Están estallando huelgas y manifestaciones en España, que revelan rápidamente lo poco que le queda de sus pretensiones "izquierdistas" al gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos.

En el País Vasco (Euskadi) y en la comunidad euskalduna de Navarra, decenas de miles de manifestantes y huelguistas se unieron a una huelga general de un día convocada por sindicatos nacionalistas vascos bajo la consigna "Empleos, jubilaciones, y una vida decente". Además de las demandas de vincular las pensiones a la inflación y por un aumento en las jubilaciones estatales, se plantearon demandas obreras más amplias. Estas incluían "terminar con la precariedad", un salario mínimo de €1.200, la semana laboral de 35 horas y "un sistema de servicios sociales público, universal y gratuito".

El jueves por la mañana, las calles, lugares de trabajo y escuelas del País Vasco permanecieron vacíos mientras cientos de miles de personas se unían a la huelga. Fábricas regionales clave —las del fabricante de automóviles Volkswagen, el fabricante de trenes y autobuses CAF, y las acereras Sidenor y Arcelor Mittal— fueron cerradas, así como bares, restaurantes y pequeños negocios. En el sector público, el seguimiento fue aplastante. Cerraron también ayuntamientos, hospitales, escuelas y universidades.

Piquetes cortaban rutas, y había protestas de masas en las principales ciudades de la región: 50.000 personas marcharon en Bilbao (de 350.000 habitantes), 35.000 en San Sebastián (de 185.000), 35.000 en Pamplona y 25.000 en Vitoria-Gasteiz.

De manera significativa, los huelguistas establecieron lazos con trabajadores del otro lado de la frontera en Francia para bloquear la principal estación de trenes en Hendaye, Francia —cubierta por los trenes franceses de alta velocidad TGV y servicios locales de TER, así como servicios de Arco operados por las compañías ferroviarias españolas RENFE y EuskoTren.

La policía del gobierno del PSOE y Podemos arrestó a 10 manifestantes en el País Vasco bajo varios cargos, incluyendo dibujar grafitis y dañar cámaras de seguridad.

Los principales sindicatos españoles, el socialdemócrata Unión General del Trabajo (UGT) y el estalinista Comisiones Obreras (CCOO), se opusieron a la huelga. La declararon "incoherente" con el apoyo al gobierno del PSOE y Podemos.

Es crítico que los trabajadores quiten la huelga de manos de los sindicatos, que formen sus propios comités de acción, y apelen al apoyo de la clase trabajadora de toda España contra este gobierno reaccionario. Podemos empezó a apoyar al gobierno regional del Partido Nacionalista Vasco (PNV) después de que el PNV respaldara la investidura del gobierno nacional del PSOE y Podemos en Madrid. Antes de la huelga, en un intento por romperla, Podemos apoyó los requerimientos de "servicio mínimo" del PNV de que tenía que funcionar un 30 por ciento de los servicios públicos.

Esta huelga es parte de un resurgir global de la lucha de clases, al rebelarse trabajadores de todo el planeta contra los niveles obscenos de desigualdad social producidos por el capitalismo. Han estallado huelgas en la industria automotriz estadounidense y mexicana, en las plantaciones de té de Sri Lanka, y contra los recortes a las jubilaciones del presidente francés Emmanuel Macron. En todos estos casos, los trabajadores han tenido ante ellos la confrontación directa de los sindicatos. El camino hacia adelante es una lucha internacional para transferir el poder del Estado a la clase trabajadora.

Podemos ha lanzado ataques apenas velados a la huelga por supuestamente alterar la unidad nacional. Su cuenta de Twitter vasca decía: "Respetamos la convocatoria del 30 de enero. Pero nos parece que la huelga ha perdido su carácter de demanda obrera y ha adquirido una naturaleza social y política, por eso la unidad social y sindical no se ha logrado". Lander Martínez, el dirigente del partido en la región, declaró tajantemente: "La huelga no le otorga confianza al gobierno recientemente asumido", es decir, el gobierno de la austeridad del PSOE y Podemos.

Temiendo la creciente oposición obrera, la facción pablista Anticapitalistas de Podemos, dirigida por Teresa Rodríguez, declaró: "No podemos decir en Euskadi que no vayamos a la huelga general, porque somos parte del gobierno".

Los sindicatos españoles, vascos y franceses, todos, desempeñan un papel reaccionario. Todos buscan dividir al movimiento obrero contra el desempleo, las bajas jubilaciones y los niveles de vida cada vez peores según criterios nacionales y subordinarlo a partidos antiobreros como Podemos.

CCOO, UGT y la Confederación General del Trabajo (CGT) de España se opusieron a la huelga vasca, afirmando que tiene una dimensión "nacionalista". Este es un fraude político cínico. El apoyo de los sindicatos vascos a la burguesía regional vasca y sus demandas de un Estado capitalista separado es nacionalista y reaccionario pero también lo son las exigencias de CCOO, UGT y CGT de defender al gobierno español contra los trabajadores. Sus críticas a los sindicatos vascos simplemente tienen por objetivo dar una tapadera "izquierdista" a su hostilidad a la huelga.

En Francia, mientras tanto, la CGT francesa está inmersa en conversaciones con el presidente Emmanuel Macron por financiar los recortes a las jubilaciones ampliamente detestados, incluso al tiempo que cientos de miles de trabajadores y jóvenes marchan en protestas. La CGT tiene por objetivo estrangular la ira explosiva contra Macron, incluso después de que obreros ferroviarios y de tráfico, privados de la paga de huelga, fueron obligados a volver al trabajo, poniendo fin a una huelga de seis semanas, hace dos semanas.

Se está preparando un estallido mucho más amplio de oposición a la Unión Europea y al gobierno del PSOE y Podemos. En medio de las huelgas por las jubilaciones de la semana pasada, una protesta de tres días tuvo lugar en el sector agrícola español, llamado "En defensa de su futuro". Los agricultores están protestando por las bajas ganancias, restricciones comerciales vinculadas el Brexit, a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, a las sanciones de la UE a Rusia, y a los recortes previstos en las subvenciones de la Política Agrícola Común (CAP) de la Unión Europea.

La represión policial de las protestas de los granjeros por el gobierno del PSOE y Podemos dejó muchos heridos. Un tufo de hipocresía rodea los intentos de Podemos de encubrir su papel en la represión estatal de las protestas de masas contra sus políticas derechistas.

La ministra de igualdad Irene Montero (de Podemos) derramó lágrimas por la "situación difícil" de los agricultores y elogió el derecho a protestar: "He defendido esto antes y lo haré más ahora". Al mismo tiempo, el líder del gobierno en el que ella se sienta, el presidente Pedro Sánchez, autorizaba a la policía a disparar a los agricultores manifestantes con balas de goma.

Mientras el PSOE y Podemos reprimen a trabajadores y agricultores que luchan contra su agenda de austeridad, están rompiendo la vieja mentira usada contra los manifestantes franceses de los "chalecos amarillos": que todas las huelgas o protestas contra un gobierno socialdemócrata son fascistas.

Un destacado defensor de Podemos, el periodista Antonio Maestre, escribió en una columna de eldiario.org titulada "La base rural del fascismo" que la "estrategia de la ultraderecha en las protestas de los agricultores no puede ser ignorada". Recordando que los terratenientes del siglo XIX y del XX movilizaron a pequeños granjeros contra sus propios intereses, escribe: "Debemos finalmente romper esa reaccionaria unidad de acción" entre la oligarquía y "los intereses de jornaleros y pequeños agricultores". Exigió "aislar a los 'agricultores de sofá' que reciben millones de euros en subvenciones y utilizan el campo y su dolor para romper el progreso social".

Esto es una mentira política. Primero, la columna de Maestre no da pruebas de que los partidos ultraderechistas dirijan las protestas de los agricultores; políticos de Podemos, por otro lado, fueron filmados charlando y riendo con miembros del partido fascista Vox en el parlamento. Segundo, si existe el peligro de que Vox construya una base entre trabajadores rurales, es porque Podemos y sus aliados han trabajado durante años para suprimir la oposición al PSOE desde la izquierda. Otra vez están trabajando para fomentar a Vox, llevando a cabo políticas antiobreras al tiempo que denuncian a toda la oposición como fascista.

Llevar adelante la lucha de clases exige una ruptura intransigente con Podemos. Es crítico traer a capas más amplias de la clase trabajadora a la lucha contra el gobierno del PSOE y Podemos en España, y unificar las luchas en España, Francia y en toda Europa contra la UE. Contra el veneno nacionalista y el militarismo de la clase gobernante, la cuestión decisiva es forjar la unidad internacional de la clase trabajadora en la lucha revolucionaria.

(Publicado originalmente en inglés el 3 de febrero de 2020)