En un intento calculado para dividir el movimiento de protesta de Hong Kong, la directora ejecutiva Carrie Lam anunció ayer que su Administración tenía la intención de retirar por completo el proyecto de ley de extradición que desencadenó las protestas masivas hace más de tres meses. Sin embargo, Lam se negó a hacer concesiones sobre otras demandas, provocando enojo entre los manifestantes y críticas por parte de los líderes de las protestas, quienes les dijeron a los medios que era "demasiado poco, demasiado tarde".
La legislación, que habría permitido extradiciones a China continental, provocó grandes concentraciones en junio de hasta dos millones de personas. Las protestas en curso fueron alimentadas por la preocupación generalizada por la falta de derechos democráticos, así como por el empeoramiento de la crisis social del territorio. El movimiento continuó ganando impulso a pesar de la declaración de Lam en junio de que la discusión sobre la legislación en el Consejo Legislativo había sido suspendida.
La Administración de Lam envió a la policía, incluidos policías encubiertos y agentes antidisturbios, en ataques viciosos contra los manifestantes, imponiendo un reinado de violencia cada vez mayor. Esto ha incluido el uso de porras, gases lacrimógenos, gas pimienta, cañones de agua, balas de goma y, en las últimas semanas, el disparo de balas vivas como disparos de advertencia.
En la vecina ciudad de Shenzhen, el régimen del Partido Comunista Chino (PCCh) realizó una muestra pública de fuerza con la participación de policías paramilitares fuertemente armados, amenazando con intervenir en Hong Kong, que según el acuerdo de entrega de 1997 con Reino Unido tiene cierto grado de autonomía.
A medida que aumentaron las protestas, las demandas expresadas por los líderes del Frente Civil de Derechos Humanos se ampliaron para incluir la renuncia de Lam, una investigación independiente sobre la violencia policial, la retirada de todos los cargos contra los manifestantes arrestados y elecciones libres basadas en el sufragio universal.
La concesión de Lam respecto a las extradiciones, luego de meses de rechazo rotundo, está motivada, en primer lugar, por el deterioro de la economía de Hong Kong, y en segundo lugar, por la intervención de la clase trabajadora durante las últimas semanas en las primeras huelgas importantes en décadas.
El territorio está al borde de una recesión en medio de las protestas masivas y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una encuesta comercial publicada ayer informó "la mayor disminución en la salud del sector privado desde febrero de 2009" en medio de la crisis financiera mundial. El índice de gerentes de compras (PMI) de IHS Markit Hong Kong cayó a 40.8 en agosto desde 43.8 en julio; una cifra inferior a 50 indica contracción. El mercado de acciones de Hong Kong respondió a la declaración de Lam con un repunte al alza de casi el 4 por ciento.
El anuncio de Lam siguió a una huelga de dos días que involucró a decenas de miles de trabajadores, quienes ignoraron las amenazas de medidas disciplinarias para participar en manifestaciones de protesta el lunes y martes. La huelga, que no fue convocada por los sindicatos, refleja preocupaciones sociales subyacentes más profundas sobre niveles asombrosos de desigualdad, bajos salarios y condiciones, viviendas inasequibles y la falta de servicios de asistencia social. Miles de estudiantes universitarios y de secundaria también boicotearon el primer día del nuevo año académico para mostrar su apoyo al movimiento de protesta.
Si bien Lam indicó que estaría abierta al diálogo, descartó renunciar, retirar los cargos contra los manifestantes u otorgar sufragio universal. En lo que respecta a la violencia policial, Lam indicó que tales asuntos serían tratados por el llamado Consejo Independiente de Quejas de la Policía, un organismo con poder limitado designado por la propia directora ejecutiva.
Lam busca obtener el apoyo de los líderes más conservadores de las protestas en un intento por dividir el movimiento y allanar el camino para la represión de capas más militantes y decididas.
Muy consciente de la dificultad de controlar el movimiento de protesta políticamente heterogéneo, el Frente Civil de Derechos Humanos ha respondido con cautela. El Frente tiene representantes de una colección de ONG, así como partidos políticos y grupos asociados con la oposición oficial en el Consejo Legislativo, la denominada agrupación pandemócrata.
En comentarios a CBS News ayer, la cocoordinadora del Frente de Derechos Humanos Civiles, Bonnie Leung, acogió la retirada de la legislación de extradición, diciendo: "Me alegro de que finalmente se haya hecho, pero no es suficiente". Aunque reiteró las cinco demandas del Frente, incluyendo la renuncia de Lam, dejó abierta la puerta a negociaciones: "Si el Gobierno da una rama de olivo, entonces discutiremos abiertamente con ellos".
El Frente Civil de Derechos Humanos y los pandemócratas desearían llegar a un acuerdo con la Administración de Lam. Representan capas de la élite gobernante de Hong Kong preocupadas por el impacto de las incursiones de Beijing en sus intereses, pero hostiles a cualquier movimiento independiente de la clase trabajadora que amenace sus ganancias y negocios. Sin embargo, desconfían de que, si se comprometen demasiado abiertamente con Lam y Beijing, perderán cualquier credibilidad política.
La legisladora pandemócrata Claudia Mo declaró ayer: "No es cuestión de si los demócratas en la legislatura o el campo pandemócrata aceptan ... Depende de los jóvenes manifestantes. Necesitamos las cinco demandas. El daño está hecho. Lam debería haber usado la palabra ‘renuncia’ y habría apaciguado a la sociedad, ahora es demasiado tarde".
Los diversos líderes jóvenes que surgieron durante el llamado movimiento Umbrella en 2014 que exigía el sufragio universal, reflejan la desconfianza generalizada entre los jóvenes en la oposición oficial y abogan por tácticas más militantes. Sin embargo, su perspectiva política no es fundamentalmente diferente de la de los pandemócratas. Abogan por mayores derechos democráticos dentro de un marco parlamentario, pero tienen poco o nada que decir sobre la crisis social que enfrentan los trabajadores y los jóvenes.
El líder del partido Demosisto, Joshua Wong, quien ha sido destacado por los medios de comunicación estadounidenses e internacionales como el rostro de las protestas de 2014, emitió un comunicado en Twitter ayer declarando que el anuncio de Lam fue "demasiado pequeño y demasiado tarde". Al igual que el Frente Civil de Derechos Humanos, pidió que se abordaran las cinco demandas.
Entre las capas más amplias, existe la determinación de continuar las protestas. Un trabajador de la construcción, que dio su apellido como Chow, le dijo al Guardian: "Por supuesto que no acepto esto. ¿Por qué no hizo esto hace tres meses? Nada de esto hubiera sucedido. Ahora, muchas personas han sido arrestadas y muchas han sido golpeadas en sus cabezas”.
Otro manifestante entrevistado por el periódico dijo que se había enfrentado con la policía en muchos conflictos violentos en las últimas semanas. Insistió en que continuaría manifestándose porque estaba indignado de que la policía no fuera responsable por el uso de fuerza excesiva.
Sin embargo, lo que falta es una perspectiva política en la oposición no solo a la Administración de Lam y al régimen del PCCh en Beijing, sino también a la oposición pandemócrata burguesa en Hong Kong y sus diversos satélites políticos. Solo una lucha unificada de la clase trabajadora en Hong Kong y en toda China podrá avanzar una lucha constante por los derechos democráticos y sociales básicos, sobre la base de un programa socialista e internacionalista.
Al hacerlo, es necesario oponerse a todas las formas de nacionalismo y chovinismo, incluido el promovido por grupos de derecha como Civic Passion y Hong Kong Indigenous que intentan convertir en chivos expiatorios a los chinos "continentales", culpándolos por la crisis social en Hong Kong.
También es imperativo rechazar a las capas burguesas derechistas que están pidiendo la intervención de las principales potencias imperialistas, particularmente Estados Unidos y Reino Unido, que tienen un largo historial criminal en la manipulación de los derechos humanos por sus propios intereses. Sobre todo, es necesario aclarar el papel del estalinismo y el maoísmo, que siempre se basó en un rechazo del internacionalismo socialista y allanó el camino para la restauración capitalista en China y la profundización de la explotación de la clase obrera.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de septiembre de 2019)