En una decisión sin precedentes, la Universidad de Alicante (UA) accedió a la petición del hijo de un teniente fascista para censurar artículos académicos que vinculaban al padre de este con la represión letal durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Esto sienta un precedente peligroso para censurar investigaciones académicas, lo que le abre las puertas a una revisión a gran escala de la historia del fascismo español.
La semana pasada, la UA acordó de manera provisoria borrar de dos artículos digitales escritos por el profesor Juan Antonio Ríos Carratalá el nombre del teniente Antonio Luis Baena Tocón, quien participara de la represión fascista. Baena fue secretario en el consejo de guerra que condenó a muerte al famoso poeta Miguel Hernández. Otro artículo escrito por Ríos Carratalá, “El caso Diego San José, la sombra de Miguel Hernández y el juez humorista” fue retirado del Repositorio Institucional de la UA.
El régimen fascista dirigido por el general Francisco Franco fue uno de los regímenes más represores de la Europa del siglo XX. Se ejecutó a más de 200.000 hombres y mujeres durante la Guerra Civil, y otros 200.000 murieron en campos de concentración fascistas. Oficialmente, 114.266 personas están clasificadas todavía como “desaparecidas”, es decir, sus cuerpos fueron abandonados o enterrados por unidades paramilitares de la Falange fascista o por el ejército. Cientos de miles de otras personas huyeron de España y permanecieron en el exilio hasta la caída de la dictadura.
Hernández fue un poeta y dramaturgo asociado con la Generación del 27 y la Generación del 36, y se lo reconoce como uno de los grandes poetas españoles. Durante la Guerra Civil, hizo campaña contra las fuerzas fascistas de Franco, alistándose al Quinto Regimiento dirigido por el Partido Comunista, y se unió a la Primera Compañía de Caballería como funcionario de asuntos culturales, leyendo sus poesías a diario por la radio. Viajaba extensivamente, organizando eventos culturales y leyendo su poesía en las primeras líneas de combate a las fuerzas republicanas que luchaban contra los fascistas.
Hernández no escapó de España tras la rendición de la república ante Franco en abril de 1939. Fue arrestado muchas veces después de la guerra por sus simpatías antifascistas. Al final lo condenaron a muerte como “un elemento extremadamente peligroso y despreciable para todos los buenos españoles”. Franco más tarde conmutaría la pena a 30 años de cárcel, para evitar hacer de él un mártir internacional como Federico García Lorca —el célebre poeta, dramaturgo y director de teatro que fue ejecutado por fuerzas fascistas al principio de la guerra civil.
La dureza de las condiciones de su encarcelamiento le pasó factura, sin embargo, y Hernández murió de tuberculosis en 1942, a los 31 años de edad.
Según Ríos Carratalá, Baena Tocón fue una figura secundaria en la represión fascista, pero la apoyaba. Carratalá escribe que Baena Tocón, “la persona que podría haberles contado tanto a los especialistas en la biografía de Miguel Hernández, llevó a cabo una tarea esencial durante el período de postguerra, bajo las órdenes del juez investigador: purgar, vaciar y eliminar la colección de prensa republicana depositada en la biblioteca de Madrid. Su objetivo era buscar ‘crímenes’ cuyas consecuencias pudieran ser la pena de muerte”.
Ahora, sin embargo, Antonio Luis Baena Tocón solo quedará vinculado a través de sus iniciales en los artículos de Ríos Carratalá. El hijo del teniente fascista se quejó en El País: “He encontrado varias falsedades sobre cómo era él y cómo actuó … Lo presentan como un verdugo, aunque fue otra víctima” de Franco.
Esta resolución reaccionaria y antidemocrática tiene consecuencias del más largo alcance. Los fascistas, los estalinistas y los socialdemócratas se inventaron un “Pacto del olvido” con los herederos de Franco cuando el régimen franquista cayó en los '70, recogido en la llamada Ley de Amnistía de 1977, que impide que se juzgue a nadie por la represión fascista. Ahora, en medio de una amplia promoción del franquismo en la élite gobernante española, se les prohíbe a los investigadores que identifiquen a los autores de sus crímenes sangrientos.
Durante la transición a la democracia parlamentaria, el objetivo de los estalinistas y los socialdemócratas en sus acuerdos de bastidores con el régimen franquista era bloquear una toma del poder por la clase trabajadora y reestabilizar el capitalismo en el período tumultuoso tras la muerte de Franco en 1975.
Más de 40 años después, tras décadas de guerra en aumento desde la disolución de la Unión Soviética en 1991 por parte de los estalinistas, y una década de austeridad social draconiana desde la crisis financiera de 2008, el capitalismo español está en una crisis profunda. En medio del desprestigio del duopolio del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) postfranquista y del Partido Popular (PP), la policía reprimió brutalmente el referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017. La élite gobernante estaba por entonces promocinando a Vox, un partido explícitamente franquista vinculado al ejército, concediéndole tiempo en los medios y permitiéndole que se afincara en la política establecida.
Como parte integral de esta ofensiva, la clase gobernante española ahora está buscando suprimir los registros de sus crímenes sangrientos para legitimar el resurgir del fascismo español.
La resolución de la UA viene a apenas semanas de que el Tribunal Supremo español emitiera un fallo en apoyo del golpe fascista de Franco en 1936. Afirmando que el translado de los restos de Franco del “Valle de los Caídos”, un monumento gestionado por el Estado, sería “extraordinariamente perjudicial” para el “interés público”, el tribunal se refirió a Franco como el “jefe del Estado desde el primero de octubre de 1936 hasta su muerte en noviembre de 1975”. Este fallo sin precedentes implica que el Estado considera legítima la declaración de Franco de que él era el jefe del Estado, basada en el lanzamiento de un golpe fascista contra un gobierno elegido.
La resolución de la UA está recibiendo una oposición creciente.
Ana Martínez Rus, profesora de historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid le dijo a eldiario.org: “Estoy muy enfadada … [la resolución] cuestiona nuestra profesión y es otro obstáculo para escribir sobre el régimen de Franco”.
Enumerando todo lo que la resolución cuestiona, Martínez Rus especifica “Libertad de enseñanza y de expresión, rigor científico, práctica historiográfica, el derecho a la información”. Añadió que abre un precedente: “Todos nosotros podemos vernos implicados en un juicio, y no solo sobre la guerra civil, esto puede extenderse a otros tiempos, todo el mundo es descendiente de alguien y tiene apellido. No quieren que sus nombres aparezcan como represores, y nosotros terminamos por no conocer la magnitud. Esto abre la caja de Pandora, nos deja desamparados”.
Ismael Saz, profesor en la Universidad de Valencia, dijo que la resolución es “censura académica, de la peor clase”. Añadió que “trabajamos con personas, no estatuas, con víctimas y represores”.
Saz también vinculó el caso al reciente apoyo a Franco por parte del Tribunal Supremo, diciendo que “Esto pasa a solo 10 días de la resolución del Tribunal Supremo que reconoce al dictador desde el '36. … El franquismo sigue levantando ampollas porque ganaron una guerra, duraron mucho, y durante la transición no hubo ruptura con él”.
La oposición a la censura también fue visible en Twitter. Horas después de que El País publicara la noticia, decenas de miles de usuarios repitieron el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, el nombre de la universidad o el de Miguel Hernández, haciendo de estos términos el Trending Topic en España en esa red social. Muchos usuarios de Twitter enfatizaron que no quieren que se olvide el nombre de Antonio Luis Baena Tocón.
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(Publicado originalmente en inglés el 27 de junio de 2019)