Estalla el escándalo por la exposición de Público de la complicidad del Estado en el atentado de Barcelona

Tercera parte: Los asuntos de clase planteados por el conocimiento previo por parte del Estado de los atentados islamistas

por Alejandro López
14 septiembre 2019

El hecho de que el jefe de la célula terrorista de Barcelona Abdelbaki Es-Satty fuera un informante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español y la revelación de Público de que el CNI monitorizó la célula hasta que llevó a cabo los atentados el 17 de agosto de 2017 a muchos les resultó impactante. El aluvión de protestas en las redes sociales refleja la ira generalizada contra la conducta políticamente criminal de parte del Estado español. De manera predecible, amplios sectores de los medios desestimaron el informe o le restaron importancia y denunciaron todos los intentos de explicar políticamente las revelaciones como “teorías de la conspiración”.

Los asuntos planteados a los trabajadores por parte del conocimiento previo del Estado acerca de los atentados terroristas islamistas en Europa no se pueden entender en un marco nacional y ahistórico, como una cuestión de si hubo o no un fallo técnico por parte de las agencias de espionaje. Este es el marco del autor del informe de Público, Carlos Enrique Bayo, que apunta a “la clara ineficiencia, negligencia e incluso temeridad del CNI”, pero deja sin explorar la importancia de sus propias revelaciones.

Las intrigas reaccionarias del CNI con la célula de Es-Satty y el giro de la clase dirigente hacia la extrema derecha plantean temas fundamentales de perspectiva histórica y de clase. Apuntan al carácter premeditado de la política violentamente contrarrevolucionaria perseguida por la aristocracia financiera contra los trabajadores.

Los atentados de Barcelona fueron el producto del impulso bélico imperialista que siguió a los levantamientos revolucionarios de la clase trabajadora contra los dictadores de Egipto y Tunisia, apoyados por la OTAN, en 2011. Las potencias de la OTAN, incluyendo a España, armaron milicias islamistas delegadas en guerras, primero en Libia y, tras la caída del régimen libio en agosto de 2011, en Siria. Las redes islamistas operaron bajo protección oficial a lo largo de Europa y reclutaron a miles de personas para combatir en el Medio Oriente.

En el momento de los atentados de Barcelona ya había una ira creciente entre los trabajadores por el impulso bélico, y una preocupación creciente en los círculos gobernantes por el potencial de un estallido de la indignación popular. El Gobierno español convocó una “marcha de unidad nacional” a poco del atentado de Barcelona. Aunque unas 500.000 personas participaron de la marcha, el acontecimiento, de manera contraria a las intenciones de Madrid, se volvió una manifestación de masas de hostilidad pública a las guerras por representantes en el Medio Oriente.

El rey de España, Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros altos cargos presentes en la marcha, fueron abucheados, los coches les daban bocinazos y se les gritaba “vuestras políticas, nuestros muertos”. Los trabajadores denunciaron las ventas de armas por parte de España a países del Medio Oriente como Arabia Saudí, gritando: “Felipe, si quieres la paz, no trafiques con armas”.

Este estallido de la ira de la clase trabajadora después del ataque terrorista de Barcelona muestra que hay más implicado en el informe de Público que cuestiones sobre el trabajo de detective del CNI. La feroz campaña contra Público este año en los medios burgueses —como la efusión masiva de enfado popular justo después del atentado y la tardía admisión del CNI unos meses más tarde de que Es-Satty era un agente del CNI— reflejan el estado explosivo de las relaciones de clase. Después de una década de austeridad de la Unión Europea y creciente desigualdad social, el conflicto de clase ha alcanzado niveles explosivos.

El estallido de huelgas de masas en Portugal y Polonia, movimientos de masas que exigen el derrocamiento de las dictaduras militares de Argelia y Sudán, las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia y una oleada mundial de huelgas y protestas, desde Hong Kong hasta los docentes estadounidenses, son expresiones iniciales de esto. Los acontecimientos de España muestran cómo la aristocracia financiera, aislada y profundamente impopular, se mueve rápidamente hacia un gobierno fascista-autoritario. Es en este marco que se produjo la respuesta oficial a los atentados de Barcelona, y en base al cual la clase trabajadora debe formular su respuesta.

La sangre todavía se estaba secando en las calles de Barcelona en agosto de 2017 cuando la élite gobernante empezó a discutir abiertamente el despliegue del ejército en España. Funcionarios del gobierno derechista de Rajoy declararon que estaban barajando imponer la ley marcial. Esta hubiera sido la primera vez que el ejército se hubiera desplegado en España desde que el país estuviera gobernado por el régimen fascista de Francisco Franco, que tomó el poder en la Guerra Civil española de 1936-1939.

Poco tiempo después, Madrid desplegó miles de paramilitares de la Guardia Civil, que atacaron a votantes pacíficos en el referéndum sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017, que dejó a 800 personas hospitalizadas. Aunque el propio referéndum era una maniobra reaccionaria por parte de los partidos nacionalistas catalanes favorables a la austeridad para desviar la ira social creciente hacia cauces étnicos, se volvió el foco de una campaña más amplia por parte de la burguesía para establecer un gobierno de extrema derecha dirigido contra toda la clase trabajadora.

La agitación histérica anticatalana por parte del establishment político y los medios iba de la mano con la organización de manifestaciones franquistas. El gobierno central suspendió al gobierno catalán electo y encarceló a una docena de políticos nacionalistas catalanes bajo acusaciones fraudulentas. Estos políticos fueron luego procesados por el nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que permitió al partido franquista Vox ayudar a procesar a los políticos nacionalistas catalanes en un juicio espectáculo que supervisó.

El ambiente derechista alimentado por la clase gobernante permitió que un partido abiertamente fascista, Vox, sacara parlamentarios por primera vez desde la caída del régimen franquista en 1978.

Unos pocos meses después, el Tribunal Supremo dictaminó que el golpe lanzado por Franco y sus secuaces en 1936 contra la República española era legal. Argumentaba explícitamente que Franco, el fundador de una dictadura fascista de cuatro décadas, fue el legítimo jefe de Estado inmediatamente a partir de su golpe, que provocó la Guerra Civil española. Tras su victoria en la Guerra Civil, el ejército franquista llevó a cabo el asesinato en masa de cientos de miles de trabajadores y jóvenes izquierdistas.

Ese fallo es parte de un movimiento más amplio por parte de la clase capitalista de Europa por legitimar el fascismo. En Alemania, los principales partidos burgueses encubren a profesores ultraderechistas como Jörg Baberowski al tiempo que blanquean los crímenes de Hitler para legitimar la austeridad y la remilitarización de la política exterior alemana. En Italia, el ministro del Interior Matteo Salvini defiende al dictador fascista Benito Mussolini. En Francia, el presidente Macron aclama como un gran soldado al líder del régimen francés de Vichy que colaboró con los nazis, el asesino en masa Philippe Pétain, mientras reprime a los manifestantes de los “chalecos amarillos”.

Es solo en este marco de un ataque violento a los derechos democráticos y la legitimación del fascismo por parte de la aristocracia financiera que las intrigas del CNI con Es-Satty pueden ser evaluadas propiamente.

No hay razón para aceptar las afirmaciones de los defensores de las agencias de espionaje en los medios de que los funcionarios del CNI a lo sumo cometieron unos pocos errores en lo que por lo demás fue un esfuerzo sincero por proteger a la nación. Establecieron lazos con terroristas islamistas para los propósitos de la sangrienta política exterior de la OTAN. Después de que estas redes llevaran a cabo sangrientos atentados terroristas en Europa, el aparato de seguridad español respaldó a la élite gobernante intensificando los ataques a los derechos democráticos.

Este análisis no se basa en especulaciones, o lo que los medios llaman “teorías de la conspiración”, respecto al estado de ánimo o las motivaciones de los funcionarios del CNI. De hecho, las motivaciones de los espías que trabajaron con Es-Satty no se conocen y han sido encubiertas por el Estado español y los medios. Se basa más bien en un repaso objetivo de los acontecimientos de los últimos años.

Las afirmaciones de los medios de que las agencias de espionaje españolas están actuando de buena fe no tienen credibilidad. Si el Estado español puede respaldar jurídicamente los antecedentes de asesinatos fascistas en masa de Franco, no es de ninguna manera menos concebible que elementos franquistas en el Estado pudieran permitir que ocurriera un atentado, con el coste comparativamente menor de unas cuantas docenas de vidas, para aterrorizar y desorientar al público y ayudar a imponer políticas impopulares y ultraderechistas.

La crisis de guerra y el desplazamiento de la élite gobernante hacia gobiernos de tipo fascista y autoritarios le plantea enormes tareas y desafíos a la clase trabajadora. Los acontecimientos están exponiendo a esos propagandistas procapitalistas que afirmaban que la disolución del régimen estalinista de la Unión Soviética en 1991 significaba el “Fin de la Historia” y el triunfo final de la democracia capitalista liberal. No solo siguen existiendo las condiciones objetivas que llevaron a la Revolución rusa —guerra, crisis capitalista y lucha de clases internacional—, también la aristocracia financiera está respondiendo a la crisis creciente volviendo a los tipos de crímenes que llevó a cabo en el siglo XX. Desde dentro de las burocracias de Estados capitalistas supuestamente democráticos, se está desarrollando un rápido empuje hacia la dictadura.

La tarea planteada a los trabajadores políticamente avanzados en esta situación es volver a las tradiciones revolucionarias del siglo XX representadas por la Revolución de Octubre y la lucha del movimiento trotskista contra el estalinismo. Estas tradiciones son continuadas hoy solamente por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

Lo que tienen que hacer los trabajadores y los jóvenes que se oponen a las intrigas sangrientas de las agencias de inteligencia es reorientarse políticamente de manera fundamental. Ello implica construir organizaciones de lucha en la clase trabajadora a nivel internacional contra el impulso bélico global y el rápido desplazamiento hacia formas autoritarias de gobierno.

Más que nada, la clase trabajadora necesita su propia vanguardia revolucionaria. Los trabajadores no pueden simplemente, sin su propio partido, improvisar espontáneamente la oposición a las provocaciones políticas y la propaganda de agencias estatales y los medios oficiales. Apoyándose en tales improvisaciones en vez de construir una nueva vanguardia significa ceder el terreno de la oposición organizada a las fuerzas estalinistas y pablistas dentro de Podemos y su periferia pequeñoburguesa. Sin embargo, estas fuerzas no organizan ninguna oposición.

Los dirigentes de Podemos o bien guardaron silencio o bien defendieron el papel de las agencias de inteligencia en los atentados de Barcelona. Este es el resultado de la trayectoria contrarrevolucionaria, a lo largo de un período histórico entero, de las tendencias estalinistas y pablistas que fundaron Podemos en 2014.

Durante la Transición oficial hacia la democracia burguesa tras la muerte de Franco en 1975, el estalinista Partido Comunista de España (PCE), la pablista Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y los nacionalistas catalanes y vascos promovieron ilusiones en la Constitución de 1978. Aclamaron el compromiso entre el Partido Socialista (PSOE) y el PCE con los franquistas, la Iglesia y el ejército español para “perdonar y olvidar” los crímenes del fascismo. Decían estar introduciendo a España en una nueva era de prosperidad democrática bajo la égida de la Unión Europea. Luego se adaptaron a la restauración del capitalismo en la Unión Soviética por parte de la burocracia estalinista y el ulterior desplazamiento de la burguesía europea hacia políticas de austeridad y contrarrevolución social.

En medio de un nuevo recrudecimiento de la lucha de clases tras una década de profunda austeridad en Europa desde la caída de Wall Street en 2008, es evidente que las políticas fascistas han vuelto al seno de la burguesía europea.

Las capas de profesores, profesionales de los medios y burócratas sindicales representados por Podemos están profundamente integrados en el Estado capitalista. Tras décadas durante las cuales el PSOE sirvió como el principal partido del gobierno capitalista, estableciendo un récord como partido de la austeridad y la guerra imperialista, las tendencias estalinistas y pablistas que fundaron Podemos abandonaron cualquier pretensión de oponerse a la élite gobernante.

La tarea fundamental planteada por los atentados de Barcelona es movilizar a la clase trabajadora a nivel internacional y armarla con una perspectiva contra la guerra, el nacionalismo y el gobierno de tipo fascista y autoritario. Esto significa en primerísimo lugar construir secciones del CICI en España y a nivel internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de septiembre de 2019)