El Gobierno de los Estados Unidos está realizando un esfuerzo continuo para asfixiar la economía de Venezuela y aislar al Gobierno venezolano, y los efectos en millones de ciudadanos promedio de ese país han sido devastadores. Washington está librando lo que equivale a una guerra de asedio compuesta por sanciones extraterritoriales cada vez más intensas afectando el petróleo, el oro y otros sectores mineros y financieros de Venezuela.

El intento fallido de golpe de Estado por parte de Juan Guaidó — del partido Voluntad Popular apoyado y financiado por los Estados Unidos — ha hecho solamente que la Administración de Trump reenfoque su estrategia para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Una reciente incursión en la embajada de Venezuela en Washington y el consiguiente arresto de activistas contra la intervención estadounidense, invitados por el Gobierno de Maduro para ocupar el edificio, fue otra provocación que evidencia el desprecio del derecho internacional de parte de la Administración de Trump.

Esta depredadora estrategia imperialista, y las sanciones en particular, han sido devastadoras para la población de Venezuela, empeorando la inflación astronómica y forzando al Gobierno a reducir las importaciones y a racionar los suministros básicos que tiene a su disposición. Los estudios realizados antes de la ronda más reciente de sanciones, revelaron niveles de pobreza desconocidos en esta nación sudamericana relativamente rica en el pasado.

Un estudio realizado en 2018 por el Centro de Investigación Económica y Política, atribuyó aproximadamente 40.000 muertes entre 2017-2018 a las sanciones estadounidenses, y los venezolanos perdieron un promedio de 24 libras de peso corporal ese año. Una encuesta publicada por el periódico en español El Nuevo Heraldo en el sur de la Florida en septiembre de 2018, encontró que el 30 por ciento de los venezolanos comían regularmente una vez al día, mientras que el 28,5 por ciento informó que comía “nada o casi nada” al menos una vez. En general, el 78,6 por ciento de los encuestados reportaron dificultades persistentes para obtener alimentos.

No hay duda de que estas horribles condiciones han empeorado drásticamente en el último año, considerando los esfuerzos en curso para estrangular la economía del país.

Mientras tanto, una pequeña capa de venezolanos adinerados, cuyos miembros están compuestos tanto de “dinero viejo” como de una capa más reciente de ultrarricos que derivan su riqueza de las conexiones con el Gobierno actual (la llamada boliburguesía), continúa llenando los cafés de lujo en los barrios ricos de Caracas. Muchos otros miembros ricos de la clase alta venezolana han decidido abandonar el país y emigrar a España y a los Estados Unidos, donde han invertido en bienes raíces o han comenzado pequeñas empresas.

Estas son las condiciones desiguales que han obligado a un estimado de 2,5 millones de ciudadanos venezolanos a huir desde 2014, con 2 millones de venezolanos desplazados, que han salido hacia los países vecinos en los últimos dos años, muchos de ellos exprofesionales y miembros de la clase media. Incapaces de asegurar los medios básicos de supervivencia para ellos y sus familias, los venezolanos han emigrado a pie o en bus, viajando cientos y, a veces, miles de kilómetros con pocas posesiones, y con frecuencia con niños a cuestas, para buscar un futuro mejor.

La mayor afluencia de refugiados ha sido para Colombia, donde se estima que 1,1 millones de venezolanos sobreviven al margen de la sociedad, muchos de ellos se han reducido a vivir en las calles y a pedir comida. Algunos logran compartir sus recursos limitados y alquilan habitaciones, durmiendo en condiciones de extremo hacinamiento.

Colombia, al igual que muchos otros países al sur de la frontera con Estados Unidos, es en sí un lugar de enorme desigualdad, en donde los activos combinados de los tres hombres más ricos, equivalen al 10 por ciento de todo el PIB del país. La pobreza es especialmente grave en las zonas rurales, donde el empleo y la infraestructura básica están ausentes. El actual presidente, Iván Duque, del Partido Centro Democrático, un protegido político del expresidente de ultraderecha Álvaro Uribe, fue elegido en agosto de 2018 y propuso rápidamente un “Plan Nacional de Desarrollo”—un amplio paquete de medidas de austeridad que incluye importantes recortes en la financiación de los sistemas de pensiones y de salud de la nación—.

El país también tiene su propia crisis de refugiados como resultado de décadas de guerra civil, con un estimado de 3,5 millones de desplazados internos y al menos 750.000 que han huido a países vecinos. Como el Gobierno de Duque representa el aliado más cercano de Washington en la región, los medios estadounidenses y occidentales prestan poca atención a los refugiados colombianos.

El sistema de salud pública es una estructura insuficiente, con un crónico y exiguo nivel de financiamiento; los colombianos promedio tienen que esperar meses para exámenes y citas urgentes, y para los refugiados venezolanos en Colombia, la situación es aún peor. No pueden tener visitas médicas para consultas o procedimientos de rutina y solamente reciben atención una vez que un problema de salud se ha convertido en una situación de emergencia. La escolarización también está fuera del alcance de muchos de sus hijos, la mayoría de los cuales carecen de la documentación necesaria para la inscripción. A menudo, la escuela no es una opción simplemente porque se espera que los niños pequeños ayuden a recaudar dinero para ayudar al sostenimiento de la familia.

Este reportero de WSWS entrevistó a una refugiada venezolana de 24 años llamada Oriana, que vende agua embotellada y refrescos en un lado de la carretera en Medellín con su esposo y su bebé de seis meses. Al preguntarle sus razones para salir de Venezuela y ella respondió:

“Vinimos a Colombia a pie en septiembre porque no teníamos otra opción. Yo estudiaba ingeniería civil y Juan trabajaba en un negocio de taxis. Pudimos ganarnos la vida más o menos, pero todo comenzó a volverse inestable. De repente, no pude continuar con mis estudios porque los profesores renunciaron por la falta del pago de sus salarios. Luego nos dimos cuenta que iba a tener un bebé, y en ese momento no podía encontrar pañales ni medicamentos en las tiendas, y había largas filas en el hospital. Una vez que finalmente uno llega al frente, tiene que pagar todo para poder ver a una enfermera, ¡incluso los guantes! Realmente, tuvimos que salir de allí porque sentíamos que nuestro bebé podría morir si nos quedábamos”.

Para Oriana y muchos otros venezolanos, la supervivencia depende de la generosidad de los locales y de su capacidad para vender artículos pequeños a los conductores que pasan. Oriana tenía esto para agregar:

“Nos sentimos mucho mejor estando aquí; la gente en Colombia nos ha ayudado mucho para poder criar al bebé, dándonos pañales y leche, aunque cuando llegamos por primera vez, estábamos durmiendo en las calles. Y estoy hablando de personas normales, no del Gobierno, de las personas que pasan por aquí, realmente nos han ayudado y estamos muy agradecidos”.

Ganarse la vida en las calles significa pasar largas horas expuestos a los elementos y gases del tráfico desde el atardecer hasta el amanecer, en un esfuerzo por reunir los pesos suficientes para la comida y el refugio para pasar la noche.

Diego, de 16 años, llegó recientemente con familiares y amigos y habló sobre cómo es un día típico:

“La situación se volvió grave en Venezuela, así que aquí estamos ahora, despertándonos a las 5 a.m. para ganar nuestro pan de cada día. Pasamos todo el día parados en un semáforo repartiendo caramelos y esperando que la gente nos dé algún cambio. No tenemos los documentos necesarios para trabajar o recibir atención médica. Al menos podemos pagar un lugar para dormir y comer entre nosotros con lo que ganamos aquí, aunque intentamos juntar algo para enviarlo a nuestra familia en Venezuela también. ¿Y sabes quiénes son los sufren más en esta situación? Son los niños”.

Entre los refugiados, existe una gran hostilidad tanto para el Gobierno existente de Nicolás Maduro —que, a pesar de sus pretensiones de ser “socialista bolivariano”, defiende la propiedad capitalista y preside la profundización de la desigualdad social— como para Guaidó, quien es visto como un representante de la oligarquía tradicional y del imperialismo norteamericano.

Al preguntarle sobre la situación política y las amenazas de invasión militar directa por parte de Estados Unidos, el esposo de Oriana, Juan, tuvo esto para decir:

“Necesitamos sacar al Gobierno actual del poder. Estuve vivo durante el Caracazo [disturbios masivos contra la austeridad en la capital de la nación, Caracas] en 1989, cuando el Gobierno masacró a personas en las calles. Por supuesto, Guaidó también es un político de derecha, podría hacer lo mismo que el Gobierno actual, por lo que necesitamos un nuevo Gobierno, no Maduro y no Guaidó.

"En cuanto a una invasión, Venezuela no necesita una invasión, la gente ciertamente estaría peor. Solo mire, donde quiera que hayan ido los estadounidenses, ha sido una catástrofe".

Enrique, un antiguo residente de Caracas de aproximadamente 20 años, tenía una perspectiva política similar:

“Guaidó es solamente otro político corrupto, en realidad no está haciendo nada, excepto dar entrevistas y posar para fotos. Él es totalmente corrupto, pero también tenemos que sacar a Maduro”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de mayo de 2019)