Un informe publicado a principios de este mes por el inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) proporciona una imagen desgarradora del abuso deliberado de niños aterrorizados que se lleva a cabo en los centros de detención dirigidos por la administración Trump.

El informe de Joanne Chiedi, la inspectora general interina del HHS, examinó las condiciones de miles de niños detenidos en instalaciones operadas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una división del HHS a la cual le fue asignada la responsabilidad de cuidar a los niños refugiados.

Bajo la administración de Obama, la ORR tuvo la responsabilidad de alojar a los menores no acompañados provenientes de América Central que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en gran número a partir de 2014. Esta población se multiplicó en el verano de 2018 cuando la administración Trump comenzó su política de “tolerancia cero”, según la cual todos los refugiados adultos fueron tratados como delincuentes y separados de sus hijos, quienes fueron enviaron a instalaciones operadas por la ORR.

En agosto-septiembre de 2018, la Oficina del Inspector General visitó 45 de las 102 instalaciones de la red de ORR en ese momento, incluidas muchas de las grandes. Para este tiempo, 12,400 niños estaban retenidos por la ORR.

El informe condenatorio se recopiló sin entrevistar a ninguno de los niños detenidos: los médicos de salud mental, los coordinadores médicos y los supervisores de las instalaciones fueron los únicos testigos, y proporcionaron una amplia evidencia de las terribles condiciones que enfrentan los niños.

El informe encontró que muchos de los niños en ORR habían experimentado tres tipos diferentes de trauma: en sus países de origen, durante sus viajes a través de México a la frontera de los Estados Unidos, y luego dentro de los Estados Unidos, después que sus padres o tutores intentaron solicitar el status de refugiado.

Según el informe, muchos de los niños y sus padres huían de la violencia en sus países de origen:

El personal de múltiples instalaciones denunció casos de niños que habían sido secuestrados o violados, algunos por miembros de pandillas o carteles de la droga. En un caso, un coordinador médico informó que una niña había estado en cautiverio durante meses, durante los cuales fue torturada, violada y quedó embarazada. Otros niños habían presenciado la violación o el asesinato de miembros de su familia o estaban huyendo de las amenazas contra sus propias vidas. En un caso, un médico de salud mental informó que, después de huir con su madre de un padre abusivo, el niño fue testigo del asesinato de su madre, abuela y tío.

Hubo peligros similares durante el viaje por México:

Según los médicos de salud mental y los directores de programas, algunos niños experimentaron o presenciaron violencia durante el viaje a la frontera de los Estados Unidos. Por ejemplo, un médico de salud mental en una instalación compartió la historia de un niño que mientras intentaba cruzar de Guatemala a México, fue secuestrado por una pandilla y retenido por rescate. La pandilla mantuvo al niño en un complejo, donde otro individuo recibió un disparo en la cabeza. Más tarde, una pandilla disparó a una mujer había ayudado al niño a escapar del encierro.

Una vez en los Estados Unidos, los niños experimentaron traumas causados por diferentes pandillas: los matones de la administración Trump que infestan la Patrulla Fronteriza y la agencia ICE (Inmigración y Control de Aduanas).

Algunos niños también experimentaron el trauma de ser separados inesperadamente de sus padres como resultado de las políticas de inmigración de los Estados Unidos. ... Los cambios en las políticas en 2018 exacerbaron estas preocupaciones, ya que resultaron en estadías más largas bajo custodia de ORR y un rápido aumento en el número de niños más pequeños, muchos de los cuales habían sido separados de sus padres después de ingresar a los Estados Unidos.

Según el acuerdo de Flores de 1997, un arreglo impuesto por los tribunales federales después de demandas presentadas por activistas de derechos de los inmigrantes, cada niño bajo custodia de ORR debe recibir al menos una sesión de asesoramiento individual por semana con un médico de salud mental. Es evidente por el informe del inspector general que estos médicos toman en serio su trabajo y no tenían miedo de hablar sobre las terribles condiciones que enfrentan los niños.

Sin duda, esa es una de las razones por las cuales la administración Trump ha decidido repudiar el acuerdo de Flores y ahora busca mantener a los niños refugiados junto con sus padres en campos de prisioneros federales de inmigración para ser administrados por ICE o sus contratistas, en lugar del HHS. En tales campamentos, cualquier tratamiento de salud mental estará bajo la atenta mirada de los oficiales de ICE.

Según el informe, los médicos de salud mental de ORR criticaron lo que llamaron un enfoque de “curita”, en virtud del cual trataron de intervenir solamente para prevenir crisis inmediatas o estabilizar a los niños durante las estadías a corto plazo: “El objetivo no es tratar los problemas subyacentes de los niños porque ellos no estarán en las instalaciones el tiempo suficiente para lograr un progreso significativo”.

Pero los niños que se quedaron más tiempo en las instalaciones de ORR estaban peor que mejor, y notaron que después de unos 70 días de estadías más largas resultaron en “niveles más altos de desafío, desesperanza y frustración entre los niños, junto con más casos de autolesiones e ideas suicidas”.

Un director del programa le dijo al inspector general que los niños separados no entendían la diferencia entre el personal clínico y los agentes de inmigración que se habían llevado a sus padres: “Cada niño separado de sus padres se ha sido aterrorizado. Nosotros somos el enemigo”.

Las directrices políticas de la administración Trump hicieron las condiciones aun peores. En un momento en 2018, la Casa Blanca exigió que la ORR tomara la huella digital de todos los adultos de una familia que ofreció patrocinar a un niño no acompañado. Esto aumentó rápidamente el tiempo promedio de detención para niños de 61 días a 93 días. Se redujo a 58 días después de que se eliminó el requisito.

El número de casos se duplicó, de un mandato legal de 1 trabajador de salud mental por cada 12 niños hasta 1 a 25. Hubo pocos especialistas en salud mental adecuadamente capacitados, incluso menos que fueran bilingües, y el tiempo de espera para ver a un especialista aumentó a muchos meses.

Otro director del programa en una instalación de ORR describió a un niño de 7 u 8 años que estaba separado de su padre: “El niño estaba bajo el engaño que su padre había sido asesinado y creía que él también lo sería. Este niño finalmente requirió atención psiquiátrica de emergencia para abordar su angustia mental”.

El informe fue ampliamente ignorado por los medios cuando fue publicado por primera vez, con solamente una referencia en un periódico importante, una columna en el Washington Post de Catherine Rampell titulada: “Bienvenido a la Guerra de Trump contra los Niños”, y escrita en un tono inusual para los medios controlados por las corporaciones.

Rampell denunció la política de Trump de separación familiar como “malvada”, y describió el informe del inspector general como “relatos de niños que lloraron desconsoladamente; que fueron drogados; a quienes se les prometió reunificarlos con familiares que nunca llegaron; cuya angustia emocional severa se manifestó en dolores fantasmas en el pecho, quejándose que ‘cada latido duele’; que pensaban que sus padres los habían abandonado o habían sido asesinados”.

Ningún candidato presidencial demócrata ha citado el informe que documenta la crueldad deliberada de la política de la administración Trump hacia los solicitantes de asilo y sus hijos. Y la Cámara de Representantes controlada por los demócratas votó en julio para proporcionar miles de millones en fondos para operar centros de detención y otras instalaciones de ICE, CBP y ORR que son un poco mejores que las cámaras de tortura.

Uno de los principales ayudantes del presidente Barack Obama en la guerra bipartidista contra los inmigrantes, el ex fiscal general Eric Holder, defendió públicamente a Obama contra los críticos que han señalado que Trump no ha inventado nada nuevo, él solamente ha intensificado la red de represión ya existente establecida bajo su predecesor.

Holder dijo el sábado, en una entrevista con CNN, “Los demócratas tienen que entender que ... las fronteras significan algo”. Denunció las propuestas de algunos candidatos presidenciales demócratas que consideran que el cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México debería convertirse en un delito civil más bien que en uno criminal.

“No, no creo que sea correcto”, dijo. “La ley que figura en los libros ha estado allí durante unos 100 años más o menos”. Cambiar la ley “podría enviar una señal incorrecta. Pero ciertamente le quitaría una herramienta al Departamento de Justicia que podría [querer] usar”, agregó.

Durante el primer mandato de Obama, las deportaciones de ICE promediaron casi 400,000 al año. Bajo Trump, las deportaciones han promediado menos de 250,000 al año, en parte porque el número de cruces fronterizos ha disminuido.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de septiembre de 2019)