El enfrentamiento entre la Casa Blanca de Trump y la Cámara de Representantes bajo control demócrata llegó al punto en que la presidenta de la cámara baja declaró una “crisis constitucional” la semana pasada. Señaló que Donald Trump se rehúsa a reconocer la separación de poderes consagrada en la Constitución estadounidense.
El presidente de la comisión de asuntos jurídicos de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, se hizo eco de Pelosi. “Estamos en [una crisis constitucional]. Este es el momento de probar si podemos mantener este tipo de república o si esta república estaba destinada a transformarse en una forma diferente y más tiránica de gobierno”.
No hay precedentes en la historia del país para el arrogamiento de facultades presidenciales sin control por parte de la Casa Blanca de Trump. Está buscando crear un régimen personalista respaldado por las apelaciones antiinmigrantes a la extrema derecha. Por su parte, los demócratas, aún cuando advierten sobre una dictadura, rechazan oponerse seriamente al reclamo de poderes autoritarios de Trump y arraigan su oposición en el punto de vista derechista de que el mandatario es insuficientemente belicista hacia los “enemigos” del imperialismo estadounidense en el exterior.
Trump afirma que el poder de la rama ejecutiva es inmune a cualquier supervisión del Congreso. Aplicó el poder de privilegio ejecutivo respecto a todo el texto del reporte del fiscal especial Mueller, así como en todos sus documentos de soporte, consistiendo en millones de páginas que cubren toda la campaña electoral de 2016, cuando Trump todavía no era presidente y consecuentemente no tenía la autorización para tal privilegio. La comisión de asuntos jurídicos de la Cámara de Representantes acusó al fiscal general William Barr de desacato al Congreso por rehusarse a entregar los documentos, mientras que Barr también ha desafiado un citatorio con la comisión.
Desde que los demócratas asumieron el control de la cámara baja en enero, el Gobierno se ha negado a aceptar citatorios para presentar documentos y testigos en una amplia gama de temas, incluyendo políticas de inmigración y las declaraciones de impuestos de Trump. Efectivamente, la Casa Blanca se está rehusando a reconocer el resultado de las elecciones de noviembre de 2018 en las que los demócratas obtuvieron su mayoría en la Cámara de Representantes y el poder constitucional de investigar al ejecutivo.
El decreto ejecutivo de Trump en febrero es aún más amenazante, al declarar un estado de excepción en la frontera con México y autorizando al Pentágono a transferir fondos del ejército a la construcción de un muro fronterizo en desafío directo al “poder sobre el Tesoro” que la Constitución reserva a la rama legislativa del Gobierno, no a la ejecutiva.
El viernes, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, anunció que asignaría $1,5 mil millones de fondos de las operaciones militares del Pentágono en Afganistán a la construcción de 130 km de muro fronterizo, además de los $1 mil millones ya transferidos del presupuesto del Pentágono en marzo.
La semana pasada, Trump compartió un tuit de un simpatizante ultraderechista que sugería añadir dos años más a su término en el cargo, cancelando las elecciones de 2020. Los demócratas y los medios corporativos buscaron restarle importancia calificándolo de broma, pero es mortalmente serio. Trump lo siguió con la sugerencia de que podría controla la Casa Blanca por “diez o catorce años”, lo que requeriría varias reelecciones inconstitucionales o la cancelación misma de las elecciones.
En un mitin en Florida la semana pasada, Trump se rio y su audiencia clamó de emoción cuando un partidario sugirió al Gobierno “dispararles” a los inmigrantes cruzando la frontera.
Trump dirige sus llamados fascistizantes a los millones de oficiales policiales, guardias fronterizos y miembros activos de las fuerzas armadas que conforman una poderosa fuerza en determinar el balance de poder en Washington.
Intentó por dos años realizar un desfile encabezado por tanques en Washington DC para celebrar el poderío militar estadounidense. Regularmente aplaude la violencia y represión antiinmigrante perpetradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza. Se refirió recientemente a convertir los fuegos artificiales del Día de la Independencia (4 de julio) en el National Mall, los cuales han sido tradicionalmente apolíticos, en un pronunciamiento presidencial desde el monumento a Lincoln, involucrando elementos patrióticos y militaristas.
Más allá que “delitos y faltas graves”, las acciones de Trump constituyen la evisceración de la Constitución en su conjunto. Sin embargo, cuando le preguntaron la semana pasada si el Partido Demócrata apoyaría un juicio político contra Trump, Pelosi dijo “No”. Explicó: “Nosotros [Estados Unidos] somos uno. Cuando tomamos decisiones y priorizamos acciones y consideramos opciones, esa unidad que nos mantiene juntos como una nación es una imperativa atractiva para mí y la conducción de los diputados demócratas. Un juicio político es un curso de acción demasiado divisivo para seguir”.
El miedo de los demócratas a la “división” subraya las verdaderas causas de que se centren en acusaciones de “colusión” con Rusia y de obstrucción a la justicia derivadas de su campaña antirrusa. Los demócratas temen que, si desafiaren la captura de poder de Trump, él convocará un movimiento extraparlamentario de sus partidarios ultraderechistas que desatará contraprotestas generalizadas de trabajadores y jóvenes, huelgas, cierres de universidades y violencia.
Esto abriría la puerta para que la oposición masiva de la clase obrera contra la desigualdad social, la guerra y los ataques contra los derechos democráticos se libere del control del sistema político capitalista y bipartidista y encuentre una expresión política y anticapitalista independiente.
Tal ruptura de unidad interna sería un impedimento para las incontables aventuras de política exterior del imperialismo estadounidense, como en Irán, el mar de China Meridional, Venezuela y Corea del Norte. Como lo señaló preocupado David Sanger en el New York Times ayer, los adversarios de EUA están “apostando a que el Sr. Trump no sea ni un negociador tan sabio ni que esté listo para emplear la fuerza militar según dice”. Los demócratas también han expresado inquietudes sobre el daño que Trump ha hecho a la imagen de estabilidad del imperialismo estadounidense, particularmente ante sus aliados de Europa occidental.
La respuesta de los demócratas a Trump repite, a un nivel más avanzado, la respuesta del partido a la elección presidencial robada de 2000. Cuando la mayoría derechista en la Corte Suprema intervino para cancelar el conteo de votos en Florida y entregarle los votos electorales del estado y la Presidencia a George W. Bush, quien había perdido el voto popular, el Partido Demócrata y su candidato, Al Gore, se doblegaron ante este golpe de Estado derechista. Este evento histórico, como lo declaró el World Socialist Web Site en ese entonces, demostró que ya no existía una base de apoyo para la democracia en la élite gobernante estadounidense.
El Partido Demócrata fue incapaz de movilizar a sus partidarios por temor de que esto desencadenara un movimiento de masas en defensa de los derechos democráticos, el cual podía salirse de su control. Frente a la decisión de movilizar a la oposición desde abajo o aceptar el golpe, los demócratas escogieron lo último.
La respuesta demócrata a Trump continúa esta misma lógica reaccionaria.
La democracia estadounidense se está desintegrando. Un presidente criminal que busca agitar a una base de apoyo fascistizante se enfrenta a una endeble oposición que, en caso de un resquebrajamiento total, apelaría al ejército para que intervenga y “salve” el orden constitucional.
En el escenario altamente improbable de que Trump sea destituido constitucionalmente a través de un juicio político en la Cámara de Representantes y por sentencia del Senado, el resultado sería un Gobierno encabezado por su vicepresidente Mike Pence, quien no es menos reaccionario. Si los demócratas lideraran tal transición, se basaría en una política exterior más beligerante, particularmente contra Rusia, y no cambiaría nada en términos de la distribución de la riqueza o el futuro de los derechos democráticos de la población.
La clase obrera debe trazar su propio derrotero independiente para tumbar el Gobierno de Trump. La respuesta reside en el desarrollo de la lucha de clases.
En cada centro de trabajo y barrio obrero, los trabajadores necesitan formar comités independientes y democráticos de base que defiendan los intereses de la clase obrera. La construcción de tales comités y las luchas que encabecen necesitan estar guiadas por una perspectiva política nueva: la movilización política independiente de la clase obrera en lucha por un Gobierno obrero y un programa socialista y contra la guerra.
(Publicado originalmente en inglés el 13 de mayo de 2019)