Hoy, la administración Trump está implementando una "regla final provisional" redactada por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos que cerrarán de manera efectiva la frontera sur de los Estados Unidos para hombres, mujeres y niños que buscan asilo por violencia y represión en América Central y más allá.
En otra afirmación de poder ejecutivo sin trabas, el decreto de asilo de Trump pisotea a las leyes internacionales y de los EE UU.
La regla provisional ordena a los funcionarios de la frontera de los Estados Unidos que nieguen el asilo de manera sumaria a cualquier persona que “ingrese o intente ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera del sur después de no solicitar la protección en un tercer país fuera del país de ciudadanía, nacionalidad o la última residencia habitual del extranjero a través de la cual el extranjero transitó en ruta a los Estados Unidos".
Esto significa que a los que intentan solicitar asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos simplemente se les preguntará si solicitaron asilo en México o Guatemala y, si dicen que no, serán rechazados. Mientras tanto, los que cruzan el río Bravo y el desierto y se entregan a la patrulla fronteriza serán deportados por el mismo motivo sin ninguna apariencia de debido proceso.
La medida representa un ajuste cualitativo de políticas de inmigración ya draconianas y crueles implementadas por la administración Trump. Esto incluye una orden de "permanecer en México" que ha obligado a los inmigrantes que buscan asilo en los EE UU a permanecer en las ciudades fronterizas de México hasta que sus casos se resuelvan, sin vivienda, alimentos o servicios adecuados, y presa de la violencia generalizada.
El texto del orden provisional es una burla de los principios legales —por no mencionar los democráticos. Su argumento principal es que el número de familias y niños que llegan a la frontera de los Estados Unidos ha generado demasiada tensión en los departamentos que emitieron el nuevo fallo y, en respuesta, simplemente van a imponer una negación general de asilo.
"Deteniendo la gran cantidad de extranjeros que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos y procesan sus solicitudes de temor-creíble y asilo consumen una cantidad excesiva de recursos de los Departamentos", afirma.
William Barr, el procurador general de la derecha y aduladora de Trump, presentó una justificación similar al decir que Estados Unidos estaba "completamente abrumado" por el flujo de migrantes a su frontera sur. Afirmó que la nueva regla era un "ejercicio legal de autoridad".
Esta es una mentira. La regla de Trump aboroga una ley promulgada por el Congreso, la Ley de Refugiados de 1980, que permite a los Estados Unidos enviar a los solicitantes de asilo de vuelta a un "tercer país seguro" solo si existe un acuerdo bilateral o multilateral que garantice dicha transferencia. Tal acuerdo existe entre los Estados Unidos y Canadá.
La ley de 1980 fue promulgada para cumplir con las leyes internacionales que rigen el tratamiento de los refugiados, leyes redactadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial en respuesta a la negación criminal de asilo a los judíos que fueron enviados de regreso a los campos de exterminio de Hitler.
Trump había presionado a México para que aceptara un acuerdo de "tercero seguro" en junio. Amenazó con castigar y subir las tarifas a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos por un valor de $350 mil millones, a menos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador brindara una colaboración más directa para implementar la agenda fascistizante antiinmigrante de la Casa Blanca.
A pesar de sus pretensiones "izquierdistas", López Obrador ha cumplido ampliamente con el despliegue de la recién creada Guardia Nacional de México en las fronteras sur y norte de México para detener el flujo de migrantes, el aumento de las deportaciones y emplear métodos de redadas y violencia. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno mexicano se ha negado a firmar un acuerdo de "tercer país seguro" con los EE UU, a pesar de las afirmaciones del gobierno de Trump en junio de que tenía un acuerdo de ese tipo.
La idea de que México podría servir como tal país es absurda. Los migrantes son sometidos regularmente a violencia, violación y asesinato. Los medios mexicanos publicaron recientemente una foto de un padre y su hijo apuñalados y dejados a morir en Morelos, que recordaba la imagen cruda del padre e hija salvadoreños que se ahogaron en el Río Grande. La agencia mexicana encargada con tratar a los refugiados, mientras tanto, tuvo su presupuesto para 2019 reducido un 20 por ciento a solo $1.1 millones.
La idea de que Guatemala podría servir como un "tercer país seguro" es aún más grotesca. La tasa de homicidios del país es superior a la cifra de muertos en Irak y Afganistán.
Parece que la implementación de la nueva regla contra el asilo se había programado para coincidir con una reunión de la Casa Blanca el lunes entre Trump y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, donde se debía firmar el acuerdo de "tercer país seguro". Sin embargo, Morales canceló la reunión en el último momento después de que el Tribunal Superior de Guatemala emitió una orden judicial el domingo por la noche debido a que cualquier acuerdo de este tipo tendría que ser aprobado por la legislatura del país.
El desafío fue presentado por un grupo de exministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, uno de los cuales dijo a los medios de comunicación que convertiría al país en "el campo de concentración más grande de la historia". También ambos candidatos de la derecha quienes buscan suceder a Morales en una elección presidencial de segunda ronda el próximo mes, se han opuesto a un acuerdo.
El acuerdo hubiera permitido a los Estados Unidos enviar a Guatemala no solo a los centroamericanos, sino también a los haitianos, africanos y asiáticos del sur que se encuentran en la frontera sur de los Estados Unidos.
Hacer de Guatemala un "tercer país seguro" detendría de manera efectiva el flujo de refugiados de El Salvador y Honduras que deben pasar por el país. Presumiblemente, a los guatemaltecos, que también están huyendo de la violencia y la represión de un estado rabiosamente corrupto, se les negaría el asilo en los EE UU debido a que no se presentaron en México.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Trump, Kevin McAleenan, afirmó que la nueva regla "ayudaría a reducir un importante factor de ‘atracción’ que impulsa la migración ilegal".
La reducción del "factor de atracción" es un objetivo que se persigue a través de la flagrante brutalización de los inmigrantes y refugiados, que han sido amontonados en jaulas en la frontera y se les ha negado alimentación y saneamiento adecuado.
Lo que se ignora en la promulgación de estas políticas es el "factor de empuje", que son las condiciones de violencia, pobreza y corrupción gubernamental creadas en Centroamérica por más de un siglo de opresión imperialista estadounidense. Esto incluye las violentas guerras civiles emprendidas con el apoyo de los EE UU y las dictaduras militares impuestas con el respaldo de Washington, que causaron la muerte de cientos de miles de civiles. En Guatemala, el régimen militar respaldado por Estados Unidos emprendió una campaña genocida para eliminar a poblaciones indígenas enteras.
La influencia maligna de Washington ha continuado ininterrumpidamente, con el gobierno de Obama y la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, respaldando un golpe de estado en Honduras en 2009 que llevó a una dramática escalada de violencia en ese país.
La violación del derecho al asilo por parte de la administración Trump se produjo en medio de manifestaciones masivas en los Estados Unidos en oposición a la amenaza de redadas de inmigración al estilo estado-policial que debían haber comenzado el domingo.
El lunes, Trump dijo a los reporteros en el jardín de la Casa Blanca que "las redadas de ICE fueron muy exitosas", y agregó que "muchas, muchas fueron eliminadas el domingo, simplemente no lo sabían".
Sin embargo, no hubo indicios de que realmente ocurrieron redadas masivas, y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional informaron a algunos en los medios de comunicación que solo un “puñado” de inmigrantes habían sido detenidos.
Sin duda, hubo consideraciones tácticas en la decisión de no lanzar redadas masivas bajo condiciones en las que la exaltación de la Casa Blanca por parte de la represión había colocado a inmigrantes y sectores más amplios de la población en alerta. En algunos casos donde hubo redadas, se encontraron con la resistencia de los vecinos de los atacados.
La amplia oposición a las políticas racistas y xenófobas antiinmigrantes de la administración Trump, sin embargo, no encuentra expresión dentro de la configuración política existente. El Partido Demócrata es completamente cómplice en la represión, ya que ha proporcionado la mayoría de los votos demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado para aprobar un proyecto de ley de apropiación de emergencia de $4.6 mil millones para construir una red de campos de concentración de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos y México.
Mientras tanto, los demócratas están patrocinando un proyecto de ley, el Triángulo Norte y la Ley de Estabilización de Fronteras, que tendría el mismo efecto que el edicto contra el asilo de Trump, creando "centros de procesamiento" para los refugiados en los países de América Central que están huyendo para evitar que lleguen a la frontera de Estados Unidos.
El repudio por parte de la administración Trump de las leyes de los EE UU e internacionales para reprimir a los refugiados vulnerables en la frontera sur de los EE UU, mientras intenta provocar el odio racista y xenófobo contra ellos, es parte de un ataque más amplio contra todas las formas democráticas de gobierno. Se están preparando métodos de violencia estatal policiaco contra toda la clase obrera para defender la riqueza y el privilegio de la elite gobernante de Estados Unidos contra la creciente ola de lucha de clases.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de julio de 2019)