La decisión del Gobierno de Trump de arrogarse el poder de añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020 por medio de una orden presidencial, esquivando el Congreso y la Corte Suprema, marca el inicio de una nueva etapa en la concentración de autoridad política en la rama ejecutiva.

Trump está adoptando la teoría de “ejecutivo único” al anular la separación constitucional de poderes y reclamar la facultad de gobernar por decreto.

La Corte Suprema prohibió que Trump imprimiera los cuestionarios del censo con la pregunta de ciudadanía. El 27 de junio, solo tres días antes de la fecha límite para la impresión, la corte ordenó que el Gobierno eliminara la pregunta, argumentando que la justificación del Gobierno de Trump de que buscaba proteger “el derecho al sufragio” no era más que un pretexto.

El Congreso también expresó oposición a la pregunta de ciudadanía. El mes pasado, la comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes citó al fiscal general William Barr y al secretario de Comercio, Wilbur Ross, para que presentaran documentos relacionados a la decisión del Gobierno de añadir la pregunta sobre ciudadanía al censo. Ambos se rehusaron a responder y la Cámara de Representantes podría votar pronto para sentenciar a ambos oficiales por desacato penal.

Ignorando a la Corte Suprema y la Cámara de Representantes, Trump anunció planes para añadir la pregunta al censo por medio de un decreto presidencial. El 5 de julio, declaró a reporteros en el jardín de la Casa Blanca, “Estamos trabajando en muchas cosas incluyendo una orden ejecutiva”. El lunes, el fiscal general Barr respaldó públicamente la propuesta de Trump, declarando, “El presidente tiene el derecho sobre bases legales”.

Ayer, Trump utilizó Twitter y denunció abiertamente a la Corte Suprema, escribiendo: “Decisiones ‘forzadas’ recientes de la Corte Suprema de Estados Unido, algunas tan simples como permitir la pregunta ‘Eres un ciudadano de Estados Unidos’ en nuestro Reporte del Censo tan caro”.

Como una cuestión legal, el Artículo 1, Sección 2 de la Constitución de Estados Unidos obliga a que la representación se distribuya de acuerdo con un censo nacional decenal y que el Congreso —no el presidente— es responsable de llevarlo a cabo “de forma que sea guiado por la Ley”. La Constitución prohíbe al presidente hacer sus propias leyes y ninguna corte le ha dado al presidente el poder de aplicar leyes que contradigan la intención del Congreso o las interpretaciones judiciales.

Si Trump emitiera la orden, posiblemente provocará una confrontación dramática entre la rama ejecutiva y la judicial. Como lo señaló en Altantic el 8 de julio el profesor de Derecho en la Universidad de Baltimore, Garrett Epps, las cortes rechazarán casi seguramente la legalidad de la orden de Trump. “Y aquí es donde el tono recalcitrante de Trump se vuelve más espeluznante”, escribió. “Porque el siguiente paso lógico sería afirmar que el ejecutivo puede ignorar a la Corte”.

A lo largo de su Presidencia, Trump y sus asesores fascistas han operado según una estrategia política calculada. Mientras su Gobierno se tropieza de crisis en crisis, Trump responde empujando los límites de las formas legales democráticas, poniendo a prueba su propia fuerza y apelando a una base de apoyo ultraderechista relativamente pequeña.

Al carecer de apoyo popular, su principal ventaja es la irresponsable falta de carácter del Partido Demócrata, cuyo registro es uno de total aquiescencia a los intensificados ataques de Trump contra los principios democráticos básicos.

Cuando Trump proclamó su veto a viajantes de países musulmanes, los demócratas suprimieron las protestas nacionales y encauzaron la oposición detrás de las elecciones de mitad de término en 2018. Cuando declaró una emergencia nacional y desplegó miles de tropas a la frontera, los demócratas aceptaron la medida sin una lucha. Cuando usurpó los poderes del Congreso apropiándose del dinero del Pentágono para fundar el despliegue y construir su muro fronterizo, los demócratas aceptaron la decisión y procedieron a votar a favor de rellenar los fondos militaras utilizados en la frontera.

Cuando Trump reclamó el poder de anular los resultados electorales o cancelar las elecciones en su conjunto, los demócratas han minimizado tales declaraciones como “bromas”. Mientras los guardias fronterizos abusan sistemáticamente a los niños inmigrantes detenidos bajo las sugerencias de Trump, los demócratas responden dándole a la Gestapo de inmigración estadounidense $4,9 mil millones más para expandir su represión.

Después de que Trump colocara tanques en las calles de Washington D.C. y transformó la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio, en un tributo autoritario al ejército, la prensa demócrata elogió el discurso de Trump como una apelación estatista a la “unidad nacional”.

Las maniobras provocativas de Trump han generado una amplia oposición en un país fundado en una revolución contra el gobierno de un rey. Hubo protestas espontáneas en docenas de lugares en todo el país la semana pasada cuando fotos divulgadas de los inmigrantes muertos y los niños en jaulas generaron una sensación de vergüenza nacional.

Pero incluso cuando crece la revulsión popular por sus políticas derechistas, Trump es capaz de violar normas constitucionales básicas con cada vez menos resistencia desde la élite política. El presidente que perdió el voto popular por el mayor margen de cualquier presidente electo en la historia de EUA es capaz de arrogarse mayores a los de incluso sus predecesores más populares. Esto lo ha logrado sin ninguna oposición por parte del Partido Demócrata, a pesar de controlar la Cámara de Representantes y encabezar todas las encuestas presidenciales de 2020.

¿A qué se debe esta aparente contradicción?

Tanto la marcha de Trump hacia la dictadura y la aquiescencia de los demócratas están determinados objetivamente por la crisis prolongada del capitalismo estadounidense, enraizado a su vez en el debilitamiento de la posición económica y geopolítica del imperialismo estadounidense y el inmenso aumento de la desigualdad social.

Tres milmillonarios controlan tanta riqueza como los 160 millones de personas más pobres en Estados Unidos. A nivel global, una docena de magnates controlan más que la mitad de la población —3,7 mil millones de personas—. Las formas democráticas de gobierno son incompatibles con tales niveles de desigualdad.

En una conferencia del 3 de diciembre de 2000, en la velada del fallo de la Corte Suprema en el caso Bush v. Gore, el presidente nacional del Partido Socialista por la Igualdad (EUA) explicó que la decisión de la corte revelaría “lo lejos que la clase gobernante estadounidense está preparada a ir en romper con las normas tradicionales burgueses-democráticas y constitucionales”. La mayoría de la corte adoptó el curso más extremo de acción al aprobar el fraude electoral de Bush. Declaró que el pueblo estadounidense no tiene derecho a votar por el presidente.

El PSI explicó que el robo de la elección que la corte había aprobado y la falta de oposición por parte del Partido Demócrata y el resto del aparato político y mediático demostraba que no existía un apoyo político significativo dentro de la clase gobernante por la defensa de los derechos democráticos.

Las acciones del Gobierno de Trump confirman esta perspectiva y muestran que este proceso está mucho más avanzado hoy. Los periódicos burgueses de todo el mundo están advirtiendo sobre las “horquetas” y “guillotinas” —sus palabras temerosas para referirse a una revolución social—. En Francia, el estado de emergencia ha sido utilizado para criminalizar a los “chalecos amarillos”. En Francia, las agencias de inteligencia están conspirando con neonazis para aterrorizar a la población y facilitar el resurgimiento del militarismo alemán.

En Estados Unidos, los demócratas utilizaron extensamente el poder ejecutivo bajo el presidente Obama, incluyendo el último paso —asesinar a un ciudadano estadounidense, Anwarl al-Awlaki, y a su hijo de 16 años sin una orden judicial ni un juicio—. Todas las facciones de la élite gobernante están exigiendo que Julian Assange sea encarcelado por exponer crímenes de guerra estadounidenses.

Los demócratas están petrificados ante la posibilidad de que crezcan tanto la oposición social como el interés en el socialismo. Aceptan las medidas dictatoriales de Trump por ser preferibles a realizar acciones que arriesguen movilizar el enojo popular. Sus ataques contra Trump no están arraigados en una oposición a sus políticas fascistizantes y sus ataques contra los inmigrantes y trabajadores, sino en apelaciones al ejército y a las agencias de inteligencia y en un militarismo antirruso y antichino. Ellos también están preparando al aparato estatal para la supresión violenta de la lucha de clases.

La clase obrera, contra la cual se dirigen estas medidas, es la única fuerza social que puede encabezar la lucha contra la dictadura, las guerras y el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de julio de 2019)