Mujer salvadoreña exonerada tras sentencia de 30 años por muerte fetal

por Andrea Lobo
22 agosto 2019

Un juez salvadoreño exoneró a Evelyn Beatriz Hernández de 21 años, en un nuevo juicio el lunes después de haber sido sentenciada a 30 años de prisión en 2017 bajo un cargo de homicidio agravado por muerte fetal un año antes.

Al salir de la corte después del infierno que sufrió durante más de tres años, Hernández dijo a los periodistas entre sollozos: "Gracias a Dios se hizo justicia y les agradezco a todos ustedes que han estado presentes, a mi madre que me acompañó en todo. Yo era inocente”.

Sin embargo, la decisión, que se basó en irregularidades en el caso de la fiscalía, de ninguna manera refleja un alejamiento de las leyes antiabortistas más draconianas del mundo, que continuaron siendo aplicadas por el “progresista” Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó entre 2009 y 2019. Ahora, bajo el presidente exefemelenista, Nayib Bukele, quien también se opone a este derecho democrático básico, toda la élite política burguesa se está desviando más hacia la derecha.

Hernández, que vivía en una zona rural empobrecida en el este de El Salvador, alegó que fue violada por un miembro de una pandilla cuando tenía 18 años. No denunció el incidente por temor a represalias.

Pasaron casi nueve meses sin que Hernández supiera que estaba embarazada, hasta que tuvo un aborto espontáneo en la casa donde trabajaba como empleada doméstica. En ese momento también estaba estudiando enfermería.

El embarazo no condujo a un parto saludable debido a la inhalación de sustancias tóxicas, posiblemente por el trabajo de Hernández, según los médicos forenses en el juicio. Debido al sangrado abundante, la joven se desmayó y fue llevada a un hospital público, donde fue entregada a la policía.

A pesar del testimonio de los testigos que confirmaron su versión, los fiscales estatales afirmaron que Hernández había abortado deliberadamente al feto y había ido a su casa a dejar los restos en un tanque séptico. Fue acusada de asesinato y después de su primer juicio sentenciada a 30 años en una prisión para mujeres en la capital, San Salvador.

Su abogado apeló a la Corte Suprema, que reconoció las irregularidades en el caso y ordenó un nuevo juicio. La Fiscalía exigió una sentencia de 40 años, pero el fallo final exoneró a Hernández por completo.

El derecho democrático al aborto es una cuestión de clase y expone el carácter antiobrero de las organizaciones políticas que se oponen a él. Un estudio de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador encontró que, de las 129 mujeres procesadas por aborto entre 2000 y 2011, el 51 por ciento no tenía ingresos estables y el 32 por ciento tenía un nivel de ingresos "muy bajo".

Según lo descrito por una especialista salvadoreña entrevistada por la BBC, "La que tiene dinero ... ni siquiera creo que se lo haga aquí en el país. Y si lo hace, seguramente tiene cómo pagar para que se haga en mejores condiciones. Esa no se complica, no llega al hospital público, no es reportada, no es juzgada. Así son las injusticias y la desigualdad social".

Desde 1997, El Salvador ha sido parte de un grupo selecto de países compuesto por Nicaragua, República Dominicana y la Ciudad del Vaticano que prohíben el procedimiento en todas las circunstancias.

La ONU ha concluido que esta legislación ha contribuido directamente a la alta tasa de mortalidad materna, con el aborto entre las diez principales causas de mortalidad femenina en el país, así como a los embarazos adolescentes.

Cuando se modificó el código penal en 1997 para prohibir todos los abortos, la minoría del FMLN en la Asamblea Legislativa votó como un bloque contra el cambio. Sin embargo, después de desmovilizarse como movimiento guerrillero en 1992 y convertirse en un partido político burgués, el FMLN abandonó cualquier pretensión de lucha contra las políticas conservadoras y proempresariales de la oligarquía financiera y terrateniente local, incluidas las privatizaciones y la austeridad dictadas por Wall Street.

Esta transformación de un aparato guerrillero nacionalista pequeñoburgués en una parte integral del Estado burgués vio un cambio hacia el apoyo a los ataques contra los derechos democráticos como un reflejo consciente de los intereses de la clase capitalista que tenían encargado defender contra los trabajadores y campesinos. Esto incluyó un cambio en su posición hacia el aborto, junto con el fomento abierto de la reacción y los prejuicios religiosos, que históricamente han sido utilizados por las clases propietarias para subyugar ideológicamente a las masas e imponer condiciones sociales intolerables.

Durante la guerra civil, aproximadamente una tercera parte de la dirección del FMLN estaba compuesta por mujeres, muchas de las cuales eran defensoras abiertas del aborto. Sin embargo, como explica la historiadora María Angélica Peñas Defago, varias líderes femeninas del FMLN fundarían ONG conservadoras y antiaborto durante la siguiente década. Cuando la prohibición del aborto fue sometida nuevamente a votación en 1999, los líderes del FMLN declararon que "no era una cuestión política, sino de conciencia".

Varios legisladores del FMLN votaron en contra del derecho al aborto, y David Rodríguez argumentó en ese momento: “Como salvadoreño, como revolucionario y como cristiano, siempre he tenido un profundo respeto por la persona humana, porque por los principios cristianos para mí el ser humano es el rey de la creación, es hecho a imagen de Dios".

Una vez en el poder, el FMLN hizo cumplir la ley antiaborto a pesar de la oposición popular masiva. Una encuesta de 2017 encontró que el 79 por ciento de los salvadoreños apoya una legislación menos severa con respecto al aborto, mientras que una campaña en 2015 reunió 300.000 firmas para despenalizarlo por completo.

Existe un gran número de historias de terror como la de Evelyn Hernández como resultado de la prohibición del aborto.

Guillermo Ortiz, médico del Hospital Nacional de Maternidad, describió a la BBC el caso de Beatriz, una joven de 22 años con una enfermedad inmunológica potencialmente mortal que se empeoraba por el embarazo de un feto con anencefalia (sin cerebro). La Corte Suprema la obligó a terminar su embarazo, y el recién nacido murió 5 horas después. "Esa angustia de acostarse sabiendo que lo que lleva en el vientre se mueve pero que no sobrevivirá y que ella puede morir en el proceso", dijo Ortiz, "es injusto someter a las mujeres a esas torturas emocionales".

Miles de abortos clandestinos todavía ocurren cada año en El Salvador, y la Organización Mundial de la Salud estima que el 11 por ciento de ellos le cuesta la vida a la niña o la mujer. Al menos diecisiete mujeres han sido condenadas a penas de prisión por abortos involuntarios.

El FMLN de ninguna manera es una rareza en la gama más amplia de movimientos "progresistas" que llegaron al poder desde el cambio de siglo en América Latina, todos los cuales han mantenido prohibiciones reaccionarias similares, excepto el Frente Amplio uruguayo, que legalizó el aborto en 2012:

· En Nicaragua, el exguerrillero Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) regresó al poder en 2007 en una coalición con la Iglesia Católica, prometiendo defender una ley aprobada el año anterior que prohibió los abortos en todas las circunstancias bajo pena de hasta 10 años en prisión tanto para pacientes como para médicos.

· En Chile, una prohibición general similar implementada por la dictadura de Pinochet se mantuvo en pie a través de varios Gobiernos liderados por el Partido Socialista y apoyados por el Partido Comunista. Hasta enero de 2018, dos meses antes de entregar el poder al Gobierno abiertamente de derecha de Sebastián Piñera, la presidenta del PS, Michelle Bachelet, permitió los abortos en circunstancias limitadas: si la vida de la madre está en riesgo, si el feto no sobrevivirá, y en el caso de violación durante las primeras 12 semanas de embarazo.

· En Argentina, los Gobiernos de Ernesto Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner mantuvieron la prohibición del aborto, y Fernández se declaró en contra del derecho al aborto repetidamente durante su mandato.

· En Brasil, después de que el Partido de los Trabajadores (PT) eliminara cualquier mención del aborto de su plataforma en las elecciones de 1994, los Gobiernos del PT no cambiaron la legislación existente, que prohíbe los abortos, con penas de prisión de hasta 3 años, excepto en casos de violación, riesgos para la vida de la mujer y anencefalia.

· Rafael Correa, de Ecuador, amenazó con renunciar en 2013 si la prohibición del aborto, excepto si el embarazo amenaza la vida de la mujer, se debilita. En 2017, el Gobierno rechazó los llamamientos de la ONU para legalizar el aborto en casos de violación y sentenció a 62 mujeres a prisión.

· En Paraguay, donde una cuarta parte de todas las muertes de mujeres jóvenes son el resultado de abortos ilegales, la única excepción a la prohibición es en los casos en que la vida de la mujer está en peligro. El obispo católico de "izquierda" Fernando Lugo, en el poder entre 2008 y 2012, mantuvo la ley vigente.

· El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder el año pasado en una coalición con el evangélico y derechista Partido Encuentro Social. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, declaró que la despenalización del aborto "es un debate que no debemos abrir".

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de agosto de 2019)