Detrás de las espaldas de la población, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses, líderes militares y agentes de inteligencia están emprendiendo una operación secreta para otorgarle a la rama ejecutiva poderes dictatoriales con los cuales pueda suprimir la oposición social en Estados Unidos.

El 27 de julio, Donald Trump permitió dar un vistazo a este movimiento dentro del aparato estatal, tuiteando, “Se está considerando declarar a ANTIFA… una gran Organización Terrorista (junto a la MS-13 y otras). ¡Haría más fácil el trabajo de la policía!”. El 17 de agosto, Trump repitió la misma amenaza.

Trump ha aprovechado las acciones identificadas con ANTIFA, una amalgama informal que incluye a manifestantes de clase media y, sin duda, a provocadores policiales, para calificar de “terrorismo” cualquier forma de oposición de izquierda al fascismo, un factor característico de dictaduras policiales-estatales como el Tercer Reich de Hitler y el Chile de Pinochet.

Trump no está expresando meramente su opinión personal. En cara al aumento de protestas y malestar social internacionalmente, la clase gobernante estadounidense está reconociendo que mantener el flujo de ganancias empresariales y defender los niveles de desigualdad social sin precedentes contra la oposición de amplias masas de personas exige formas dictatoriales de gobierno. Bajo condiciones en que tres milmillonarios estadounidenses controlan tanta riqueza como la mitad de la población en el país, incluso las desgastadas formas de gobierno democrático se han vuelto intolerables.

Trump legisla cada vez más por medio de “emergencias nacionales”, desplegando tropas en suelo estadounidense, desviando fondos del Pentágono para construir un muro fronterizo, amenazando con poner fin al debido proceso y construyendo una red de campos de concentración siendo llenados con solicitantes de asilo desesperados.

Los próximos pasos, incluyendo ley marcial, arrestos masivos de disidentes izquierdistas y apagar el internet, están siendo desarrollados fuera de la vista del público.

Por ejemplo, la codirectora del Brennan Center, Elizabeth Goitein, escribió en el Atlantic en febrero que las agencias militares y de inteligencia ahora interpretan la Ley de Comunicaciones de 1934 en términos de que permite al Ejecutivo “tomar control del tráfico de internet en Estados Unidos, impedir acceso a ciertos sitios web”, así como apagar el internet, bloquear la entrega de correos electrónicos y manipular altavoces inteligentes como Alexa de Amazon con solo la proclamación del presidente de que “exista un estado de guerra o la amenaza de una guerra que involucre a Estados Unidos”.

El Gobierno está desarrollando planes para abolir la Constitución y llevar a cabo arrestos masivos.

Desde 2012, el Congreso aceptó las solicitudes del Departamento de Justicia de fondos para actualizar ciertas directrices ejecutivas secretas bajo el nombre de Documentos Presidenciales de Acciones de Emergencia (PEADS, por sus siglas en inglés) utilizados para planear la “continuidad de [operaciones] gubernamentales” en caso de emergencias nacionales que incluyen levantamientos sociales masivos y protestas.

Quizás el PEAD más conocido es la directriz que autorizó al teniente coronel Oliver North y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a establecer un plan de contingencia que autoriza “la suspensión de la Constitución, la entrega del control de Estados Unidos a FEMA, el nombramiento de comandantes militares para la gestión de Gobiernos estatales y locales y al declaración de ley marcial durante una crisis nacional”, como el Miami Herald lo reportó en su exposición del programa en 1987, conocido como “Rex 84”.

Goitein señala que tales planes no han sido abandonados.

“Un reporte del Departamento de Seguridad Nacional de 2007 menciona ‘ley marcial’ y ‘declaraciones de toque de queda’ como ‘tareas críticas’ que los Gobiernos locales, estatales y el federal deben realizar en emergencias. En 2008, fuentes gubernamentales le dijeron a un reportero de la revista Radar que todavía existe una versión del Índice de Seguridad [una lista masiva para arrestos de mediados del siglo veinte] bajo el código Main Core que permite el arresto y detención de estadounidenses marcados como amenazas de seguridad”.

Los tuits del 27 de julio y 17 de agosto de Trump sobre calificar a ANTIFA como una “gran organización terrorista” son una manifestación de estos planes de un Estado policial, los cuales solo podrían implementarse bajo una censura masiva y el silenciamiento de cualquier disensión. Dichos planes están detrás de la campaña imperialista internacional para encarcelar y envilecer al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y a la denunciante Chelsea Manning, quienes permanecen detenidos por el “crimen” de exponer tales crímenes al mundo.

Estos planes son bipartidistas.

El presidente de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, introdujo hace poco la “Ley Confrontando la Amenaza del Terrorismo Interno”. Este proyecto de ley, cuyas probabilidades de ser aceptado son altas, permitiría al fiscal general perseguir a personas o grupos que califique como “terroristas internos” si participan en o conspiran para participar en actividades que busquen “influenciar la política de un Gobierno por medio de intimidación o coerción” si dicha actividad impacta “el comercio interestatal o internacional”, según lo cual una huelga de trabajadores calificaría. La cláusula de “conspiración” facilitará el procesamiento de individuos solo con base en sus opiniones políticas.

Los demócratas y la prensa vinculada presentan esta iniciativa como algo dirigido contra tiroteos masivos perpetrados por derechistas. Sin embargo, dado que los tiroteos, bombardeos y otros actos de violencia terrorista ya son ilegales en cada estado, el único propósito de la ley propuesta es criminalizar la asociación libre con aquellos que serán calificados como “terroristas internos”, así como para aplicar contra ciudadanos estadounidenses las leyes vigentes contra terroristas extranjeros como la Ley Patriota, por actividades y expresiones protegidas por la Primera Enmienda. Esto está en última instancia dirigido contra la clase obrera.

Como el profesor de derecho y exfiscal del Departamento de Justicia, Robert Chesney, explicó con entusiasmo, un estatuto de terrorismo interno permitiría al Gobierno componer “una lista de organizaciones prohibidas respecto a las cuales se vuelve un crimen dar, a sabiendas, cualquier forma de apoyo (incluso someterse a las órdenes del grupo)”.

Además, si el “terrorismo interno” se convierte una categoría legal, entonces las secciones 1021 y 1022 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) le podrían dar a la rama ejecutiva el poder para arrestar y detener indefinidamente sin cargos o juicios a cualquiera calificado como “sospechoso terrorista” con base en opiniones políticas “extremas”.

La introducción de la guerra contra el terrorismo en la legislación nacional tiene más que un significado legal. Por casi dos décadas, el imperialismo estadounidense ha empleado los métodos más brutales y criminales contra la clase obrera internacional como un intento desesperado para mantener la posición hegemónica que disfrutaba en el periodo de la posguerra.

Para este fin, Estados Unidos ha matado a millones de personas en Irak, Siria, Afganistán, Yemen, Libia, Pakistán, Somalia y otros países. Bajo el pretexto de combatir el “terrorismo”, EUA ha luchado por controlar los focos de importancia geopolítica y recursos naturales en el mundo. Sin embargo, estas guerras no han resuelto nada. Han engendrado una oposición masiva en casa y solo han hecho que la crisis histórica del imperialismo estadounidense haga metástasis.

En la actualidad, se está planeando aplicar métodos de igual o más brutalidad y criminalidad dentro del propio EUA, tanto para maximizar el nivel de explotación de la clase obrera como para aterrorizar a la población hasta someterla, asegurando el monopolio del poder político a manos de la oligarquía.

Los legisladores demócratas han sido participantes clave en la creación de las facultades ahora aprovechadas por Trump. Votaron abrumadoramente a favor de la Ley Patriota, apoyaron el arrogamiento del Gobierno de Obama del derecho de matar a ciudadanos estadounidenses sin un juicio y ahora están doblegándose a las acciones más flagrantemente dictatoriales por el tirano en potencia en la Casa Blanca.

El papel de los demócratas en crear el marco de una dictadura refleja el hecho de que ellos, así como los republicanos de Trump, expresan los intereses sociales de la oligarquía financiera y la adinerada clase media-alta, quienes ven horrorizados el surgimiento del movimiento de la clase obrera.

La amenaza de una dictadura en EUA es parte de un proceso internacional. Por todo el mundo, los Gobiernos están creando el marco legal y físico para la represión masiva.

Sin embargo, estas camarillas conspiratorias de financistas, generales y espías no podrán implementar sus planes de dictadura sin despertar la profunda oposición social de miles de millones de trabajadores y jóvenes en todo el mundo. Esta oposición debe movilizarse políticamente en una lucha consciente para tomar el control de la sociedad fuera de las manos de la clase capitalista, desmantelar las agencias de inteligencia y militares y reorganizar las fuerzas productivas mundiales sobre una base socialista igualitaria.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de agosto de 2019)