La proclamación de un estado de excepción nacional a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos es un ataque directo a las normas constitucionales y derechos democráticos en el país. Es la primera vez en la historia estadounidense en que un presidente busca usurpar la prerrogativa constitucional del Congreso de decidir cómo gastar el tesoro público.

El texto actual de esta proclamación, emitida por la Casa Blanca el viernes en la tarde, confirma que Trump pretende completar la construcción de un muro en la frontera con México principalmente a través del ejército estadounidense y los vastos recursos del Pentágono. Después de describir la situación en la frontera como una que “pone en peligro intereses centrales de la seguridad nacional” por ser “un importante punto de entrada para criminales, miembros de pandillas y narcóticos ilegales”, el documento señala: “Dada la gravedad de la situación actual de emergencia, es necesario que las Fuerzas Armadas provean un apoyo adicional para enfrentar esta crisis”.

La proclamación invoca la sección 12302 del título 10, Código de los Estados Unidos, parte de una ley de 1953 que autoriza al secretario de Defensa a movilizar hasta un millón de reservistas por un periodo de hasta 24 meses. Esta sección ha sido empleada para el despliegue de reservas en Irak y Afganistán y fue invocado por el presidente George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En otras palabras, Trump intenta tratar la frontera entre EUA y México como un gran campo de batalla, calificando a los inmigrantes y refugiados de “invasores” que atentan contra los Estados Unidos.

Asimismo, Trump invocó la sección 2808 del título 10 que autoriza al Pentágono realizar construcciones en apoyo a operaciones militares. Esto se había entendido previamente como cuarteles, fuertes, pistas de aterrizaje, caminos, campos para prisioneros de guerra y otras instalaciones requeridas por el ejército durante operaciones activas de combate. El muro en la frontera con México será asignado la misma necesidad militar.

La directiva existente de Trump al titular del Pentágono, en este caso el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, lo autoriza para “ordenar el servicio activo del número de unidades o miembros de la Reserva Preparada que el secretario considere apropiado”. Además, los secretarios de Defensa, Interior y Seguridad Nacional están ordenados a tomar “todas las acciones apropiadas… para utilizar y apoyar el uso de las autoridades aquí invocadas, incluidas, de ser necesario, la transferencia y la toma de jurisdicción sobre territorios fronterizos”.

Esta es una entrega de autoridad sumamente amplia para el Pentágono que equivale a la completa militarización de la frontera entre EUA y México.

La declaratoria de emergencia nacional permite al presidente invocar un total de 136 estatutos de poder distintos, solo 13 de los cuales requieren que intervenga el Congreso. Esto significa que el Ejecutivo puede disponer de 123 de estas facultades sin necesitar una aprobación del Congreso. Estos poderes van de suspender leyes que regulan el uso de armas químicas y biológicas a permitir la conscripción de oficiales militares retirados para servicios de emergencia.

Esta orden es una violación flagrante de la Ley Posse Comitatus, la cual prohíbe al ejército estadounidense participar en operaciones policiales dentro de las fronteras de Estados Unidos. Para encubrir esta ilegalidad, la orden de Trump indica que los militares están operando “para asistir y apoyar las actividades de la secretaria de Seguridad Nacional en la frontera sur”.

De forma aún más fundamental, la orden de Trump desafía directamente la Constitución de EUA. El artículo 1, sección 9 e inciso 7 de la Constitución declara: “Ninguna cantidad podrá extraerse del tesoro si no es como consecuencia de asignaciones autorizadas por la ley…”. Este lenguaje jurídico ha sido interpretado sin excepción en que el poder legislativo posee el “poder de la bolsa” y que la rama ejecutiva (que incluye el Tesoro) solo puede asignar dinero según lo autorizado por el Congreso.

Tan recientemente como el 2014, los legisladores republicanos denunciaron al Gobierno de Obama, alegando que estaba pagando fondos bajo el programa de Obamacare a las empresas aseguradoras en la forma de “reducción por cofinanciación de gastos”, algo que no había sido aprobado por el Congreso. A pesar de que el Congreso, en ese momento bajo control demócrata, había indicado su clara intención de autorizar dichos pagos, el lenguaje en sí del proyecto de ley no incluía tal disposición. Las cortes federales aprobaron la demanda republicana y eliminaron los pagos.

Un líder republicano de la Cámara de Representantes, Greg Walden de Oregon, afirmó en ese momento que “El principio en cuestión es la separación de poderes, las facultades constitucionales de que el Congreso se apropia del dinero”. Ahora, se espera que la mayoría de los congresistas republicanos apoyen la acción de Trump como un desafío flagrante a la separación de poderes.

Los líderes demócratas en el Congreso llamaron la declaración de una emergencia por parte de Trump “ilegal”. Una declaración conjunta de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, declararon: “Las acciones del presidente infringen claramente el poder exclusivo de Congreso sobre la bolsa que nuestros Fundadores consagraron en la Constitución”.

“El presidente no está encima de la ley”, añadieron Pelosi y Schumer. “El Congreso no puede dejar que el presidente desmenuce la Constitución”.

Pero eso es precisamente lo que está a punto de ocurrir. La Cámara de Representantes podría pasar una resolución de desacuerdo que tendrá 18 días para aprobarse en el Senado. Incluso si unos seis senadores republicanos apoyan su aprobación, el presidente Trump la vetará. Posteriormente, se necesitará una improbable mayoría de dos terceras partes en ambas cámaras para invalidar el veto.

Ni Pelosi, Schumer ni otro legislador demócrata ha sugerido que la acción de Trump merita un juicio político o que el presidente debe ser depuesto de su cargo por violar flagrantemente su investidura habiendo prestado juramento de respetar y defender la Constitución de EUA. En cambio, han sugerido demandas legales que, en última instancia, resultarían en una decisión de la Corte Suprema, donde hay una mayoría de cinco magistrados ultraderechistas, incluso dos de hechos nombrados por el mismo Trump.

Durante su incoherente conferencia de prensa el viernes en la que anunció que firmó la declaratoria de una emergencia nacional, Trump presumió de un eventual triunfo en la Corte Suprema. Expresó su odio hacia los oponentes del muro fronterizo, prediciendo que recibirían decisiones favorables en las cortes distritales y de apelaciones, pero que esto lo anularía la Corte Suprema, como ocurrió con el litigio sobre su veto al ingreso de viajantes musulmanes en Estados Unidos.

La decisión de los demócratas de asignar $1,375 mil millones para la restauración y construcción del muro fronterizo, incorporada en el proyecto de ley de financiamiento federal que Trump aceptó firmar en ley, fortalece la posición legal de Trump. Sus abogados presentarán el argumento que el Congreso ya aceptó construir el muro y que el único desacuerdo es en cuan rápido hacerlo y que las cortes deben diferir su juramento al “comandante en jefe” al ser una cuestión de “seguridad nacional”.

La rueda de prensa de Trump estuvo en gran parte dedicada a ataques fascistizantes contra los inmigrantes y solicitantes de asilo, retratándolos como una fuerza invasora hostil que lleva consigo drogas, crimen y terrorismo hacia Estados Unidos. En una nota particularmente ominosa, aplaudió las políticas antinarcóticos de la dictadura estalinista china, la cual ejecuta regularmente a los prisioneros acusados de traficar drogas. El mandatario estadounidense sugirió que estos métodos tan bárbaros han permitido que China “resuelva” su problema de drogas. La declaración de emergencia de Trump es un paso hacia tal “solución final” en el ámbito de la inmigración.

Este lenguaje nunca ha sido utilizado por un presidente estadounidense antes, pero se acerca a otro favorito de Trump, el presidente Duterte en Filipinas, cuyos escuadrones de la muerte policiales han masacrado a miles de residentes de los barrios marginales de clase obrera acusándolos de ser “traficantes de drogas”.

Cuando se hacen comentarios como estos en el Rose Garden, el jardín de la Casa Blanca, es algo inequívoco que Estados Unidos está tambaleándose al borde de la dictadura. Existe una brecha colosal entre la seriedad y urgencia de este peligro y la complaciente respuesta de los demócratas y la prensa.

Los demócratas, quienes se han dedicado intransigentemente a promover al ejército y a las agencias de inteligencia en su conflicto faccional con Trump, están más preocupados sobre prevenir cualquier movilización de la clase obrera contra las medidas autoritarias de Trump de lo que les inquietan sus diferencias tácticas con la Casa Blanca.

Lo que ocurre en Estados Unidos es parte de un proceso internacional. Bajo el peso de la crisis global económica del capitalismo y los enfrentamientos cada vez más violentos e imprudentes entre las mayores potencias —encabezados por Estados Unidos— las formas democráticas de gobierno se están derrumbando. Este proceso se acelera ante todo por el recrudecimiento de las tensiones sociales dentro de cada país capitalista, a medida que la desigualdad económica y social llega a niveles nunca vistos.

En estas condiciones, la clase obrera no puede buscar que ninguna sección de la élite capitalista gobernante y sus grupos de poder políticos —incluyendo el Partido Demócrata en Estados Unidos— defiendan los derechos democráticos. Esta tarea exige la construcción de un movimiento político independiente de la clase obrera, ya expresado en forma incipiente en la ola expansiva de huelgas por todo el mundo. El Partido Socialista por la Igualdad y el WSWS luchan por desarrollar este movimiento obrero y convertirlo en una lucha políticamente consciente por un programa socialista e internacionalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2019)