La decisión del Gobierno israelí el jueves de bloquear la visita a Israel y Cisjordania de las congresistas estadounidenses Rashida Tlaib e Ilhan Omar es un ataque autoritario contra los derechos democráticos, el cual fue llevado a cabo por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu bajo la dirección del presidente estadounidense, Donald Trump, contra dos legisladoras críticas, en violación de las normas constitucionales de EUA.
El jueves, el presidente Trump denunció la visita planeada de Tlaib y Omar en un tuit repleto de mentiras descaradas. Alegó que ambas diputadas “odian Israel y a todas las personas judías y no se puede decir ni hacer nada para hacer las cambiar de parecer”. Advirtió: “Sería una muestra de gran debilidad si Israel permite la visita de las diputadas Omar y Tlaib”.
El gabinete interior israelí acató el mensaje en una reunión pocos minutos después. Anuló una decisión previa y optó por bloquear la entrada de Tlaib y Omar en Israel o los territorios que ocupa, como Cisjordania y Jerusalén Este.
Trump y Netanyahu no solo están unidos por la relación entre un patrón imperialista y su régimen títere, por importante que sea, sino por una estrategia política común. Ambos están buscando apuntalar sus Gobiernos derechistas en crisis uniendo sus causas con elementos fascistas en sus países respectivos —para Netanyahu, los colonos de Cisjordania y secciones del ejército, y para Trump, los supremacistas blancos, copensadores e inspiradores del atacante de El Paso—.
La prensa israelí ya tomó nota de la hipocresía desvergonzada del rechazo de entrada de Omar y Tlaib por parte de Netanyahu, quien ha dado una bienvenida efusiva a antisemitas derechistas como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el primer ministro adjunto italiano —y Mussolini en potencia— Matteo Salvini.
Esta serie de eventos tiene implicaciones amenazantes. El presidente de Estados Unidos no tiene autoridad alguna sobre los miembros del Congreso, quienes conforman una rama de igual estatus del Gobierno según la Constitución. Ningún otro presidente estadounidense ha buscado bloquear los viajes de senadores o diputados.
El mes pasado, Trump emprendió contra Tlaib, Ombar y dos otras diputadas, Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna Pressley, denunciándolas como “socialistas” que “odian nuestro país”. Declaró que todo aquel que critique el Gobierno “tiene bienvenido irse. Si no aman Estados Unidos, díganles que se vayan”.
El ataque involucraba la amenaza de que los críticos de las políticas de la clase gobernante estadounidense deberían ser deportados a la fuerza. Trump ahora ha procedido a prevenir que las mismas personas viajen libremente de acuerdo con el derecho internacional. El siguiente paso bien podría ser intentar prevenirles que reingresen en Estados Unidos.
En cuanto a los demócratas, si acaso tuvieron la energía suficiente para condenar una violación sin precedentes de la Constitución contra dos de sus diputadas en el Congreso. La declaración de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue típica de la respuesta, comenzando con una declaración de su amor hacia Israel y su “profundo pesar” por las acciones y declaraciones que “no estuvieron a la altura de la dignidad del gran Estado de Israel” ni de “la dignidad de la Oficina de la Presidencia”.
En marzo, los diputados demócratas introdujeron una resolución que condena tácitamente los comentarios de Omar críticos de Israel y del lobby israelí en Estados Unidos. El documento califica tales críticas como “antisemitas” y capitula a la caza de brujas derechista contra el invento de que está creciendo el “antisemitismo de izquierda”. La Cámara de Representantes aprobó una versión modificada de dicha resolución.
El mugriento New York Times, la publicación semioficial del Partido Demócrata publicó un artículo de opinión de Michelle Goldberg el 8 de marzo que atacó a Omar por haber “invocado” los “ataques tradicionales” antisemitas, incluyendo que “los judíos emplean poderes semiocultos que controlan los eventos mundiales; manipulan a los desafortunados gentiles con su dinero; y que los judíos en la diáspora son desleales a los países en los que viven”.
Esto es parte de un patrón común. En un episodio tras otro a lo largo del año, Trump ha desafiado las normas constitucionales, mientras que los demócratas se dedican a cada paso a encubrir el significado de las medidas cada vez más autoritarias del Gobierno.
En diciembre, Trump fraguó un cierre parcial del Gobierno federal para obligar al Congreso a proveerle fondos para construir su muro a lo largo de la frontera entre EUA y México. Cuando falló este chantaje, Trump alcanzó un acuerdo para reabrir el Gobierno, declarando prontamente un estado de emergencia en la región fronteriza y utilizando eso como justificación para transferir fondos asignados por el Congreso para otros propósitos para financiar su muro.
Trump despidió a su secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a varios oficiales de menor rango del DHS porque se resistieron a llevar a cabo redadas masivas contra comunidades inmigrantes. DHS y varias otras agencias federales están dirigidas por oficiales “en funciones”, nombrados por Trump pero nunca confirmados por el Senado, socavando el control legislativo consagrado en la Constitución.
Los demócratas han respondido a los ataques fascistizantes de Trump contra los inmigrantes aprobando a fines de junio un proyecto de ley que asigna $4,6 mil millones para financiar los campos de concentración del Gobierno. Luego aprobaron un presupuesto gubernamental con un monto récord de $738 mil millones para el ejército estadounidense.
El Gobierno procedió con un plan provocativo de cambiar las fiestas del Día de la Independencia, el 4 de julio, en Washington. Transformando una festividad no partidista en una ceremonia militarista para celebrar su papel como “comandante en jefe”. Los demócratas respondieron en gran medida aclamando el mensaje de “unidad” de Trump en su discurso del 4 de julio, al tiempo que criticaron a la Administración por “politizar” el ejército.
Durante los meses iniciales de la campaña presidencial de 2020, Trump ha sugerido varias veces que las elecciones de 2020 deberían cancelarse —por su supuesto apoyo popular masivo— y que debería perseguir un tercero o cuarto término en la Casa Blanca, desafiando el límite de dos términos de cuatro años estipulado por la Decimosegunda Enmienda a la Constitución.
Trump ha decidido claramente basar su estrategia política en estos tres temas —el envilecimiento racista de los inmigrantes y las minorías, la glorificación del ejército y la policía y las diatribas anticomunistas contra el socialismo—, combinándolos como una apelación definidamente fascistizante, tanto para la campaña electoral de 2020 y ante cualquier crisis política que acontezca.
Las acciones del Gobierno de Trump no emergen meramente de la cabeza de Donald Trump. Son una expresión de la degeneración profunda de las formas democráticas de gobierno en Estados Unidos, producidas por una desigualdad social sin precedentes y guerras interminables. La oposición no vendrá del Partido Demócrata, sino de la movilización de la clase obrera en contra de este partido y todo el sistema capitalista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de agosto de 2019)
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