El lunes, el presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial que orden a Kevin McAleenan, el secretario interino de seguridad nacional, y al fiscal general William Barr que imponga nuevas restricciones y ataques a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las medidas antidemocráticas e ilegales propuestas por Trump incluyen obligar a los solicitantes a pagar las tasas de solicitud de asilo, imponer nuevas restricciones a los permisos de trabajo y exigir que todos los casos de asilo se resuelvan en un plazo de 180 días. El atraso actual de los casos asciende a más de 800,000, con un tiempo de espera promedio de casi dos años.

El memorándum también obliga a los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos sin autorización para recibir permisos de trabajo hasta que se resuelvan sus reclamos.

El memorando allana el camino para que los policías de la Patrulla Fronteriza reemplacen a los oficiales de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en el proceso inicial de entrevista de miedo creíble. Estas entrevistas se llevan a cabo para determinar si los temores de lesiones o muerte de los migrantes en sus países de origen son creíbles, lo que les permite proceder y presentar sus casos de asilo ante un juez de inmigración.

Según informes, Trump ha expresado enojo y frustración por la proporción relativamente alta de solicitantes de asilo que superan este obstáculo inicial. Él respalda la recomendación de su asesor de inmigración fascista Stephen Miller de que los oficiales de asilo que actualmente realizan las entrevistas sean reemplazados por policías fronterizos, quienes tendrán más probabilidades de impedir que los refugiados procedan con sus reclamos.

De acuerdo con sus denuncias de trabajadores empobrecidos que huyen de la violencia y la represión en sus países de origen como "invasores" y "estafadores" que supuestamente juegan con el sistema, Trump dijo en el memorando: "El propósito de este memorando es fortalecer los procedimientos de asilo para salvaguardar nuestro sistema contra el abuso desenfrenado de nuestro proceso de asilo".

Las directivas en el memorando están obligadas a su promulgación 90 días después de la emisión de la orden.

El objetivo de estas propuestas, que violan las leyes y protocolos de asilo internacional y nacional, es virtualmente poner fin a la inmigración en los Estados Unidos por la frontera entre México y Estados Unidos. El memorándum sigue una larga línea de ataques contra inmigrantes, incluidas las separaciones familiares, la construcción de una red de centros de detención para inmigrantes, lo que frena deliberadamente el proceso de aceptación de solicitudes de asilo en los puertos de entrada a un rastreo, desplegando tropas en servicio activo en la frontera, y declarando una emergencia nacional para asignar fondos del Pentágono, desafiando al Congreso, y movilizando a los militares para construir un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos.

A principios de este mes, Trump llevó a cabo una purga de altos funcionarios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), porque, como dijo a los reporteros, "Queremos ir en una dirección más dura". Los despidos incluyeron el despido de la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, quien había implementado todos los ataques del gobierno contra los derechos de los inmigrantes, pero se había negado a reanudar la separación forzosa de los niños inmigrantes de sus padres y tomar medidas que viola directamente la ley.

El mismo día en que firmó el memorando de asilo, Trump tuitió: "Los coyotes y los cárteles de las drogas tienen el control total de la parte de México de la frontera sur ... Tienen laboratorios cercanos donde fabrican drogas para vender en los Estados Unidos. México, uno de los países más peligrosos del mundo, debe erradicar este problema ahora. Además, ALTO A LA MARCHA A EUA".

También el lunes, el Departamento de Defensa anunció que el secretario interino de Defensa Patrick Shanahan había aprobado una solicitud del DHS para que los militares enviaran 320 soldados adicionales a la frontera sur, lo que se suma a los más de 6,000 que ya existen en lo que se ha convertido en un ejército con presencia permanente.

El Partido Demócrata ha facilitado la escalada campaña antiinmigrante de la administración mediante una combinación de silencio y complicidad. En las últimas semanas se ha movido más a la derecha, adaptándose más directa y abiertamente a las políticas antiinmigrantes de Trump.

Ahora se hace eco de la conversación de la Casa Blanca sobre una "crisis" en la frontera que exige medidas extraordinarias. De hecho, la llamada "crisis" es el resultado de las políticas contra el asilo de Trump, que han obligado a los refugiados desesperados a cruzar la frontera en áreas más remotas para que puedan entregarse a la policía fronteriza y solicitar refugio en los EUA. Esto se combina con las condiciones sociales y políticas catastróficas en Centroamérica causadas por un siglo de intervenciones imperialistas de Estados Unidos, golpes de estado, escuadrones de la muerte formados por la CIA y dictaduras respaldadas por Estados Unidos, por medio de las cuales la clase dominante de los Estados Unidos ha explotado económicamente la región y su población trabajadora.

En los últimos días, el comentarista del New York Times Thomas Friedman ha escrito una columna que respalda el muro fronterizo de Trump y su demanda de un sistema de inmigración "basado en el mérito" y Bernie Sanders ha denunciado las "fronteras abiertas" y advirtió sobre una avalancha de personas empobrecidas que ingresan al Estados Unidos, supuestamente amenazando los empleos y salarios de los trabajadores estadounidenses.

El martes, un día después del ataque de Trump al derecho de asilo, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, se reunieron a puerta cerrada con Trump y emergieron para elogiar la reunión como "productiva" y reiterar su entusiasmo por trabajar con los Casa Blanca. Hablando con los reporteros, no dijeron ni una palabra sobre el memorando de asilo de Trump o cualquier otro aspecto de su política antiinmigrante.

En respuesta al memorando de Trump, James Davis, un abogado de inmigración de Immigration Legal Services de Chula Vista, California, dijo al World Socialist Web Site que "lo que están tratando de hacer es cerrar las puertas".

Continuó: "Temo que a las personas simplemente se les niegue sin un proceso justo. No quieren que se procesen tantas entrevistas de miedo creíble", a pesar de que "casi siempre se les niegan".

Davis agregó: "Estas personas no tienen dinero. Cobrar una tarifa de asilo es una manera de evitar que las personas puedan solicitar asilo. La mayoría de los solicitantes de asilo han dejado todo atrás y vienen sin nada. Las condiciones de las que huyen se han vuelto tan malas que abandonan su hogar, su trabajo, todas sus pertenencias, excepto lo que pueden llevar sobre sus espaldas.

“Hay muchos casos en que las mujeres, por ejemplo, han sido obligadas a la servidumbre, violadas y agredidas, incluso por la patrulla fronteriza y los agentes fronterizos. Todo les ha sido arrebatado y han pagado ese precio. ¡Ahora dicen que también vamos a necesitar algo más de ti!

"Esto va en contra del derecho internacional de asilo. El asilo se basa en el derecho humanitario. No puedes cobrar una tarifa por eso”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de mayo de 2019)