El Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzó a pedir a la mayoría de los solicitantes de visas que proporcionen información sobre sus cuentas de redes sociales. La política que entró en vigor el viernes pasado le dará al Gobierno acceso a los datos personales que generalmente se comparten en las redes sociales, incluidas fotografías, ubicaciones y fechas de varios hitos.
En una declaración publicada en el New York Times, un portavoz oficial minimizó la importancia de los efectos de las nuevas regulaciones, alegando que eran simplemente una extensión de las reglas existentes: "Ya solicitamos cierta información de contacto, historial de viajes, información de miembros de la familia y direcciones anteriores de todos los solicitantes de visa".
A partir de ahora, el Departamento de Estado sólo está pidiendo que revelen los identificadores de sus cuentas. Sin embargo, como lo reconoció el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en 2017, la Administración ha estado considerando seriamente las propuestas que requerirían que los solicitantes revelen todas sus contraseñas, dando al Gobierno acceso completo a sus cuentas.
La implementación de la nueva política, una manifestación de la propuesta vieja de un “filtro extremo" es otro paso en la guerra de la Administración de Trump contra los inmigrantes.
Tras su orden ejecutiva de marzo de 2017 que impone una prohibición de 90 días a la inmigración de ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes (Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen), Trump emitió un memorando en el que afirmaba que el "poder ejecutivo [necesitaba] mejorar los protocolos y procedimientos de detección y revisión para otorgar visas" a fin de "evitar la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que puedan ayudar, apoyar o cometer actos violentos, criminales o terroristas".
En marzo de 2018, el Departamento de Estado presentó dos avisos que anunciaban su intención de implementar cambios en las reglas existentes que se centrarían en los perfiles de redes sociales de los solicitantes. El plan descrito por el Departamento de Estado en ese momento dejó en claro que el Gobierno estadounidense “requeriría que casi todos los solicitantes de visas ... presenten cinco años de identificadores de redes sociales para plataformas específicas ... y con una opción de indicar los identificadores de otras plataformas que no se requieran explícitamente". Además, los solicitantes deberán incluir "números de teléfono anteriores, direcciones de correo electrónico, infracciones de inmigración anteriores y cualquier historial familiar de participación en actividades terroristas".
Al afirmar que la nueva política no refleja ningún cambio dramático en el marco de normas existente, los funcionarios de la Administración lo han presentado como una herramienta muy necesaria y esencial para hacer frente a los problemas de seguridad nacional. Enmarcándolo como una respuesta tardía al tiroteo de San Bernardino en 2015 (donde uno de los autores aparentemente había publicado varias declaraciones incendiarias en línea que no habían sido detectadas), el Departamento de Estado ha duplicado la afirmación de que las nuevas medidas ayudarán a proteger al pueblo estadounidense de posibles "actividades terroristas".
Pero, como los críticos han señalado, esta es una afirmación extremadamente dudosa, particularmente dado que no hay manera de evitar que los que planean estos ataques usen nombres falsos, creen identidades falsas o incluso incriminen a otros en las redes sociales. Más allá de eso, la idea de que se esperaría que los solicitantes informen sobre "actividades terroristas" no especificadas de miembros de la familia, que de hecho podrían ser ciudadanos estadounidenses, constituye un atroz atentado contra la libertad de expresión y la libertad de asociación garantizados por la Constitución de los Estados Unidos.
Como lo señaló la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en su respuesta al aviso anterior del Departamento de Estado, la amenaza de recopilar información sobre los miembros de la familia tendría un efecto escalofriante no sólo para los solicitantes, sino también para los ciudadanos que no serían informados acerca de cómo los datos recopilados podrían ser compartidos entre varias agencias gubernamentales.
Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional del ACLU, explicó en ese momento: "Existe un riesgo real de que el filtro de las redes sociales se dirija de manera injusta a los inmigrantes y viajeros de países de mayoría musulmana por denegaciones discriminatorias de visa, sin hacer nada para proteger la seguridad nacional”.
Reaccionando a la formalización de la propuesta la semana pasada, Shamsi dijo al New York Times que "esta es una propuesta peligrosa y problemática", señalando que el Departamento de Estado no ha aportado pruebas de que este tipo de investigación podría ayudar a proteger la seguridad nacional.
La nueva política de inmigración afectará a casi 15 millones de solicitantes de visa solo en 2020. Dados los números, hay que señalar que además de constituir un ataque a la privacidad y los derechos democráticos, estas medidas aumentarán los tiempos de procesamiento, lo que provocará un nuevo cuello de botella en el procesamiento de las solicitudes de visa. El nuevo requisito resultará en un umbral más alto, un papeleo más complicado y tiempos de espera más largos destinados a desalentar a los inmigrantes legales.
En los últimos dos años, la Administración de Trump ha implementado una serie de medidas para limitar la inmigración legal, incluyendo la denegación de la ciudadanía automática por nacimiento, en violación de la Decimocuarta Enmienda, la introducción del llamado sistema basado en mérito que reduciría drásticamente las solicitudes de visa basadas en familia y las reemplazaría con requisitos basados en educación y habilidades, y la eliminación del sistema de lotería de visas de diversidad que otorga a 50.000 personas el derecho de emigrar a los EUA cada año.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de junio de 2019)