La huelga de 47 días de los médicos bolivianos llegó a su fin cuando el presidente Hugo Morales dijo que mandaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que su partido Movimiento Al Socialismo (MAS) controla, la derogatoria de los artículos 205 y 137 del código penal.

El primero tenía como fin criminalizar a los médicos por “daño a la salud o integridad física por mala práctica” que contemplaba penas incluso de cárcel. Similarmente, el artículo 137 criminalizaba a los transportistas en casos de accidentes en las carreteras.

Los médicos llegaron a un acuerdo con el gobierno que contempla la creación de una entidad de arbitraje para resolver los conflictos por mala práctica.

La huelga médica gano fuerza con el paro de 48 horas el 3 y 4 de enero liderado por los empleados del sector salud contra la implementación del nuevo Sistema Único de Salud (SUS) vio a miles de bolivianos marchando por las calles de las principales ciudades. La policía uso gases lacrimógenos en un intento de dispersa a los manifestantes.

Consciente de la creciente oposición del pueblo boliviano y la amenaza de extender las huelgas a 72 horas o incluso indefinidamente, Evo Morales no tuvo otra salida más que dar marcha atrás.

La huelga de los médicos coincidió con las continuas protestas por la decisión adoptada en diciembre de 2018 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de anular los resultados de un referéndum popular el 21 de febrero de 2016, conocido como 21F, que negó a Evo Morales el derecho a postularse para un cuarto mandato presidencial en las elecciones de este año.

Los médicos dicen que el SUS, tal como ha sido diseñado por el gobierno, no es sostenible. Para que el sistema funcione adecuadamente los médicos han planteado tres demanda: Un presupuesto para la salud en PIB del 3 por ciento propuesto por el gobierno al 10 por ciento, lo que daría sostenibilidad al Sistema Único de Salud; un compromiso escrito por parte del Gobierno, sobre las tres peticiones: Infraestructura y equipamiento, incremento del presupuesto para la salud y médicos especialistas; y el pago por parte del gobierno de Bs. 200 millones (US $ 28 millones) que adeuda a los hospitales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz por servicios médicos no pagados.

Pero durante el tiempo que duró la huelga los médicos no dejaron de atender a los pacientes más graves. Sin embargo, se estima que se suspendieron 10 mil cirugías y 800 mil consultas.

Médicos, enfermeras y técnicos de salud en sus batas blancas de laboratorio, acompañados por estudiantes universitarios, se enfrentaron a la policía disparando gases lacrimógenos. Los manifestantes quemaron neumáticos y troncos de árboles en los caminos y plazas de La Paz.

Estudiantes de la Universidad de San Andrés marcharon por las calles de Santa Cruz. En esa ciudad, cuna de la derecha boliviana, la multitud se hizo cargo de las instalaciones del TSE y las quemó, y destruyó la fachada del Palacio de Justicia, con frecuentes marchas y enfrentamientos con la policía.

Los entrevistados por el programa de noticias en línea "En Directo" revelaron que la policía disparó latas de gas lacrimógeno dirigidas directamente a los manifestantes. Como resultado, un manifestante sufrió múltiples fracturas en su pierna. Otro sufrió heridas en el pie y un tercero un brazo roto.

"En Directo" entrevistó a una líder de las protestas, Ruth Aguilera, y a un representante del MAS, Rolando Cuellar.

Aguilera dijo: “Los médicos están acusados de ser asesinos, criminales. No fuimos a la universidad para aprender a matar, sino para salvar vidas... He estado en servicio por 27 años. Trabajo en San Luis, atendemos nacimientos. Solo somos un doctor y una enfermera. No hay instalaciones, ni medicamentos, ni personal. Cuando nace un niño, le pedimos a la madre que compre una bolsa negra para colocar la placenta. ... Ahora nos quieren mandar a la cárcel. También amenazan con quitarnos nuestra licencia médica. ¿Qué mensaje enviamos a los jóvenes que estudian medicina? ¿Es mejor ser un cocalero o un narco? "

El representante de MAS, Cuellar, respondió con arrogancia: “Ponte [a ti mismo] en los zapatos de las personas que van al hospital y vete con un hijo muerto. Son dictadores, dejan a las familias en luto, niños huérfanos. El artículo 205 contempla hasta cuatro años de prisión, pero debería ser de 30 años”. Añadió descaradamente: "La gente gobierna. No son médicos, son socarios”.

La huelga de los médicos es una expresión del gran problema de la pobreza generalizada en Bolivia y el giro continuo del gobierno del MAS hacia la derecha.

Bolivia es el país más pobre de América del Sur a pesar de los primeros años de auge económico que favorecieron los primeros dos mandatos de Morales, con una alta demanda y precios de hidrocarburos y condiciones favorables para la venta de gas boliviano al gobierno del presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva. Estos términos no se renovarán cuando expiren a fines de 2019, dadas las políticas descritas por el nuevo presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro.

Un estudio reciente del FMI concluye que Bolivia tiene la tasa más alta de mano de obra informal en el planeta, con un 62,3 por ciento, seguida de Zimbabue, con un 60,6 por ciento.

Cualesquiera que sean las reformas que Morales persiguió al comienzo de su largo mandato como presidente, estas están siendo desafiadas por la recesión económica mundial. Lo que prevalece hoy en Bolivia, según el FMI, es “más subcontratación y empleos temporales sin seguridad social”.

Según el Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Laboral (CEDAL), "80-85 por ciento de los empleos son precarios, 60 por ciento son extremadamente precarios". La situación para los jóvenes es más frágil. En la ciudad de El Alto en 2013, el 97 por ciento era precario, y el 70 por ciento era extremadamente precario”. El informe continuó:" En La Paz, el 93 por ciento de los jóvenes trabajan en condiciones precarias”.

Morales, el primer presidente sudamericano de origen nativo, ganó sus dos últimas elecciones con casi el 65 por ciento de los votos. Hoy su índice de aprobación es poco más del 40 por ciento.

Morales y MAS anularon los resultados del referéndum de 2016 y los límites de dos mandatos consecutivos impuestos por la Constitución boliviana al invocar cínicamente las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, argumentando que negar al presidente el derecho a postularse para un cuarto mandato violaría su condición de derechos humanos.

Los periódicos bolivianos están empezando a especular sobre posibles alianzas para derrotar al MAS con Evo Morales como candidato del partido en las elecciones de octubre de 2019.

En tres semanas, el TSE celebrará elecciones primarias para que cada partido seleccione a sus candidato a presidente y vicepresidente. Muchos lo consideran un ejercicio inútil, ya que no hay concursos reales en ninguna de los partidos.

Potenciales postulantes contra Morales y MAS está el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, líder de la coalición de derecha conocida como Movimiento Democrático Social (MDS) o Union Democrática (UD). Tiene sus orígenes en la brutal dictadura del general Hugo Banzer e incluye partidos como los Verdes y otras organizaciones ambientalistas.

También se postularía el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), cuyo candidato presidencial sería Carlos Mesa (quien fue presidente desde 2003 hasta 2005, cuando se vio obligado a renunciar por protestas populares masivas). Este frente electoral está compuesto por los llamados partidos burgueses de centroizquierda, el MNR y el MIR, así como secciones de la principal federación sindical del país, la COB, cuyas diversas facciones están determinadas a subordinar las luchas de la clase obrera boliviana, ya sea al MAS gobernante o los partidos políticos burgueses que se oponen.

(Publicado originalmente el 8 de enero de 2018)