El viernes, la Administración de Trump anunció un plan para desalojar a más de 100.000 personas, incluidos 55.000 niños, de apartamentos subsidiados y proyectos de vivienda del Gobierno si su hogar incluye a cualquier inmigrante indocumentado.

La nueva norma promulgada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) anula el requisito anterior según el cual una familia podría obtener subsidios si al menos un miembro fuera ciudadano estadounidense o residente legal permanente.

El número total de personas que enfrentan ser desalojadas es de 108.000 —igual a la población total de Billings, Montana, o Boulder, Colorado—. Aproximadamente la mitad de los que enfrentan el desalojo bajo la nueva norma —unas 55.000 personas— son niños. El setenta por ciento de los afectados son ciudadanos o residentes permanentes.

El Washington Post informó que la nueva norma fue propagada por el fascista asesor de Trump, Stephen Miller. El propio HUD reconoció en un informe analizando el cambio de norma, que el propósito del plan es explícitamente aumentar la pobreza y la indigencia entre las familias inmigrantes.

“El HUD anticipa que el miedo de las familias a ser separadas conduzca a una rápida evacuación en la mayoría de los hogares mixtos. La falta de vivienda temporal podría aumentar en un hogar, si no pueden encontrar una vivienda alternativa”, dice el informe.

En abril, el secretario del HUD, Ben Carson, un multimillonario y fanático evangélico, fue el primero en anunciar los planes para adoptar esta medida, tuiteando:

“Gracias al liderazgo [de Trump], estamos poniendo a los más vulnerables de los Estados Unidos primero. Nuestra nación enfrenta un desafíos en cuanto a las viviendas asequibles [sic] y cientos de miles están esperando recibir asistencia para vivienda”.

El Gobierno de Trump ha descrito esto como una medida “popular” que busca, en particular, mejorar las condiciones de los afroamericanos empobrecidos. El sitio web de extrema derecha Breitbart News, declaró en abril: “En todo el país, los precios de las viviendas y el alquiler para los estadounidenses e inmigrantes legales se han disparado conforme el Congreso invitaba y permitía que al menos 45 millones de inmigrantes legales e ilegales entraran en los Estados Unidos desde los años setenta. La competencia resultante por las viviendas ha negado los aumentos salariales posteriores a la década de 1970 y presionó a muchos afroamericanos y blancos de California y Nueva York hacia el sur”.

Tales afirmaciones son mentiras descaradas destinadas a encubrir el hecho de que Trump y sus partidarios multimillonarios en Wall Street están saqueando los programas sociales, recortando impuestos para los superricos y realizando una transferencia masiva de riqueza desde la clase trabajadora —independientemente de su estatus migratorio— a los ricos. ¡Los inmigrantes no tienen la culpa del aumento de los costos de vivienda ni del desplazamiento de los trabajadores a través del aburguesamiento de las zonas urbanas!

La responsabilidad de esto recae en las manos de los gestores de fondos multimillonarios de cobertura como los financiadores de Breitbart, Rebekah y Robert Mercer.

El HUD reconoce que el plan no ahorrará dinero y, en cambio, conducirá a más recortes y a viviendas de peor calidad para los “ciudadanos”. Además, el HUD se vería obligado a “reducir la cantidad y la calidad de las viviendas con ayuda social en respuesta a costos más altos”, y “podría haber menos hogares beneficiados bajo el programa de vales de elección de vivienda” debido al cambio de la norma.

Además, en marzo, la Administración de Trump propuso recortar el presupuesto del HUD unos $9,6 mil millones, o el 18 por ciento de su presupuesto total. Este presupuesto aumentaría masivamente las rentas para inquilinos subsidiados, incluso triplicando la renta para las personas mayores y familias con discapacitados muy empobrecidas. La propuesta también establece requisitos de trabajo para la elegibilidad de los subsidios, reduce el presupuesto operativo para viviendas públicas en un 38 por ciento, reduce los fondos para el programa de asistencia para personas sin hogar en $34 millones y reduce los fondos para las subvenciones gubernamentales de vivienda para indios americanos en $55 millones, o el 8 por ciento.

La Administración de Trump está aumentando los recortes al presupuesto del HUD realizados por la Administración de Obama. De 2009 a 2012, por ejemplo, Obama recortó $461 millones en subsidios para adultos mayores, $625 millones para mantenimiento, $760 en fondos de operación de viviendas públicas y $5 millones en subsidios para personas con VIH/SIDA. Millones de personas vieron sus propiedades rematadas durante el primer mandato de Obama.

La presidenta de la Coalición Nacional para la Vivienda de Personas de Bajos Ingresos, Diane Yentel, dijo sobre las recientes propuestas presupuestarias de Trump:

“Con esta solicitud de presupuesto, el presidente Trump y el secretario Carson están dejando en claro de manera inequívoca su voluntad de aumentar los desalojos y la falta de vivienda —para las personas mayores vulnerables, la gente con discapacidades y las familias con niños que no podrán dedicar una porción mayor de sus muy limitados ingresos para cubrir el aumento de alquileres—.

“La Administración ignora insensiblemente su responsabilidad hacia los millones de familias que habitan en viviendas públicas en deterioro y con las personas y comunidades de bajos ingresos que trabajan para recuperarse y reconstruir después de desastres mediante la eliminación de recursos críticos para la vivienda pública, la construcción de viviendas de alquiler y el desarrollo comunitario. Esta es una propuesta presupuestal cruel e inconcebible, y debe ser rechazada por el Congreso”.

El cambio de estas normas es parte de los esfuerzos de Trump para crear las condiciones propicias para el crecimiento de un movimiento de extrema derecha en los Estados Unidos. Los pasos del presidente hacia impedir que los inmigrantes accedan a programas sociales empujaran a cientos de miles de familias inmigrantes a la pobreza extrema. Como resultado, las condiciones de vida en los barrios de inmigrantes de clase trabajadora en las principales ciudades se verán afectadas por la falta de vivienda, las enfermedades y el crimen. Estas políticas están dirigidas a transformar estos vecindarios en guetos segregados, facilitando los esfuerzos de Trump para pintar a los inmigrantes como el enemigo.

Los trabajadores y jóvenes no inmigrantes deben rechazar estos esfuerzos para dividir a la clase trabajadora en líneas nacionales y raciales. Trump y sus partidarios aristocráticos están utilizando a los inmigrantes como chivos expiatorios, mientras que Wall Street roba descaradamente a los trabajadores de todas las razas y procedencias.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de mayo de 2019)