Unidos en Texas y ahora se está diciendo en los medios de comunicación que es un potencial retador del presidente Trump en 2020.

También es posible que los funcionarios de ICE estén respondiendo al resentimiento entre los oficiales de rango que no reciben sus pagos debido al cierre parcial del gobierno federal, pero que, sin embargo, están obligados a continuar trabajando —y a encarcelar y a detener a los inmigrantes cuando cruzan la frontera— porque han sido clasificados como “empleados indispensables”.

Todos los oficiales de asuntos públicos de ICE han sido suspendidos durante el cierre, por lo cual no está claro quién fue el responsable de elaborar la respuesta pública a la investigación de la prensa.

Si bien la nueva política en El Paso comenzó el domingo 23 de diciembre, un día antes de la muerte de un segundo niño refugiado centroamericano bajo la custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, está claro que las liberaciones masivas también reflejan la preocupación que más muertes infantiles provoquen una indignación popular generalizada en los Estados Unidos y desacrediten completamente la política de Trump de intensificar la persecución contra los inmigrantes.

Jakelin Caal Maquin, de siete años, murió el 8 de diciembre en un hospital de El Paso, dos días después que ella y su padre fueron detenidos por agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un cruce fronterizo de Nuevo México. Felipe Alonzo-Gómez, de ocho años, murió en El Paso el 24 de diciembre, una semana después de que él y su padre fueron detenidos por el CBP. Fueron alojados en instalaciones separadas y superpobladas y, en un momento dado, fueron trasladados al norte de Alamagordo, Nuevo México, antes que el niño enfermara, comenzara a tener fiebre alta, fuera llevado al hospital con insuficiencia respiratoria y muriera.

Los funcionarios de CBP anunciaron una serie de acciones en respuesta a las dos muertes, incluidas las revisiones médicas secundarias de todos los niños bajo custodia, con un enfoque en los niños menores de 10 años; evaluaciones de salud individuales para cada uno de los 700 niños bajo custodia en el área de El Paso; y una revisión de otros acuerdos de custodia para grupos familiares, incluidos los niños pequeños. Se están enviando médicos militares adicionales a la frontera para ayudar.

En otro esfuerzo por controlar los daños, la secretaria del Departamento de Seguridad Social, Kirstjen Nielsen, anunció que visitaría El Paso el viernes y las estaciones fronterizas cercanas. Pero Nielsen siguió culpando a los inmigrantes, no a las autoridades estadounidenses, por las muertes bajo custodia. “Una vez más, les pido a los padres que no pongan en riesgo a sus hijos en un viaje peligroso hacia el norte”, dijo.

Ha quedado en claro que política deliberada de la administración Trump —pese a las afirmaciones contrarias de los funcionarios federales— es infligir a los hijos de los inmigrantes las más brutales condiciones posibles con el propósito de disuadir a los padres y grupos familiares de intentar ingresar a Estados Unidos. Cuando Trump asumió el cargo, había poco más de 2,000 niños migrantes bajo custodia federal. Hoy en día, el sistema tiene 16,000 camas y, según el DHS, ahora están llenas. The Associated Press informó que hay casi 10,000 niños migrantes detenidos en grandes instalaciones y éstas albergan simultáneamente 100 o más niños.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de diciembre de 2018)

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