El viernes pasado, trabajadores y jóvenes realizaron paros laborales parciales y manifestaciones en 380 ciudades y pueblos de todo Brasil. La tan esperada huelga general de un día había sido convocada el 1 de mayo por sindicatos que cubren los lugares de trabajo que emplean a unos 45 millones de trabajadores, y estaba destinada para desahogar la creciente oposición popular a las medidas de austeridad del Gobierno de Bolsonaro.

El malestar ha crecido, en particular, contra su odiada "reforma" de pensiones, que el Gobierno anticipa que canalizará al menos 1.2 billones de reales (US $300 mil millones) de los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados a los cofres del capital financiero durante los próximos 10 años.

Sin embargo, la huelga no logró cerrar sectores clave, como el transporte, la metalurgia y la extracción de petróleo, en la mayor parte del país. Esto es así a pesar de la baja popularidad en récord del fascistoide Jair Bolsonaro durante los primeros meses de cualquier presidente electo en la historia brasileña, y el hecho de que millones de trabajadores y jóvenes participaron en manifestaciones antigubernamentales el mes pasado.

El telón de fondo de la huelga fue destacado por un editorial al día siguiente en el diario más antiguo de Brasil, O Estado de S. Paulo, titulado "Economía en caída libre", que pronostica que el crecimiento económico será nulo en 2019 y el desempleo se mantendrá en un 13 por ciento.

No obstante, los piquetes y las manifestaciones fueron saboteados por la decisión de la federación sindical más grande, el CUT controlado por el Partido de los Trabajadores (PT), de decirle a los trabajadores de que se quedaran en casa durante la huelga, así como la decisión de última hora del segundo sindicato más grande, la UGT, de suspender las huelgas planeadas en el transporte público en las principales ciudades. Cuando los bloqueos de carreteras dispersas afectaron las autopistas y avenidas de todo el país, sólo las escuelas y universidades experimentaron grandes paradas, mientras que los bancos y la administración pública se vieron afectados, los pozos petroleros, los puertos y aeropuertos quedaron intactos, y la industria minorista, así como la industria en general, sufrieron sólo efectos menores.

En São Paulo, el presidente del sindicato de conductores de autobuses admitió a la prensa que suspendió la huelga a las 3 de la madrugada después de una simple "solicitud" del alcalde en una reunión celebrada en horas de la madrugada. La "solicitud" se aceptó para no perturbar el partido de apertura del torneo de fútbol de la Copa América el viernes por la noche, cuando Brasil se enfrentó a Bolivia frente al presidente Bolsonaro y a una audiencia adinerada que pagó un precio de boleto promedio equivalente a la mitad de un salario mínimo mensual.

Al final del día, los organizadores de protestas en todo el país reclamaron una asistencia a los mítines que fue menos de la mitad que en las manifestaciones en gran parte espontáneas del 15 de mayo contra la reforma de las pensiones y los recortes a la educación, cuando más de 1 millón de docentes y trabajadores de secundaria salieron a las calles.

Ese era precisamente el objetivo de los organizadores. El 1 de mayo, cuando se anunció la huelga, todas las federaciones sindicales brasileñas organizaron una primera manifestación conjunta en la que los sindicatos nominalmente "opositores" controlados por el PT, el ala maoísta del Partido Comunista (PCdoB) y el Partido Socialista y Libertad (PSOL) pseudoizquierdista se unieron a los líderes de la UGT y la Força Sindical —la tercera federación más grande — por un "frente unido", aun cuando tanto la UGT como la Força Sindical defendió abiertamente la reforma de las pensiones, incluso en el día del propio mitin.

Ricardo Patah, presidente de la UGT, asistió a la manifestación del Primero de Mayo, menos de 24 horas después de conocer a Bolsonaro y prometiéndole que trabajaría para "suavizar" las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno. Patah también se opuso públicamente a la convocatoria de la huelga general.

Por su parte, la oposición fingida del PT a la reforma es contrariada por las acciones de los gobernadores del PT, que son los protagonistas de un espectáculo sucio de cabildeo en el Congreso nacional para aprobar recortes aún más profundos para los trabajadores estatales y municipales —que tienen su propio sistema de pensiones— para no ser forzado a enfrentar la ira de los trabajadores al tratar de aprobar la reforma a través de las legislaturas estatales.

Desde el principio, la tregua de 45 días que los sindicatos dieron al Gobierno fue diseñada para dar suficiente tiempo al Gobierno para las negociaciones de regateo en el Congreso, así como a los esfuerzos de lobby de los gobernadores del PT. Por lo tanto, la huelga se estableció para coincidir con la conclusión del trabajo del panel especial sobre la reforma de las pensiones. Sus organizadores no tenían la intención de movilizar a las masas en las calles como se vio en las protestas espontáneas el mes pasado.

Como era de esperar, cuando el panel especial dio a conocer el informe de la reforma el día anterior a la huelga, el líder de la oposición en la Cámara de Representantes y el miembro del panel Alessandro Molon, del Partido Socialista (PSB), aclamaron las "victorias" impuestas al Gobierno por la oposición, lo que dio como resultado una reforma “mejor”. Lo que aclamó no fue más que la redirección de fondos del Banco Nacional de Fomento (reducción de la inversión) para pagar el mantenimiento de las pensiones para los ancianos pobres y los trabajadores rurales, un esquema crucial de lucha contra la pobreza que permite a los trabajadores rurales y personas mayores sin registros de trabajo formal reclamar beneficios basados solo en la edad.

El discurso de Molon fue completamente teatral: si bien los recortes en las pensiones para los trabajadores rurales y los ancianos pobres generaron una gran revulsión entre los trabajadores, representan solo el 10 por ciento de las "economías" planificadas que se imponen sólo con la reforma federal —excluyendo las reformas estatales y municipales que el PT y otras partes quieren integrarse con él—. Además, el Gobierno había indicado claramente que incluía estos recortes crueles solo para rescindirlos y, por lo tanto, dar a la oposición la capacidad de reclamar una "victoria".

La misma línea fue tomada por oradores en los mítines de huelga, que elogiaron la "unidad" de la oposición y las "victorias" que había obtenido en el Congreso. Sin embargo, en una autoexposición involuntaria en el mitin de São Paulo, el candidato presidencial del PSOL en 2018, Guilherme Boulos, admitió la parálisis y la cobardía de la oposición. Comentó en informes de prensa sobre la falta de manifestaciones por parte de los Trabajadores sin Tierra (MST) vinculados con el PT y de Movimiento de Personas sin Hogar (MTST) que dirige al decir que el Gobierno "estaba anhelando nuestras manifestaciones", pero que "hoy tenían la oportunidad de superar ese anhelo”.

Boulos y otros oradores —incluido el candidato presidencial del PT 2018, Fernando Haddad, y el presidente del partido, Gleisi Hoffmann— se dirigieron a unos pocos miles de partidarios desde un pequeño podio establecido a nivel del suelo, en lugar de a los grandes camiones de sonido que normalmente se utilizan en los mítines.

El contraste entre la "huelga general" controlada por el sindicato y las demostraciones recientes, en gran parte espontáneas, es una evidencia significativa de que esa retórica vacía se está debilitando. Como resultado, los sindicatos son cada vez más desconfiados de perder el control de un movimiento de protesta renovado. Significativamente, la manifestación de São Paulo se dividió formalmente en dos, y una gran parte de la manifestación se negó a escuchar a los políticos del PT.

Este contraste es aún más significativo, dado que la huelga general fue precedida inmediatamente por la publicación de The Intercept de pruebas filtradas de errores judiciales en la investigación de corrupción abarcando todo Lava jato. Los mensajes filtrados revelaron que el actual ministro de justicia de Brasil, Sérgio Moro, quien anteriormente era el principal juez en la investigación, había coludido con la fiscalía. Durante su campaña electoral, Bolsonaro se asoció con Moro y lo elogió por "luchar contra el sistema", ya que él mismo se presentó como la única oposición política al establishment. Más tarde intentó fortalecer ese atractivo populista al nombrar a Moro en su gabinete.

El papel más destacado de Moro fue emitir la sentencia de corrupción que actualmente está siendo atendida por el expresidente del PT Luiz Inácio Lula da Silva. La repulsión popular por las medidas de austeridad y los planes de corrupción desarrollados por el PT en connivencia con todo el establishment político desempeñó un papel decisivo en la elección de Bolsonaro, y Moro fue recompensado con el ministerio de justicia para promover el llamamiento populista de Bolsonaro.

Los mensajes filtrados publicados por The Intercept, sin embargo, retratan a Moro haciendo exactamente lo contrario de "luchar contra el sistema", al dirigir a la fiscalía para evitar un " abrupt perat mundo ", una referencia a la frase latina de que "el mundo caerá, pero se hará justicia”. Como parte de este esfuerzo, se grabó a Moro instruyendo a la Oficina del Procurador General que no presente cargos contra todos aquellos en el establecimiento político contra el cual tenía pruebas y, por otro lado, asesora a los fiscales en la oficina del caso de Lula sobre cómo fortalecer los cargos en su contra.

Los mensajes son una prueba más de que la raíz de la sentencia poco fundamentada de Lula fue un esfuerzo por encubrir las implicaciones más amplias de los escándalos de corrupción que el PT supervisó durante su Gobierno, es decir, "no dejar que el mundo caiga" canalizando la repulsión generalizada sobre el sistema político liderado por el PT en canales seguros y, además, explotarlo para conducir a la política brasileña hacia la derecha.

El PT ha respondido duplicando sus afirmaciones de que Lula es inocente y no tiene responsabilidad por la vasta red de corrupción que se desarrolló bajo el Gobierno del partido, y que la sentencia lo privó de una cierta victoria en las elecciones presidenciales de 2018, a pesar de que esto está desmentido por el hecho de que el PT se abstuviera de pronunciar su nombre en la segunda vuelta, por temor a que una campaña para liberar a Lula fortaleciera a Bolsonaro.

El partido aprovechó las revelaciones de The Intercept para suprimir los asuntos más amplios en las manifestaciones bajo la campaña "Lula libre" y su narrativa reaccionaria de que la manipulación de los medios de la derecha, y no el rechazo generalizado del PT, fue responsable de la victoria de Bolsonaro.

No hay duda de que el sabotaje de la huelga por parte de los sindicatos se llevó a cabo en gran medida sin reconocer que una manifestación masiva de trabajadores no apoyaría tales consignas. El PT es consciente de la percepción generalizada de que el partido fue el responsable de allanar el camino hacia el cada vez más despreciado Bolsonaro y sus políticas fascistas.

Los expertos vinculados al PT han hecho comparaciones entre las recientes demostraciones de maestros y estudiantes y las manifestaciones antigubernamentales de junio de 2013 dirigidas a todo el sistema político. Su objetivo es desacreditar el movimiento de masas emergente contra Bolsonaro. Las protestas de 2013, a las que el entonces gobernante PT respondió con medidas de estado policial, hoy son denunciadas por el partido como nada menos que el comienzo de una "revolución de color" proimperialista contra su gobierno.

Tanto el sabotaje de la huelga general por parte de los sindicatos como el creciente contraste entre las acciones de la oposición oficial y las de amplias capas de trabajadores y jóvenes deben tomarse como una advertencia: el PT, la pseudoizquierda y los sindicatos temen que sean un objetivo tanto de la creciente agitación popular como el propio Bolsonaro, y no se opondrá a la brusca sacudida hacia la derecha de la política brasileña.

(Publicado originalmente en inglés el 20 de junio de 2019)