El 18 de enero, un juez federal emitió un veredicto de culpabilidad contra cuatro voluntarios de la organización humanitaria No More Deaths (No Más Muertes, NMD) por sus acciones en el Refugio de Vida Silvestre Cabeza Prieta en el suroeste de Arizona a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos, hace un año y medio. El fallo del juez Bernardo Velasco marca la primera condena de voluntarios de ayuda humanitaria en los Estados Unidos en una década.

Las voluntarias—Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco-McCormick—fueron declaradas culpables de delitos menores relacionados con ingresar a un refugio de vida silvestre sin permiso y dejar allí “propiedad personal”. Esto último se refiere a artículos para suplir las necesidades básicas para salvar vidas, tales como comida, agua y otros objetos pequeños dejados por los voluntarios para asegurar que los migrantes sobrevivan el peligroso cruce del desierto.

Cada uno de los cuatro voluntarios enfrenta una sentencia de hasta seis meses en prisión, junto con una posible multa de $500 dólares. Otros cuatro voluntarios de NMD están programados para ir a juicio a fines de este mes por cargos similares. El noveno voluntario, Scott Warren, enfrentará un juicio en mayo por delitos mayores, incluido el albergue y ocultamiento, por presuntamente proporcionar alimentos, agua, ropa limpia y camas a dos inmigrantes indocumentados el año pasado. Si es declarado culpable y condenado a penas consecutivas, Warren podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

NMD ha lanzado una campaña para exigir que el Departamento de Justicia libere a los acusados por razones humanitarias.

En tanto que los voluntarios de NMD no están hablando con los medios mientras se llevan a cabo los procesos judiciales, los reporteros de WSWS pudieron hablar con Enrique Morones, director de Border Angels, una organización hermana del grupo. Border Angels ha estado proporcionando ayuda humanitaria a los migrantes en la región fronteriza de Estados Unidos y México de San Diego, California, desde 1986.

“La Patrulla Fronteriza [CBP] estaba muy molesta cuando NMD publicó un video de sus agentes destruyendo botellas de agua”, dijo Morones.

“Creo que esta [demanda] responde directamente a dos cosas—la retórica de odio de la administración de Trump y el video que expuso a estos agentes de la Patrulla Fronteriza. Hemos estado apoyando a NMD y exigimos que los acusados sean liberados”.

“Lo que están tratando de hacer es intimidarnos. La Patrulla Fronteriza nos ha abordado antes—preguntándonos qué estamos haciendo, si tenemos un permiso, etc.—y les decimos que hemos estado haciendo esto durante más de 20 años y que vamos a seguir haciéndolo. Estamos indignados y prestando atención”.

En junio de 2017, la Patrulla Fronteriza allanó un campamento de ayuda humanitaria de NMD en las afueras de Arivaca, Arizona, y arrestó a cuatro pacientes que recibían atención médica. Una segunda redada de la Patrulla Fronteriza se llevó a cabo en enero de 2018, en la base de ayuda humanitaria de NMD en Ajo, Arizona, en donde dos personas que estaban recibiendo ayuda humanitaria fueron arrestadas junto con Scott Warren.

En un comunicado publicado a principios de este mes, Parker Deighan, uno de los acusados llamados #Cabeza9, detalló que “el remoto terreno estaba siendo armado contra las personas que cruzan la frontera, muchos de los cuales huyen de la pobreza y la violencia. Más específicamente desde mediados de la década de 1990, la estrategia de control de la frontera de los Estados Unidos, ha consistido en concentrar fuerzas para el cumplimiento de la ley en gran medida en las zonas urbanas donde las personas tradicionalmente han cruzado, lo cual intencionalmente canaliza a los migrantes a terrenos remotos y peligrosos, como Cabeza Prieta”.

El aumento del uso de los cruces más peligrosos, en particular a lo largo de la frontera suroeste, es el producto de una estrategia deliberada adoptada por la Patrulla Fronteriza—tanto en los gobiernos demócrata como republicano—para utilizar el terreno hostil como un medio para matar a un mayor número de migrantes que perecen en el desierto abrasador y desalentar a otros para cruzarlo.

En lugar de aceptar y procesar las solicitudes de asilo de conformidad con el derecho internacional, el enfoque del gobierno de los Estados Unidos en la militarización de la frontera ha servido para desviar a los migrantes, llevándolos a un terreno inhabitable y a un territorio controlado por los sindicatos del crimen organizado y las milicias de derecha. Esto solamente ha empeorado con los esfuerzos de la administración Trump para construir el muro fronterizo, mientras se incrementa la militarización de las zonas de frontera en general.

A fines del mes pasado, los funcionarios del Pentágono confirmaron el despliegue de 3,750 soldados adicionales en la frontera de los Estados Unidos y México, continuando con la acumulación de fuerzas represivas dirigidas contra inmigrantes indefensos y refugiados que buscan asilo en los Estados Unidos.

Bajo los contextos fraudulentos de amenaza terrorista y la afluencia de drogas a los Estados Unidos, los demócratas han restado importancia a la movilización de los militares en territorio estadounidense como truco político, y se niegan a reconocer que la medida viola la ley Posse Comitatus que prohíbe que la fuerza militar realice funciones de policía doméstica.

La declaración del presidente Trump ayer de una emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos con México, significará más miles de millones de dólares en fondos para la movilización de tropas estadounidenses para edificar y fortalecer la estructura de muchas millas de muro fronterizo.

Estas medidas solo exacerbarán la crisis humanitaria de las muertes de migrantes en los desiertos a lo largo de la frontera. Entre el 2000 y el 2016, la CBP descubrió los restos de 6,023 personas que murieron al cruzar de México a los Estados Unidos. Un sheriff de Texas informó en mayo de 2017 al New York Times que “diría que por cada [cuerpo] que encontramos, probablemente nos faltan cinco”, colocando el total de muertos en decenas de miles.

La declaración del estado de emergencia y la movilización de tropas en servicio activo coincide con el trato abusivo de decenas de miles de inmigrantes detenidos en las instalaciones de ICE y CBP en los Estados Unidos y con compañías de miles de millones de dólares que obtienen enormes ganancias explotando estos modernos campos de concentración.

En este contexto, el enjuiciamiento de los voluntarios de NMD demuestra otro paso en la destrucción de los derechos democráticos en la sistemática criminalización de individuos y grupos que intentan proporcionar ayuda para salvar vidas a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La administración de Trump está tratando de hacer de Scott Warren un ejemplo por los cargos de albergar a inmigrantes que cruzan la frontera. Tal ataque encuentra paralelos históricos en la persecución de simpatizantes por albergar a judíos durante el Holocausto.

La represión es parte de los esfuerzos de la administración para alentar el chovinismo nacional y evitar una unificación internacional de la clase trabajadora. El objetivo principal de tales medidas es la valiente huelga de los trabajadores de las fábricas maquiladoras en Matamoros, México, y la unidad de los trabajadores en toda América del Norte y todas las fronteras.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2019)