El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido reiteradamente a sus funcionarios de seguridad nacional y altos comandantes militares que elaboren planes para un bloqueo naval estadounidense de Venezuela para evitar que entren o salgan bienes del país.

Tal intervención militar ilegal se sumaría a un conjunto de sanciones unilaterales de Estados Unidos que ya equivalen a un embargo efectivo, equivalente a un acto de guerra.

A principios de este mes, según Reuters, cuando un periodista le preguntó si estaba considerando un embargo naval, respondió: "Sí, lo estoy considerando", sin dar detalles sobre sus planes.

Citando a cinco funcionarios de la Administración no identificados, el sitio web de noticias Axios informó que Trump ha estado argumentando a favor de un bloqueo durante el último año y medio. Los funcionarios del Pentágono han sido amables con la propuesta, considerando que sellar la costa de 2.700 kilómetros de Venezuela no es práctico y requiere un despliegue importante de buques de guerra, cuya disponibilidad es reducida dadas las acumulaciones militares simultáneas de Estados Unidos contra Irán y China.

"Literalmente dijo que deberíamos sacar los barcos y hacer un embargo naval", dijo un funcionario a Axios. "Evitar que todo entre".

"Supongo que está pensando en la crisis de los misiles cubanos", agregó la fuente no identificada. “Pero Cuba es una isla y Venezuela es una costa enorme. Y en Cuba sabíamos lo que estábamos tratando de evitar que ingresara. Pero ¿de qué estamos hablando? Necesitaría cantidades masivas de recursos; probablemente más de lo que la Armada estadounidense pueda proporcionar".

La agitación a favor de una "opción militar" plausible refleja la creciente frustración de la Casa Blanca por el fracaso de su operación de cambio de régimen iniciada en enero pasado con la autojuramentación del virtualmente desconocido político opositor de derecha Juan Guaidó como "presidente interino" y su rápido reconocimiento por parte de Washington y sus aliados.

Las repetidas provocaciones y los llamamientos a favor de un golpe militar no han logrado el resultado deseado de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro e instalar un régimen títere estadounidense que asegure el control de Washington sobre las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, al tiempo en que busca negárselas a los actuales y principales socios económicos del país, China y Rusia.

El fiasco de Guaidó de intentar un golpe de Estado el 30 de abril no produjo una fisura significativa en el ejército venezolano, la columna vertebral del Gobierno de Maduro y el llamado "socialismo bolivariano". Desde entonces, sus fortunas políticas se han desplomado. Washington ha demostrado ser incapaz de movilizar un apoyo popular masivo detrás de Guaidó para lograr su objetivo de cambio de régimen.

Existe una amplia oposición y enojo contra el Gobierno de Maduro, que ha puesto toda la carga de la crisis del país sobre las espaldas de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, ha defendido los intereses de lucro del capital nacional y extranjero, así como la riqueza y los privilegios de la boliburguesía, una capa corrupta de funcionarios gubernamentales, oficiales militares, financistas y contratistas que se han enriquecido a través de una corrupción total.

Sin embargo, los trabajadores también reconocen a Guaidó y a los partidos de derecha y financiados por Estados Unidos con los que está aliado como sus enemigos de clase desde hace mucho tiempo.

Mientras amenaza con una acción militar, Washington ha tallado severamente la soga económica que ha colocado alrededor de Venezuela con el objetivo de literalmente hacer que la población del país se someta. Implementó las medidas más punitivas hasta el momento con una orden ejecutiva del 5 de agosto firmada por Trump, quien invocó leyes federales que otorgan poderes de emergencia al presidente de los Estados Unidos ante una crisis extrema. Obama tomó acciones similares, clasificando las relaciones de Estados Unidos con Venezuela como una "emergencia nacional".

La orden impuso un congelamiento de todos los activos venezolanos, mientras amenazaba a cualquiera que mantuviese cualquier tipo de relación económica con el Gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal. Además de las medidas que niegan el acceso de Venezuela a los mercados de capital y consumo controlados por EUA, el objetivo de la orden es detener toda la economía del país, al tiempo que niega alimentos y necesidades básicas a su población.

El impacto de las nuevas sanciones se expresó esta semana en informes de que la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), propiedad del Estado chino, detuvo los envíos de petróleo para agosto. Según los informes, la CNPC, uno de los principales clientes e inversores de Venezuela, tomó la acción por temor a verse golpeada por sanciones secundarias de Estados Unidos.

Del mismo modo, el banco más grande de Turquía ha detenido sus relaciones con el Banco Central de Venezuela.

Incluso al imponer estas amplias sanciones destinadas a separar la economía de Venezuela del resto del mundo, la Administración de Trump aprobó una exención para Chevron Oil, que participa en inversiones conjuntas con la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que produce aproximadamente 200,000 barriles de petróleo por día. Se otorgaron exenciones similares a las compañías de servicios petroleros Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes de General Electric y Weatherford International. El Gobierno de Maduro no ha tomado medidas para tomar represalias contra el estado de sitio económico de Washington al nacionalizar la propiedad de estas firmas capitalistas estadounidenses.

Bajo estas condiciones de intensificación de la agresión de Estados Unidos y el aumento de la crisis, el Associated Press publicó una historia el lunes que informa que Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del partido gobernante, el PSUV, estuvo involucrado en conversaciones secretas el mes pasado con un representante de la Administración de Trump en un posible acuerdo para expulsar a Maduro del palacio presidencial.

La historia de AP se basa en fuentes no identificadas, incluido un "alto funcionario de la Administración" y una "fuente familiarizada con el encuentro" que habló desde el anonimato. El funcionario dijo, según la AP, que "el objetivo de la divulgación es aumentar la presión sobre el régimen alimentando la lucha con cuchillos que Estados Unidos cree que se está librando tras bastidores entre los círculos de poder rivales dentro del partido gobernante". Axios embelleció esta historia, identificando al "alto funcionario de la Administración" como Mauricio Claver-Carone, el asesor de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental y un cubanoamericano anticastrista de extrema derecha.

En su cuenta de Twitter, Cabello se burló del informe, escribiendo sobre sí mismo en tercera persona: "Diosdado se reunió en SECRETO con un agente SECRETO gringo para acordar un plan SECRETO para tumbar a Nicolás [Maduro], que no sabe nada de esto, porque si lo supiera ya no sería un SECRETO".

La implicación es clara. Si tales conversaciones "secretas" se llevaran a cabo, ¿por qué la Administración Trump decidiría revelarlas a los medios corporativos? La respuesta obvia es lo que indicó el "alto funcionario de la Administración". Está diseñado para "aumentar la presión", una táctica de guerra psicológica destinada a fomentar una confrontación dentro del Gobierno de Maduro.

Cualquiera que sea la verdad de las afirmaciones de las reuniones secretas, el objetivo de Washington es claro. Decidió sembrar divisiones entre Maduro, el presidente, y Cabello, un exoficial del ejército que disfruta de conexiones mucho más cercanas con los servicios militares y de inteligencia venezolanos, con la esperanza continua de provocar un golpe militar.

Cualquier régimen que surja de un golpe respaldado por Estados Unidos, o de un acuerdo negociado entre el Gobierno venezolano y las fuerzas alrededor de Guaidó o una intervención militar directa de Estados Unidos, sería puesto a cargo de la privatización de los yacimientos de petróleo de Venezuela y su entrega a los conglomerados energéticos con sede en Estados Unidos, mientras se imponen salarios de hambre y la completa subordinación de la economía del país a los planes de ajuste de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dichas políticas solo pueden implementarse mediante una dictadura policial-estatal.

Los trabajadores venezolanos no pueden dejar en manos del Gobierno de Maduro ni el alto mando de las fuerzas armadas del país la derrota de las conspiraciones de Washington y su títere Guaidó. Tanto Maduro como los militares defienden el orden capitalista existente en Venezuela.

La única salida progresista a la crisis cada vez más peligrosa en Venezuela radica en la intervención política independiente de la clase obrera misma, luchando por armar a las masas, confiscando la propiedad burguesa y las posesiones capitalistas extranjeras, y colocando la vasta riqueza petrolera del país bajo control popular.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de agosto de 2019)