El 11 de febrero, la administración del presidente filipino Rodrigo Duterte notificó oficialmente a la Embajada de los Estados Unidos en Manila su intención de finalizar el Acuerdo de Fuerzas de Visita (VFA, por sus siglas en inglés) de dos décadas de antigüedad con Washington. La medida es la ruptura más seria en las relaciones entre Manila y su antiguo maestro colonial desde la concesión de la independencia formal del 4 de julio de 1946. Si no se retira, la terminación entrará en vigencia 180 días después del aviso oficial.

El VFA se concluyó como un acuerdo ejecutivo entre los dos países en 1999 para permitir la presencia rotacional de las fuerzas militares estadounidenses en Filipinas. Fue visto como un medio para retroceder el impacto de la decisión de 1991 del Senado de Filipinas, por la mayoría en un voto, para negarse a extender el arrendamiento de Washington en sus bases militares en el país.

Bajo los términos del VFA, el Ejército de Estados Unidos ha montado miles de juegos de guerra conjuntos en las Filipinas, incluyendo el Balikatan anual, o ejercicios “hombro con hombro”. Cada año, Washington ha desplegado un número cada vez mayor de tropas y equipos militares para estos ejercicios, que han cambiado su enfoque de actividades antiterroristas a la llamada seguridad marítima, una expresión de la guerra abierta del Pentágono contra China en el Mar Sur de China. En la actualidad se realizan alrededor de 300 ejercicios de este tipo cada año.

Duterte es un populista de derecha cuya guerra fascista "contra las drogas" ha llegado al asesinato extrajudicial de decenas de miles de filipinos pobres en los últimos tres años. Representa los intereses de capas de capitalistas filipinos que participan en el desarrollo inmobiliario y de aquellos ubicados en regiones del país que se encuentran en Manila. Estas capas buscan una gran inversión en infraestructura para mejorar sus posiciones comerciales y Duterte articula estas preocupaciones en su programa exclusivo "Construir, Construir, Construir", que propone invertir miles de millones en carreteras, puentes, represas y nuevos aeropuertos. El dinero para esto, afirma Duterte, vendrá sobre todo de la inversión de China.

Washington ha intentado apuntalar su declive económico frustrando el ascenso de China, por todos los medios, incluyendo los militares. Al afirmar su "interés nacional" en el Mar del Sur de China, Estados Unidos ha llevado las tensiones en toda la región de Asia Pacífico al borde de la guerra. Al cortejar la inversión de Beijing, Duterte ha tratado de distanciar a Manila de esta campaña de guerra, ignorando el dudoso fallo contra China asegurado por la administración Aquino del Tribunal Internacional sobre la ley del Mar.

Washington felizmente financiará y apoyará a tiranos y matones en todo el mundo hasta que crucen los intereses imperialistas estadounidenses. A medida que Duterte se movía cada vez más hacia Beijing, Washington comenzó a denunciarlo por violaciones de derechos humanos en su guerra contra las drogas a pesar del hecho de que el gobierno de Obama inicialmente proporcionó millones de dólares en fondos para la cruzada asesina de Duterte antes de que su realineamiento geopolítico se definiera claramente.

Parte de la presión de derechos humanos sobre la administración de Duterte fue un proyecto de ley que se aprobó en el Senado por los Estados Unidos en enero, que impuso sanciones económicas bajo la Ley Magnitsky sobre figuras políticas filipinas vinculadas a las ejecuciones extrajudiciales bajo Duterte y les negó la entrada a los Estados Unidos. Cuando el senador filipino Ronald “Bato” de la Rosa, un aliado clave de Duterte y exjefe de policía, que ha estado estrechamente relacionado con asesinatos extrajudiciales durante décadas, se le negó la entrada en los Estados Unidos, Duterte respondió anunciando que estaba rompiendo el VFA .

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, articuló claramente la perspectiva del imperialismo estadounidense en este asunto: el VFA fue un aspecto crítico del gran conflicto de poder de Washington con China. Él le dijo a la prensa, “Mientras intentamos reforzar nuestra presencia y competir con [China] en esta era de gran competencia de poder, creo que es un movimiento en la dirección equivocada por la larga relación que hemos tenido con Filipinas por su posición estratégica, los lazos entre nuestros pueblos, nuestros países".

Beijing respondió el 17 de febrero cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo en una rueda de prensa que Filipinas tiene el "derecho a mantener una política exterior independiente". Continuó, "China también cree que el intercambio y la cooperación entre países no solo deben beneficiar a los involucrados, sino también avanzar en la paz y la estabilidad regional y global". Los lazos militares entre Washington y Manila, argumentó Beijing, no estaban avanzando hacia la paz global.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pareció abordar el asunto como una negociación comercial, respondiendo en una conferencia de prensa: “Si les gustaría hacer eso, está bien. Ahorraremos mucho dinero ... Mi relación, como saben, es muy buena con su líder [Duterte]. Y veremos qué sucede".

La decisión de Duterte ha enviado temblores a través de la élite gobernante filipina, las capas más antiguas y establecidas que están íntimamente ligadas a Washington. Expresan sus intereses a través del Makati Business Club (MBC), que declaró que la alianza militar con los Estados Unidos fue "crítica" para "reservar la paz y el estado de derecho en la región".

Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) dependen en gran medida del dinero de Washington. Entre 2016 y 2019, EE. UU. suministró al ejército filipino US $550 millones. La función principal de la AFP es como una fuerza policial nacional: hacer frente a las insurgencias, suprimir la disidencia entre la clase trabajadora y la población campesina, y arrestar a activistas políticos. Cuando Trump habla de ahorrar dinero, aumenta el espectro de los recortes a la ayuda militar, y los capitalistas filipinos ven el peligro amenazante de inquietud social. Esta es la perspectiva del Makati Business Club cuando habla de "preservar la paz" y el "estado de derecho".

En los días inmediatamente posteriores al anuncio de Duterte, tanto el Secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Locsin, como el secretario de Defensa, Delfin Lorenzan, se manifestaron a favor de mantener el Acuerdo de las Fuerzas de Visita. La oposición, organizada en el Partido Liberal, expresó la necesidad de una revisión senatorial de la decisión de Duterte de poner fin al VFA. Sin embargo, su protesta se ve obstaculizada por el hecho de que, en general, son las mismas figuras políticas que argumentaron a fines de la década de 1990 que el VFA era un acuerdo, no un tratado, y como tal no requería la aprobación del Senado.

La oposición del Partido Liberal sigue siendo una minoría en la legislatura y muchos de sus líderes han tratado de desestabilizar la administración Duterte canalizando los disturbios sociales detrás del chovinismo antichino como un medio para atacar al presidente y sus lazos con Beijing. La oposición ha capitalizado el temor a la propagación del nuevo coronavirus para cultivar un feo racismo en la prensa y las redes sociales. Los letreros de "No se permiten chinos" están surgiendo en las empresas y los alcaldes expresan abiertamente las demandas de deportación de los trabajadores chinos.

La mayoría de los políticos filipinos se han aliado por el momento con Duterte. La historia de Filipinas demuestra lo rápido que pueden abandonarse esas lealtades, particularmente ante un posible golpe militar. Los altos mandos de la AFP fueron entrenados en los Estados Unidos, muchos son graduados de West Point y Annapolis, y su lealtad siempre ha sido más con Washington que con el ocupante del palacio presidencial de Malacañang.

Con la finalización de la VFA pendiente en los próximos seis meses, habrá discusiones de alto nivel entre Washington y Manila y entre el Pentágono y la AFP. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Políticos-Militares, R. Clarke Cooper, dijo a la prensa que habrá "conversaciones en curso" sobre el VFA que conducirán hacia un Diálogo Estratégico entre Estados Unidos y Filipinas en marzo para discutir el tema.

El desguace de la VFA amenaza con poner fin a los juegos de guerra inmensamente lucrativos y posiblemente corten los fondos de Estados Unidos, lo que representa una parte significativa del presupuesto de la AFP. Hay sin duda "conversaciones en curso" de otro tipo que se llevan a cabo en los cuartos traseros para trazar medios extraconstitucionales para resolver la finalización de la VFA.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de febrero de 2020)