El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves que el presidente Donald Trump decidió reducir el límite de admisión de refugiados en el año fiscal que comienza el 1 de octubre a 18,000, un mínimo histórico desde que comenzó el programa moderno de refugiados en 1980.

Esto representa una reducción de casi la mitad del límite actual ya mínimo de 30,000, en sí mismo una mera fracción del límite de 110,000 establecido por Obama en 2016, su último año en el cargo. Trump ha recortado el límite de refugiados durante tres años consecutivos desde que asumió el cargo en enero de 2017.

Obama, que autorizó más deportaciones de inmigrantes que todos los presidentes anteriores, elevó el límite para la admisión de refugiados legales, en parte para obtener votos hispanos para la campaña presidencial de Hillary Clinton. Trump está destripando el programa para movilizar a sus partidarios antiinmigrantes de extrema derecha al expandir aún más su guerra contra los refugiados más allá de los llamados “ilegales”, a aquellos admitidos legalmente en los Estados Unidos.

Este último movimiento endurece la prohibición virtual de las personas que huyen de la pobreza, la violencia y la persecución en todo el mundo, en gran parte como resultado de las guerras imperialistas de Estados Unidos, los golpes de estado de la CIA y la promoción de regímenes dictatoriales por parte de Washington. Hasta que Trump asumió el cargo, Estados Unidos era el principal destino del mundo para los refugiados. El año pasado admitió menos refugiados que Canadá. Más de 100,000 refugiados están actualmente en una lista de referencias para un posible reasentamiento en los Estados Unidos.

También el jueves, Trump emitió una orden ejecutiva para permitir que los estados y las localidades opten por no participar en el programa de refugiados y se nieguen a aceptar personas a las que se les permita reasentarse en los Estados Unidos.

El mismo día, Matthew Albence, el director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), realizó una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la cual denunció a los estados y localidades que limitan o impiden a sus funcionarios, ayudar a ICE a detener y deportar inmigrantes. Particularmente atacó jurisdicciones que se niegan a permitir que ICE arreste a inmigrantes dentro de las cárceles estatales y las cárceles locales.

Amenazando a las llamadas ciudades y estados “santuario”, Albence dijo: “Puede ser el primero al que llamamos, pero no será el último”.

Defendiendo el movimiento de Trump, quien tiene la autoridad exclusiva sobre el número de refugiados admitidos legalmente, el Departamento de Estado dijo en un comunicado de prensa el jueves: “Las cargas actuales sobre el sistema de inmigración de los Estados Unidos deben aliviarse antes que sea posible reasentar una mayor cantidad de refugiados. Dar prioridad a los casos de protección humanitaria a aquellos que ya están en nuestro país es simplemente una cuestión de justicia y sentido común”.

La afirmación que cerrar la puerta a los refugiados legales está motivada por un deseo de priorizar “la protección humanitaria” de los refugiados que ya se encuentran en los Estados Unidos, es una diáfana mentira. El encarcelamiento masivo por parte de la administración Trump de trabajadores indocumentados, incluidos miles de niños separados de sus padres, su desarrollo de una red de campos de concentración para inmigrantes, sus redadas estilo-Gestapo en los lugares de trabajo y sus amenazas de barridas masivos de trabajadores inmigrantes en las principales ciudades, y su prohibición de facto a los solicitantes de asilo de América Central, han provocado indignación y repulsión en los Estados Unidos e internacionalmente.

Esta política está dirigida por fanáticos antiinmigrantes que han sido puestos a cargo de agencias como ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, y Servicios de Ciudadanía e Inmigración, y fascistas que ocupan altos cargos en la Casa Blanca, incluyendo el asesor de inmigración de Trump, Stephen Miller y el propio presidente.

El último ataque se produce como un récord de 350,000 personas que se espera que soliciten asilo en los Estados Unidos el próximo año. La semana pasada, el 20 de septiembre, la administración anunció un acuerdo con El Salvador para detener el flujo de inmigrantes de ese país a los Estados Unidos. Sigue los acuerdos con Guatemala y Honduras para declarar a las naciones del Triángulo Norte de América Central —entre los países más pobres represivos y violentos del mundo— como “terceros países seguros”.

Como resultado, los hombres, mujeres y niños que huyen de las pandillas terroristas y los escuadrones de la muerte del gobierno, deberán solicitar asilo en estos países en lugar de viajar a través de ellos para llegar a los Estados Unidos. Muchos miles de personas morirán como resultado. La política también permitirá que los Estados Unidos envíen más solicitantes de asilo —que ya se encuentran en los Estados Unidos— de regreso a Centroamérica y México para ser mantenidos indefinidamente en campos de detención sucios e inseguros.

También este mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó, con los votos de dos jueces nombrados por los demócratas, revocar las decisiones de los tribunales inferiores que suspenden las restricciones ilegales de Trump sobre los derechos de asilo, hasta que los asuntos legales involucrados en demandas contra las acciones sean adjudicados.

Además, el inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió un informe a principios de este mes que documenta el trato abusivo de los niños inmigrantes en los campos de detención de Trump.

Betsy Fisher, del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados, calificó el nuevo límite para los refugiados como “un objetivo de admisión de refugiados sorprendentemente bajo”. Dijo que la política “garantizará que las personas que necesitan seguridad se queden en condiciones peligrosas”.

Ryan Mace, de Amnistía Internacional en Estados Unidos, dijo: “Reducir el número de refugiados que Estados Unidos aceptará a un nivel tan bajo, no refleja nada más que los intentos de esta administración de fomentar el odio, la división y los prejuicios en un país que alguna vez valoró la dignidad, la igualdad y la equidad.”

La combinación de indiferencia y apoyo que caracteriza la actitud real de los demócratas hacia la guerra de Trump contra los inmigrantes, se reflejó en el silencio virtual que saludó el anuncio de los políticos demócratas y la mayoría de los medios corporativos. Alexandria Ocasio-Cortez ni siquiera se molestó en emitir una declaración o publicar un tuit en oposición, ya que ella y el resto de su partido fueron consumidos por la investigación para destituir a Trump , la cual se hizo sobre la base que los tratos del presidente con Ucrania ponían en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos jugando dentro de las manos de Rusia.

Los principales medios de prensa aliados con los demócratas, incluidos el New York Times y el Washington Post, hasta ahora han enterrado la historia en sus páginas interiores y los canales de noticias apenas lo han informado.

Lejos de oponerse al recorte del número de refugiados, los demócratas se unieron a los republicanos en el Senado para aprobar con una votación de 82 a 15, una resolución para continuar financiando al gobierno federal, incluidos los campos de detención de inmigrantes de Trump y las tropas fronterizas y la policía, hasta el 21 de noviembre. La votación del Senado siguió a una votación de 301–123 por el proyecto de ley a principios de este mes en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. Se espera que Trump firme la medida antes del comienzo del nuevo año fiscal el martes.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de septiembre de 2019)