El juez español José de la Mata entrevistará según las noticias a Julian Assange por videoconferencia el 20 de diciembre, como parte de una investigación sobre el espionaje ilegal al fundador de WikiLeaks por parte de UC Global, una empresa de seguridad privada que presuntamente estaba entregando material de vigilancia a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El Paísinformó el viernes que las autoridades británicas habían dado marcha atrás respecto a su negativa anterior de permitir que la entrevista con Assange —que está encarcelado en la prisión Belmarsh de máxima seguridad en Londres— tuviera lugar. El mes pasado, el diario español informó de que la Autoridad Central del Reino Unido (UKCA) había rechazado una Orden de Investigación Europea (OIE), emitida por de la Mata el 25 de septiembre, en la que requería la entrevista.

Es raro que se bloquee una OIE. En su respuesta en nombre de la UKCA, Rashid Begun había afirmado que los acontecimientos presentados por de la Mata eran “poco claros” y que el juez español puede no tener jurisdicción.

En una respuesta, el funcionario español habría comentado que había casos similares donde el Reino Unido no había obstruido OIEs y explicó que el único obstáculo sería que el entrevistado estuviera acusado de un crimen en la investigación —que no es el caso de Assange.

La aparente marcha atrás del Reino Unido demuestra que su esfuerzo inicial por estorbar la investigación española era el resultado de una decisión política, inseparable de los intentos por parte de las autoridades británicas y el poder judicial por llevar a toda prisa a Assange a los EEUU para un juicio amañado y encarcelarlo.

En su artículo del viernes, El País declaró tajantemente que la posición británica inicial había “creado intranquilidad en círculos judiciales, y era vista como resistencia a una investigación que podría obstaculizar la extradición de Assange a los EEUU”.

La sensibilidad a la investigación española se debe a que revela la ilegalidad de toda la operación contra Assange dirigida por los EEUU. El País reveló públicamente la investigación española en octubre. Noticias en esa publicación detallaban el espionaje generalizado a Assange por UC Global, que había sido contratada por el gobierno ecuatoriano para supervisar la seguridad en su embajada de Londres, donde Assange había logrado obtener asilo político en 2012.

La vigilancia, que abarcaba todos los aspectos de la vida del fundador de WikiLeaks, fue llevada a cabo entre 2015 y marzo de 2018. David Morales, un exgeneral del ejército español y jefe de UC Global, presuntamente se reunió con funcionarios estadounidenses en 2015 y aceptó brindar a la CIA todo el material que había amasado en la embajada. Presuntamente le dijo a uno de sus empleados: “De ahora en adelante, jugamos en la primera división... Ahora estamos trabajando para el lado oscuro”.

Haciendo hincapié en su papel crucial en el intento de los EEUU por enjuiciar a Assange bajo la Ley de Espionaje por su revelación de crímenes de guerra estadounidenses, la operación de espionaje aparentemente se intensificó en 2017. Esto coincidió con los preparativos estadounidenses de redactar una acusación contra el fundador de WikiLeaks.

Morales parece haber estado estrechamente implicado en los planes para un enjuiciamiento a Assange por parte de EEUU. El mes pasado, El País reveló que los metadatos de sus correos electrónicos, que obtuvo el diario, situaban al director de UC Global en Alexandria, Virginia, el primero y el 2 de marzo de 2017. Esa ciudad, sede de la mayor concentración de empleados de la CIA en los EEUU, es donde un gran jurado federal fue seleccionado para fraguar acusaciones contra Assange.

El mes anterior a la llegada de Morales, los EEUU habían ensamblado un escuadrón de “contraespionaje” para perseguir a Assange, aparentemente en respuesta a su publicación de “Vault 7” —documentos de la CIA filtrados que revelaban el espionaje global de la agencia y operaciones de hackeo. Es posible que Morales testificara ante el gran jurado, que colaborara con el equipo de investigación, o ambas cosas.

Morales también tenía vínculos con fuerzas políticas significativas de los EEUU, que son cercanas a las agencias de inteligencia y la administración Trump. Habría brindado seguridad durante algunos años al multimillonario de Las Vegas Sheldon Adelson. El País declaró que los empleados de Adelson incluyen a un “antiguo funcionario de la CIA” y que “Adelson es uno de los principales donantes del Partido Republicano y amigo personal de Donald Trump”.

Ahora, sin embargo, el jefe de UC Global se está enfrentando a acusaciones criminales serias. Fue arrestado en octubre y liberado bajo fianza, y El País informó de que de la Mata lo está investigando por alegaciones de violar “la privacidad de Assange y la confidencialidad entre abogado y cliente, así como malversación, soborno, lavado de dinero y posesión ilegal de armas”.

Según noticias de El País, la vigilancia tuvo como objetivo particularmente al equipo legal de Assange.

Audios y vídeos de conversaciones confidenciales entre Assange y sus abogados fueron grabados y transmitidos directamente a la CIA, mientras que documentos legales fueron robados o copiados. Dispositivos de espionaje fueron instalados hasta en el baño de mujeres, donde las abogadas de Assange a veces se reunían con él en un intento por evadir la vigilancia.

Las violaciones flagrantes de la confidencialidad abogado-cliente de Assange, por las propias autoridades estadounidenses que lo están persiguiendo, hace del enjuiciamiento intentado por parte de los EEUU una violación del derecho internacional y del doméstico.

Los abogados de Assange han señalado los paralelos que hay con la persecución de Daniel Ellsberg por parte de la administración estadounidense del presidente Richard Nixon en los '70. El intento de Nixon de enjuiciar a Ellsberg acusándolo de espionaje por su publicación de los Papeles del Pentágono que revelaban la criminalidad de la Guerra de Vietnam, se vino abajo cuando se dio a conocer que la administración había supervisado un espionaje ilegal a consultas entre el denunciante y sus médicos.

La brecha de la privacidad de Assange es de un orden de magnitud aún mayor. Los comentaristas han observado que mientras Assange estaba viviendo como refugiado político en la embajada ecuatoriana, ese era probablemente el edificio más vigilado del planeta.

En un artículo detallado para La Repubblica el mes pasado, la periodista italiana Stefania Maurizi, que ha estado colaborando con WikiLeaks y Assange desde hace una década, ofreció nueva información que revela el alcance de la vigilancia.

Archivos obtenidos por Maurizi mostraban que cuando visitó la embajada. “ella no solo era filmada, sino que le desatornillaban y abrían los teléfonos, presumiblemente para obtener el código IMEI que permite la identificación única del teléfono para interceptarlo”.

Los que aparecen en los archivos de espionaje de UC Global incluyen a médicos, abogados famosos, periodistas, políticos y famosos que han visitado a Assange. Algunos de ellos eran ciudadanos estadounidenses. La vigilancia del gobierno estadounidense contra sus propios ciudadanos, sin orden judicial, sería una violación de la Constitución estadounidense.

Aquellos cuyos derechos han sido violados se podrían contar por docenas o incluso por centenas. UC Global también se enfrenta a la posibilidad de acciones legales por infringir la privacidad de periodistas y otros. La semana pasada, el canal alemán público NDR presentó una querella criminal contra la compañía, argumentando que sus periodistas también habían sido espiados cuando visitaron la embajada.

De manera más significativa, el artículo de Maurizi establece además que las autoridades estadounidenses estaban íntimamente implicadas en la operación de vigilancia de UC Global. Escribió: “Según empleados de UC Global, los estadounidenses han puesto micrófonos láser fuera de la embajada para interceptar conversaciones en el interior, capturando las vibraciones del vidrio de las ventanas”. Las agencias de inteligencia estadounidenses también ayudaron a UC Global a superar los intentos de Assange por obstaculizar la vigilancia mediante el uso de dispositivos de ruido blanco.

Las violaciones extraordinarias de la privacidad de Assange fueron un componente de lo que el Reportero Especial de Naciones Unidas para la Tortura, Nils Melzer, consideró a principios de este año que era una campaña continua de “tortura psicológica”.

El aislamiento de Assange en la embajada, realizado mediante las amenazas de la policía británica de arrestarlo si salía del edificio, ha sido seguido por su encarcelamiento en la cárcel de máxima seguridad Belmarsh desde abril.

Las autoridades británicas le han impedido a Assange preparar una defensa para las audiencias de extradición el próximo febrero, lo han retenido en condiciones de confinamiento en solitario virtual y han desestimado advertencias de expertos médicos de que su salud se ha deteriorado hasta el punto de que podría morir en prisión.

Esta marcha atrás sobre la entrevista a Assange por parte del juez de la Mata coincide con una oleada de apoyo para el fundador de WikiLeaks. A lo largo de la semana pasada, destacadas personalidades públicas, incluyendo a periodistas, médicos, políticos y funcionarios de Naciones Unidas han condenado el encarcelamiento de Assange en la prisión Belmarsh y se han expresado en contra de la perspectiva de su extradición a los EEUU.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de diciembre de 2019)