La represión del régimen hondureño de Juan Orlando Hernández contra las huelgas y manifestaciones masivas que comenzaron el 26 de abril por los esfuerzos de facilitar la privatización de los sectores de educación y salud tomó un giro hacia el uso abierto de violencia letal cuando el ejército comenzó a disparar ráfagas de municiones reales contra las multitudes el miércoles.

Eblin Noel Corea, de 17 años, recibió un disparo letal en una manifestación en el departamento central de La Paz, mientras Luis Antonio Maldonado, de 29 años, falleció de un disparo en la cabeza en Tegucigalpa. Las autoridades hospitalarias en la capital reportaron que al menos 21 manifestantes quedaron heridos ese día, la mayoría por armas de fuego. Reuters y la prensa local reportaron que los fallecidos y heridos fueron el resultado de “la represión del ejército”.

El jueves, la prensa local reportó que dos jóvenes —uno identificado como Eliud Orellana— fueron asesinados a tiros por atacantes no identificados cerca de la ciudad caribeña de Jutiapa, donde los maestros han encabezado las acciones de protesta desde abril.

La brutal represión solo ha alimentado las manifestaciones masivas, mientras que los docentes y doctores continúan sus huelgas, y los bloqueos de calles se construyen y reconstruyen. Se anticipa, además, que el aniversario del golpe militar del 28 de junio de 2009, el cual fue respaldado por el Gobierno de Obama e instaló el régimen del Partido Nacional ahora continuado por Hernández, genere manifestaciones incluso más generalizadas pidiendo el fin del régimen respaldado por EUA.

Los reportes en la prensa corporativa estadounidense esta semana han repetido que el 29 de mayo y el 2 de junio, respectivamente, el portón de la embajada estadounidense y docenas de contenedores y camiones de Dole fueron incendiados presuntamente por manifestantes. La respuesta de los círculos corporativos estadounidenses en defensa de su propiedad y comercio a través del istmo centroamericano ha sido despiadada. Dole suspendió temporalmente los contratos de más de tres mil trabajadores para demostrar su disposición a dejar a pueblos enteros y empobrecidos sin sus medios de subsistencia.

Washington está respaldando abiertamente la represión mortal según crece el temor de que los manifestantes emprendan contra las inversiones estadounidenses. Las privatizaciones, austeridad y la represión están siendo orquestados desde Washington en defensa de los intereses del capital estadounidense y su élite clientelar local.

Los últimos asesinatos siguen las actividades de escuadrones de la muerte secuestrando a manifestantes a plena luz del día más temprano este mes y el hallazgo el 3 de junio del cuerpo sin vida de un joven doctor que estaba participando en las protestas en el departamento occidental de Copán.

Los camioneros se unieron a la huelga y las manifestaciones el lunes, bloqueando la importante carretera CA-5 que conecta la ciudad de San Pedro Sula con la capital, Tegucigalpa. Los transportistas, tanto dueños como empleados, estaban exigiendo tarifas más altas por sus servicios. El jueves, cuando el desabastecimiento de combustible comenzó a expandirse, las organizaciones empresariales en Tegucigalpa exigieron un fin a la huelga. Las asociaciones de camioneros luego alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para poner fin a la acción.

Entre las noches del martes y jueves, cientos de policías antimotines realizaron un paro, después de utilizar gases lacrimógenos y disparar sus armas al aire para expulsar a sus superiores y ocupar la base en Tegucigalpa. Mientras exigían mejoras en sus condiciones y detener la represión, los policías fueron filmados cantando “Fuera JOH”, las iniciales del presidente. Un vocero elegido por los huelguistas se disculpó por la represión y declaró, “No queremos apoyar un Gobierno que no valga la pena”.

En respuesta, la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía amenazó a los huelguistas, señalando que todos habían sido identificados y que serían despedidos, mientras que Hernández respondió desplegando el ejército por todo el país.

El viernes en la mañana, los policías finalizaron su paro, acordando una serie de promesas mínimas y vacías del régimen sobre mejorar la comida y los uniformes, respetar los derechos humanos y no tomar represalias. La policía aceptó presentar sus agravios dentro de los “canales internos” establecidos.

En años recientes, las fuerzas policiales han respondido a las escaladas mortales de represión realizando paros, lo que ha llevado al Gobierno de Hernández, en sociedad con USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, varios centros de pensamiento estadounidenses y firmas como Giuliani Security & Safety (propiedad del abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani), para establecer en 2016 una Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, la cual aparenta ser permanente. Este cuerpo ha despedido a más de 5.200 oficiales basándose en acusaciones de corrupción y abusos a los derechos humanos, mientras que sus representantes viajan frecuentemente a Washington para reportar directamente al Departamento de Estado de EUA.

Criterio informó sobre los temores expresados por los policías en huelga recordando las represalias que siguieron el paro policial en Honduras a fines de 2017 durante la brutal represión que dejó a más de 30 manifestantes muertos durante las protestas contra la elección fraudulenta de Hernández. “Muchos fueron despedidos, otros fueron encarcelados y otros se dieron a la fuga fuera del país”, indica el reporte.

La depuración fue presentada como una respuesta al asesinato ampliamente reportado en marzo de 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, el cual vio a cuatro militares arrestados, dos entrenados por EUA. Sin embargo, ha sido utilizada con un hacha para amenazar los puestos de los policías para prevenir paros. La mayoría de los oficiales vive en las comunidades empobrecidas sometidas a los ataques sociales y las medidas de terror del régimen.

Este objetivo fue revelado explícitamente por las declaraciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad presidido por Hernández y el Gobierno estadounidense. Este órgano aprobó una resolución el jueves respaldando “el proceso de transformación policial y su consolidación” y a la vez agradeció “el apoyo de la cooperación internacional”. La embajada estadounidense en Tegucigalpa, por su parte, tuiteó el miércoles que “ha apoyado firmemente las reformas de la Policía de Honduras”.

Sin embargo, lo más significativo ha sido la llegada a Honduras el viernes del almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de EUA, cual controla las operaciones del Pentágono en América Central y del Sur. La ocasión fue la ceremonia de apertura del despliegue en el país de una fuerza conjunta de propósito especial del Cuerpo de Marines y el Comando Sur.

Esto siguió reportes el jueves por la noche de que hubo un intercambio de fuego, sin resultar en bajas, entre los huelguistas de la policía y la policía militar enviada a patrullar la base policial en Tegucigalpa.

Después de un siglo y medio de control político y saqueo económico imperialistas de Honduras, un país utilizado como plataforma para las operaciones de contrainsurgencia estadounidenses durante las guerras civiles centroamericanas en los años ochenta, la presencia del comandante estadounidense durante la mortal represión en Honduras deben ser vistos como una advertencia de que el imperialismo estadounidense está listo para reanudar sus intervenciones militares directas en su “patio trasero” contra cualquier desafío a sus intereses desde abajo.

Más ampliamente, Washington está convirtiendo a Centroamérica en una prisión de trabajo al aire libre. Después de chantajear a México con amenazas arancelarias, el Gobierno de Trump ha logrado la movilización de miles de tropas mexicanas y la expansión de puestos de control y campos de detención en el sur de México contra los inmigrantes. También ha iniciado despliegues conjuntos de la patrulla fronteriza estadounidense en la policía y los militares guatemaltecos a lo largo de la frontera norte guatemalteca.

Mientras Trump amenaza con comenzar una ola masiva de detenciones y deportaciones de “millones” a partir del domingo en EUA, ha quedado claro que el Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo acordó desplegar sus tropas como una extensión de la patrulla fronteriza estadounidense, sino que también aceptó asumir el papel de administrador colonial. Su Gobierno llegó a acuerdos de “cooperación” durante la última semana con los Gobiernos del Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras— para “sumar esfuerzos para la atención de la migración irregular”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de junio de 2019)