Varios fallos de los tribunales federales en los últimos días han desafiado las acciones y el equipo de agenda ultra antiinmigrante de la administración Trump, preparando el escenario para una serie de casos que probablemente serán decididos por la mayoría de extrema derecha del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El domingo, el juez de distrito de Washington D.C., Randolph Moss, dictaminó que el nombramiento del presidente Trump de Ken Cuccinelli como director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) violaba la Ley Federal de Reforma de Vacantes (FVRA) de 1998. El resultado inmediato del fallo es la suspensión de dos directivas de Cuccinelli implementadas desde su nombramiento en junio pasado con el objetivo de reducir drásticamente el número de inmigrantes aceptados por las autoridades de inmigración para asilo en los Estados Unidos.
El USCIS (Servicio Gubernamental de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) es una agencia—como Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)—dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Es responsable de procesar y adjudicar las solicitudes de visas de trabajo, asilo y ciudadanía estadounidense. Cuccinelli, quien también ocupa el puesto número dos dentro del DHS, nunca fue nominado formalmente para ninguno de los puestos debido a su impopularidad tanto con los demócratas como con los republicanos en el Senado.
La FVRA regula a quién puede nombrar el presidente para ciertos puestos dentro de su gabinete. Al crear un nuevo puesto para Cuccinelli llamado “Subdirector Principal”, la administración Trump intentó eludir los requisitos de la FVRA estipulando que el director del USCIS debe desempeñar un papel subordinado como “Primer Asistente” antes de convertirse en director.
El juez Moss, designado por la administración de Obama, escribió en su decisión: “Cuccinelli puede tener el título de Director Adjunto Principal, y la orden de sucesión del Departamento de Seguridad Nacional puede designar a la oficina del Director Adjunto Principal como el primer asistente del Director. Pero etiquetas—sin ninguna sustancia—no pueden satisfacer la regla predeterminada de la FVRA bajo ninguna lectura plausible del estatuto”.
El fallo fue en respuesta a una demanda presentada por los grupos de defensa de inmigrantes Democracy Forward (Democracia Adelante) y la Red Católica de Inmigración Legal en nombre de un centro legal de inmigración y siete solicitantes de asilo. En su demanda, el grupo impugnó el nombramiento de Cuccinelli y sus directivas de cómo destripar las “protecciones para los solicitantes de asilo que huyen de la persecución” acortando el proceso de adjudicación y prohibiendo a los solicitantes obtener una continuación.
El derechista republicano Cuccinelli y el ex fiscal general del estado de Virginia se hizo famoso cuando se discutió la ley de “carga pública” de la administración Trump en Radio Pública Nacional en agosto pasado. Cuando se le preguntó sobre el plan de la Casa Blanca para otorgar tarjetas de residencia y visas solo a los inmigrantes que puedan probar que no usarán los servicios del gobierno, Cuccinelli falseó las palabras de la placa de bronce en la Estatua de la Libertad, diciendo: “Dame tu cansado y tu pobre quien pueda sostenerse por sí mismo y quien no se convertirá en una carga pública”.
En otro fallo el viernes pasado, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito confirmó una orden judicial contra los mal llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP) de la administración Trump, implementados en enero de 2019. En una decisión 2-1, el tribunal de apelaciones bloqueó el MPP que ha estado obligando a los solicitantes de asilo no mexicanos a permanecer fuera de la frontera sur de los Estados Unidos mientras sus casos pasan por los tribunales de inmigración.
También conocida como la política de “Permanecer en México”, el MPP ha sido una parte central de la campaña de la Casa Blanca de Trump contra los migrantes de América Central que han huido de sus países de origen en busca de asilo en los Estados Unidos. Desde que se implementó el MPP, 59,000 solicitantes de asilo han sido devueltos a ciudades fronterizas mexicanas para esperar una decisión sobre sus reclamos de protección, un proceso que puede llevar meses o años en completarse.
Inmediatamente después de la decisión contra MPP (Protocolos de protección de migrantes), el panel de tres jueces suspendió su propio fallo y otorgó la petición de la administración Trump de una apelación inmediata. El tribunal ha dado abogados para ambas partes hasta el lunes para responder a la suspensión.
En otro fallo el viernes pasado, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito confirmó una orden judicial contra los mal llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP) de la administración Trump, los cuales fueron implementados en enero de 2019. En una decisión 2-1, el tribunal de apelaciones bloqueó el MPP que ha estado obligando a los solicitantes de asilo no mexicanos a permanecer fuera de la frontera sur de los Estados Unidos mientras sus casos pasan por los tribunales de inmigración.
Adoptada de manera fraudulenta por el DHS como un “enfoque humanitario” para los solicitantes de asilo, la política del MPP establece que “ciertas personas extranjeras que ingresen o soliciten la admisión a los Estados Unidos desde México—ilegalmente o sin la documentación adecuada—pueden ser devueltas a México y esperar fuera de los Estados Unidos durante sus procedimientos de inmigración”.
La realidad que enfrentan los solicitantes de asilo al estar obligados a permanecer en las ciudades fronterizas mexicanas es la de enfrentar la violencia y los secuestros mientras viven en refugios improvisados y enormes campamentos expuestos a los elementos. También hay informes que los carteles mexicanos de la droga se han mudado en el lugar para explotar a estas personas vulnerables, muchas de las cuales son mujeres y niños.
La decisión del Noveno Circuito de mantener su propia decisión se tomó el viernes por la noche cuando los funcionarios de CBP se alarmaron al observar grupos de migrantes que comenzaron a reunirse en los puentes internacionales con la esperanza que se les otorgara la entrada a los Estados Unidos.
En un tercer caso, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito también dictaminó 3-0 el viernes para mantener un bloqueo sobre la regla de la administración Trump que impide a los inmigrantes que cruzan la frontera entre puertos de entrada, soliciten asilo. El fallo dice que la política contradice las leyes de inmigración de los Estados Unidos que establecen que “[un] extranjero que esté físicamente presente en los Estados Unidos o que llegue a los Estados Unidos (ya sea o no a un puerto de llegada designado ...) independientemente de la condición de ese extranjero, puede solicitar asilo”.
Si bien la última serie de decisiones judiciales han desafiado las políticas de inmigración de Trump, la administración sigue adelante con sus ataques contra los derechos de los inmigrantes. El viernes, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una agencia dentro del Departamento de Justicia, anunció un nuevo programa de tarifas para los solicitantes de asilo que requiere un pago de $50 para que su caso sea escuchado en la corte. Anteriormente, las personas que huían de la persecución podían solicitar asilo en los Estados Unidos sin tener en cuenta su capacidad de pago.
Otros cambios propuestos a las tarifas de inmigración incluyen un aumento de casi diez veces en el costo para impugnar las órdenes de deportación de inmigrantes en los tribunales de Estados Unidos a casi $1,000, un aumento de $990 para las tarifas de tarjeta verde para un total de $2,750 y un aumento de $445 para la naturalización de nuevos ciudadanos para un total $1,170. Claramente, todo lo que está haciendo la administración Trump está dirigido a reducir la cantidad de inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos sin considerar su procedencia o cómo ingresaron al país.
Las políticas de inmigración de la Casa Blanca violan las leyes estadounidenses e internacionales y la inconsistencia de los tribunales estadounidenses—así como de los demócratas del Congreso que han votado repetidamente para financiar el muro fronterizo de Trump—en estos temas de básicos derechos democráticos, muestra que no se puede confiar en las instituciones del gobierno de los Estados Unidos para defender a los trabajadores migrantes. Solamente la unidad de los trabajadores estadounidenses con sus hermanos y hermanas en todos los países del mundo, contra el crecimiento del nacionalismo y las leyes antiinmigrantes, como parte de la lucha por el socialismo, puede garantizar los derechos todos trabajadores.
(Publicado originalmente en inglés el 2 de marzo de 2020)