Un informe publicado el mes pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, todas las siglas en inglés) documenta el uso generalizado del aislamiento por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos contra los inmigrantes detenidos. El informe muestra que, lejos de ser un último recurso para proteger a los detenidos en situaciones especialmente violentas, los centros de detención de ICE utilizan el régimen de aislamiento para aterrorizar, disciplinar y castigar a los trabajadores y jóvenes atrapados en la guerra contra migrantes de Trump.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura ha argumentado que el confinamiento solitario debe ser prohibido, excepto en "circunstancias muy excepcionales", que el aislamiento por más de 15 días constituye un "trato inhumano y degradante", y que las personas con enfermedades mentales nunca deben ser aisladas. El informe de ICIJ encontró que, en el transcurso de las Administraciones tanto de Obama como de Trump, ICE ha violado seguida y sistemáticamente todos estos principios.

Sobre la base de una revisión sin precedentes de más de 8.400 informes presentados durante cinco años (2012-2017), la investigación “Voces Solitarias” se llevó a cabo como un esfuerzo multinacional, realizado por el ICIJ en conjunto con Grupo SIn (Guatemala), Mexicanos contra la corrupción (México), NBC News, Intercept y Univision (Estados Unidos).

En el transcurso de cinco meses, los periodistas involucrados en el proyecto realizaron entrevistas con docenas de exdetenidos y analizaron innumerables auditorías, memorandos e informes de incidentes obtenidos a través de una solicitud de registros públicos. También les ayudó Ellen Gallagher, una denunciante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se hizo pública por primera vez después de pasar años tratando de hacer sonar la alarma sobre el abuso del aislamiento solitario por parte de ICE.

Hablando con las noticias de NBC, Gallagher dijo que había decidido hacerlo público después de lo que fueron esencialmente cinco años infructuosos de intentar reformar el sistema desde dentro. Todo lo que sus esfuerzos rindieron fueron varias auditorías internas que criticaban al ICE y una carta no informada previamente en junio de 2015 del Comité Judicial del Senado a Jeh Johnson (secretario del DHS bajo Obama), que cuestionó el uso del aislamiento por parte de ICE. Mientras tanto, como señaló Gallagher, "la gente estaba siendo brutalizada".

Decidió compartir su historia ampliamente porque creía que sin una acción pública "este mismo conjunto de circunstancias no se detendrá". Por el contrario, dijo: "Creo que en realidad empeorará".

El uso generalizado por parte del Gobierno del régimen de aislamiento como arma contra los inmigrantes subraya las condiciones horribles y peligrosas que enfrentan los refugiados detenidos en Estados Unidos. De acuerdo con los registros obtenidos por el ICIJ, se informó que apenas la mitad de los confinados en aislamiento violaron alguna regla. Una gran parte de la población "segregada" parecía haber sido puesta en régimen de aislamiento por razones que variaban desde besos consensuales hasta denuncias de abuso por parte de guardias u otros detenidos, siendo identificados como homosexuales o transexuales, discapacitados o con enfermedades mentales.

Un hombre guatemalteco fue recluido en régimen de aislamiento durante dos meses en una cárcel del condado de Maryland porque tenía una pierna protésica. Un hombre ucraniano con enfermedad mental fue aislado durante 15 días en una instalación en Arizona por el delito de haber puesto medio pimiento verde dentro de su calcetín. Un residente de muchos años en EUA pero proveniente de Afganistán pasó casi cuatro meses en régimen de aislamiento por entrar a una ducha sin permiso. Una de las detenidas fue segregada por hacer cortes de pelo. Otro detenido, que ya había sido diagnosticado con una enfermedad mental, fue recluido en régimen de aislamiento durante 41 días por alentar a otros inmigrantes a hacer una huelga de hambre.

Hubo al menos 373 casos de reclusión en aislamiento porque eran potencialmente suicidas, y más de 200 casos adicionales de personas que ya estaban segregadas fueron trasladadas a "vigilancia de suicidio" y más aislamiento. Hubo 187 casos en los que un detenido estuvo en aislamiento durante más de seis meses. En 32 de esos casos, el detenido fue segregado por más de un año.

Aquellos que sufren de enfermedades mentales son particularmente vulnerables a los efectos nocivos del aislamiento. Como Kenneth Applebaum, un profesor emérito de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, dijo al Intercept: "Este es el equivalente a echar gasolina en un incendio". Applebaum, que había investigado la práctica de segregación de ICE como consultor del DHS, fue particularmente crítico del uso como una forma de controlar a los pacientes suicidas: "Esta es una práctica que expone a los detenidos a un daño psicológico y fisiológico real", dijo. Las historias detalladas en el informe del ICIJ lo demuestran claramente.

Dulce Rivera, una mujer transgénero de 36 años originaria de Honduras y residente permanente desde hace mucho tiempo en los EUA fue detenida por ICE en 2017 y recluida en régimen de aislamiento en mayo de 2018 por supuestamente hostigar a otros presos. Durante aproximadamente un mes, se le permitió una hora al día en el "patio", un cuadro de cemento encerrado con cercas de metal, donde podía pasear sola.

A fines de junio, luego de que sus guardias le dijeron que ya no se le permitiría entrar al patio, Rivera trató de ahorcarse. Luego de una breve estadía en el hospital, fue devuelta a las instalaciones donde la cerraron en otra celda de aislamiento, está llamada "SEGURA CONTRA SUICIDIOS" en letras mayúsculas. Ella permanecería allí durante casi un año. Ahora liberada de la detención, Rivera tiene pesadillas recurrentes, desorientación y problemas para dormir.

Las experiencias de Rivera, desafortunadamente, no son únicas. Karandeep Singh, un inmigrante sij de la India, que fue puesto en régimen de aislamiento después de intentar una huelga de hambre, también intentó suicidarse. Después de su intento fallido, Singh fue devuelto a otra celda solitaria, lo que provocó una nueva crisis mental. Ahora en la India, Singh le dijo al ICIJ que tiene recuerdos que provocan el temor que sentía en aislamiento en Texas. "Estás cambiado; no puedes sentirte seguro", dijo.

Jeancarlo Jimenez-Joseph, un detenido de 27 años, fue inicialmente recluido en régimen de aislamiento a mediados de abril de 2017 por presuntamente iniciar una pelea en el centro de detención de Stewart en Lumpkin, Georgia. Las imágenes de video luego demostraron que en realidad fue la víctima del ataque. Varios días después de ser liberado del aislamiento, Jiménez-Joseph fue enviado de regreso, esta vez por saltar desde un balcón del segundo piso. Como le dijo a los funcionarios en ese momento, era una acción que no pretendía lastimar a nadie más que a sí mismo. Después de 18 días de segregación, Jiménez-Joseph logró colgarse atando una sábana a un pequeño rociador en su celda.

En una declaración a NBC News, un portavoz de ICE respondió al informe afirmando que la agencia está "firmemente comprometida con la seguridad y el bienestar de todos los que se encuentran bajo su custodia", y que el "uso de hospedajes restrictivos en los centros de detención de ICE es extremadamente raro, pero a veces necesario, para garantizar la seguridad del personal y de las personas en una instalación”. El portavoz agregó que ICE usa tales prácticas para garantizar que los detenidos “residan en entornos seguros, humanos y en condiciones adecuadas de confinamiento”.

La afirmación daría risa si las consecuencias humanas que se han expuesto no fueran tan graves.

Los horrores que enfrentan los inmigrantes en los diversos centros de detención son el producto de una red de estos centros que se ha ido construyendo gradualmente durante tres décadas y un sistema impulsado en gran parte por el afán de lucro. Fue Bill Clinton, en la década de 1990, quien promulgó por primera vez nuevos requisitos que obligaban a la detención de inmigrantes que habían cumplido condena en prisión.

En el momento de la Presidencia de Obama, la detención civil de los no ciudadanos se había convertido en la política principal, con contratistas privados compitiendo por subsidios federales multimillonarios, creando una economía política de encarcelamiento que se ha convertido en la herramienta predominante de la clase dominante estadounidense para lidiar con el “problema de la inmigración”.

En un informe publicado el pasado octubre, el Intercept detalló la forma en que el Grupo GEO, el contratista privado que administra el centro de detención de Adelanto, por todas las cuentas "una de las peores prisiones de inmigración en el país", ha ganado millones de dólares a través de subvenciones y acuerdos federales con funcionarios locales. El Intercept describió a Adelanto como una "instalación rural polvorienta en el desierto Mojave, a dos horas al este de Los Ángeles", con aproximadamente una cuarta parte de sus 42.000 residentes que consisten de personas encarceladas "distribuidas entre el centro de detención de inmigrantes, una cárcel del condado, una prisión estatal y una prisión federal cercana".

Enfrentando la bancarrota en 2015, la ciudad hizo un trato con el Grupo GEO garantizando contractualmente un mínimo de 975 ocupantes en el centro de detención. A una tasa de $111 por día por ocupante, esto significaba que a la compañía se le garantizaba un ingreso anual de $40 millones. La ciudad también obtendría parte de la subvención, pero no es más de $100,487 por año.

Mientras tanto, el centro de detención de Adelanto ha sido citado por condiciones intolerables e inhumanas, falta de atención médica, segregación disciplinaria inadecuada, tratos crueles y degradantes por parte de los guardias, abuso sexual de los detenidos e indiferencia generalizada a los intentos de suicidio. Esto no ha resultado en ninguna denuncia oficial por parte de ICE contra la compañía ni en acciones para poner fin a la administración de la compañía del centro de detención.

En una entrevista con Spencer Woodman del ICIJ, Rick Raemish, el exjefe del Departamento de Correcciones de Colorado, quien encabezó el esfuerzo para limitar el aislamiento en su estado, declaró: "Es inmoral. No es ético. Es tortura ... Esta es una práctica que tiene que parar".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de junio de 2019)