La Policía Nacional bajo el control directo del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) arrestó a 16 activistas independentistas catalanes el miércoles pasado en la ciudad de Girona.

Los arrestos marcan un mayor desplazamiento del PSOE hacia la derecha. Los llevaron a cabo tras el resultado impactante del mes pasado de las elecciones en Andalucía, en las que el partido fue desbancado después de 36 años de gobierno, y sucedieron el mismo día en que asumía en la región un gobierno de coalición entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, apoyado por el partido fascista Vox.

Los tres partidos derechistas han estado exigiendo una acción más enérgica contra los independentistas catalanes, incluyendo la prohibición de los principales partidos nacionalistas —el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la mucho más pequeña Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Condenaron al presidente del gobierno Pedro Sánchez por hablar con el gobierno catalán y le dijeron que tomara el control directo de la región, como hizo el gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2017, con el apoyo de Sánchez, invocando de nuevo el artículo 155 de la constitución española de 1978.

Los arrestos ilegales y antidemocráticos fueron concebidos para intimidar y aislar a los nacionalistas más radicales, que siguen agitando a favor de la separación de Cataluña de España. Tienen el objetivo de presionar a los dos principales partidos nacionalistas para terminar con todas las conversaciones de revivir el proceso independentista y se conformen con una financiación mayor y más autonomía para la región. Entre los arrestados durante las redadas de la policía estaban un sobrino del presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, dos alcaldes locales de la CUP y miembros de los Comités para la Defensa de la República (CDRs), la Asamblea Nacional Catalana (ANC), La Forja (una organización juvenil independentista vinculada a la CUP) y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC).

Todos ellos fueron arrestados en conexión con los acontecimientos del primero de octubre de 2018, cuando unas 400 personas bloquearon vías del tren de alta velocidad AVE en Girona por unas dos horas para conmemorar el primer aniversario del referéndum por la independencia catalana.

Los arrestos fueron llevados a cabo a iniciativa de la Brigada de Información de la Policía Nacional española. Se hizo sin la autoridad necesaria del juez del Tribunal Criminal de Girona, que está investigando los supuestos delitos de desorden de ese día, ni la implicación de la policía regional catalana, los Mossos, que es la organización responsable de los asuntos de orden público.

Como si fuera una operación antiterrorista, policías de paisano con pasamontañas se abalanzaron sobre los individuos y se los llevaron en coches sin matrícula. El alcalde de la CUP, Ignacio Sabater, fue derivado a un centro de salud debido a lesiones sufridas durante el arresto.

Los arrestados fueron interrogados sobre su participación en los acontecimientos y se les pidió que identificaran a individuos en fotografías antes de ser liberados.

El abogado Benet Salellas, que representa a dos alcaldes de la CUP, le dijo a La Directa que “la operación no parece justificada porque no ha habido citas previas [solicitadas por la policía], el delito no es lo suficientemente serio y los detenidos tienen direcciones conocidas”. A Salellas se le negó el acceso a sus clientes “hasta que se dirigieran a los funcionarios en castellano”, una clara violación de la ley.

Un reportero gráfico arrestado, Carles Palacio, que trabaja para varios periódicos proindependentistas, le explicó a la policía que él estaba claramente trabajando en la foto que se le mostró, lo cual era evidente por el brazalete de color naranja que indica que es de un medio y por su cámara. Palacio fue arrestado después de cubrir los arrestos de ese día y mientras salía de un café junto a un conocido colega reportero gráfico catalán y experto en movimientos ultraderechistas, Jordi Borràs.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) advirtió de que la movilización estatal contra los independentistas estaba siendo utilizada como un pretexto para construir un régimen de Estado policial, que inevitablemente pasaría a poner en su mira la creciente militancia y las huelgas de la clase trabajadora. El año nuevo ha sido recibido por las grandes corporaciones con anuncios de despidos masivos en los meses venideros, incluyendo a Vodafone, Santander, CaixaBank, Naturgy, LiberBank, Bankinter, Unicaja, Ikea, H & M, Land Rover y Ford.

El PSOE y Sánchez están más que dispuestos no solo a acceder a la demanda de intensificar la represión en Cataluña, sino también a volverse despiadadamente contra toda la clase trabajadora española. Después de las elecciones en Andalucía, la candidata regional del PSOE Susana Díaz culpó cínicamente de su derrota a la falta de “críticas a Cataluña” durante su campaña. El presidente regional de Castilla-La Mancha del PSOE, Emiliano García-Page, planteó la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentistas. La semana pasada, una moción propuesta por el PP en el parlamento regional de Extremadura —exigiendo que se suspenda de nuevo el gobierno autonómico catalán y una “firme” y “amplia” aplicación del artículo 155— fue aprobada con el apoyo del PSOE.

Agitando el palo de los arrestos y las persecuciones, Sánchez también está usando la amenaza de un posible éxito del PP-Ciudadanos-Vox en las elecciones europeas de mayo y las elecciones generales de 2020 para engatusar a los nacionalistas catalanes para que den su acuerdo al proyecto de presupuesto para 2019. Como zanahoria ofreció un aumento significativo en el gasto para Cataluña —más de €2 mil millones del gobierno central, más otros €200 millones para infraestructura.

Si los nacionalistas no apoyan los presupuestos, Sánchez ha amenazado con convocar elecciones anticipadas, lo que podría llevar al poder a un gobierno de coalición de derechas comprometido con la suspensión de la autonomía catalana. En tales elecciones, el PSOE culparía a los nacionalistas catalanes por negarse a respaldar unos presupuestos que incluían aumentos limitados para el gasto social.

Hasta la fecha, el PDeCAT y ERC se han negado a apoyar los presupuestos, citando el inminente juicio de los 18 dirigentes independentistas catalanes acusados de rebelión y sedición por su papel en la organización del referéndum independentista catalán del primero de octubre de 2017. Nueve de los 18 presos políticos catalanes siguen en la cárcel, incluyendo al exvicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, el exconsejero de exteriores Raul Romeva y el exconsejero del interior Joaquim Forn.

La fiscalía ha solicitado una sentencia de un total conjunto de 177 años de cárcel, incluyendo 25 años para Junqueras, la sentencia individual propuesta más larga. La semana pasada, el Tribunal Supremo ordenó que los nueve fueran derivados desde las prisiones catalanas hacia Madrid antes de fines de enero.

Sin embargo, a pesar de su intransigencia pública acerca de la suerte de sus exdirigentes, el vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragones, y la portavoz, Elsa Artadi, se reunieron con la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, en Madrid para proseguir las conversaciones sobre el futuro de la región que iniciara Sánchez. Aceptaron mantener “un diálogo efectivo que lleve a una propuesta política que tenga amplio apoyo en la sociedad catalana”.

Que el bando independentista catalán moderado está dispuesto a sacrificar a su ala radical —la CUP, los CDRs e incluso elementos de la ANC— quedó patente con su respuesta muda a los arrestos. El gobierno catalán anunció que solo “presentaría una queja contra las acciones de la policía”, diciendo que los arrestos son ilegales porque no los ordenó un tribunal.

Hay una amplia oposición al desplazamiento hacia la derecha de la política española y al ataque a los derechos democráticos que ha resultado en una polarización profunda en el país. Pero la oposición desde la izquierda al PSOE y al PP es contenida por el papel reaccionario que desempeña Podemos al apoyar al gobierno del PSOE y promover a Sánchez como un político progresista. El secretario general de Podemos Pablo Iglesias no esconde sus esperanzas de lograr una alianza permanente entre Podemos y el PSOE en el gobierno.

Como el CICI advirtió en su declaración “¡Oponerse a la represión estatal sobre el referéndum independentista de Cataluña!” en vísperas de la votación de 2017, “La crisis catalana ha expuesto una vez más el papel reaccionario de Podemos. … Podemos sigue exigiendo una alianza con el PSOE, aunque el PSOE apoye la represión del PP en Cataluña”.

El CICI advertía de que Podemos estaba “señalándole a la clase gobernante que también está disponible para formar un gobierno alternativo. … Tal gobierno, si se formara, no ofrecería alternativas al rumbo hacia la dictadura y la austeridad que actualmente está siguiendo el PP”.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de enero de 2019)