Desde que el nuevo coronavirus (Covid-19) se detectó por primera vez a nivel regional en Brasil hace dos semanas, los casos confirmados en América Latina y el Caribe han superado ya los 300 y han llegado a la mayoría de los países. Tres pacientes, uno en Panamá, otro en Argentina y un tercero en Guyana, han muerto.

A pesar de haber tenido casi dos meses para prepararse para la inevitable llegada del virus, los Gobiernos y las clases dirigentes de América Latina no organizaron ninguna respuesta significativa. Las prohibiciones y controles de viaje en los puertos de entrada resultaron ineficaces, y se han detectado viajeros infectados días e incluso semanas después de su llegada. Ahora que los países giran hacia las medidas de mitigación, se caracterizan por cuarentenas desordenadas para los casos sospechosos, la suspensión gradual de las clases y la cancelación de concentraciones de personas.

La tardía y deficiente respuesta en la región se está viendo abrumada debido a que está guiada por los esfuerzos para encubrir, y no contrarrestar, las desigualdades en el acceso a las pruebas y a la atención sanitaria.

La pobreza rampante y la desigualdad social de América Latina la hacen especialmente vulnerable a la propagación y el impacto del virus Covid-19. Si acaso, en los últimos años la región se ha vuelto más propensa a las epidemias, como lo demuestra el brote de dengue de 2019, el peor de la historia, con más de 3 millones de casos y un repunte este año.

Nahid Bhadelia, especialista de la Universidad de Boston sobre brotes en África, Asia y América Latina, escribió en Atlantic que la facilidad de transmisión del Covid-19 “exacerbará algunas de las mayores debilidades de centros de salud saturados y de bajos recursos, incluida su incapacidad para identificar y aislar rápidamente a los pacientes que pueden tener síntomas tempranos parecidos a los de otras enfermedades comunes”.

La calamidad sanitaria que se cierne sobre la región y sus repercusiones económicas ya han provocado que las divisas regionales y las bolsas de valores caigan en un orden de magnitud. La principal bolsa de valores de Brasil, el Ibovespa, ha perdido casi un cuarto de su valor en el curso de esta semana, suspendiendo el comercio de acciones dos veces por la velocidad de la caída.

El país ha confirmado más de 100 casos de coronavirus. Entre los más recientes se encuentra Fabio Wajngarten, el portavoz del presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro, quien también se sometió a una prueba y se encuentra bajo aislamiento y observación médica. Ambos regresaron recientemente de un viaje de cinco días a EE. UU., donde se reunieron con el presidente Donald Trump en su resort turístico de Florida.

El devastador impacto económico de la pandemia y el hecho de que pondrá al descubierto la enorme desigualdad social de América Latina sólo puede conducir a una intensificación de la lucha de clases. Esto se produce tras las huelgas y protestas masivas del año pasado en Puerto Rico, Chile, Ecuador, Colombia, Honduras, Bolivia, Haití y Brasil.

Las declaraciones más frecuentes (y llenas de pánico) de los funcionarios y la prensa corporativa han sido llamados a la población para que no cunda el pánico. Capturando estos temores, la revista America's Quarterly publicada por el centro de pensamiento Americas Society/Council of the Americas, escribió: “¿Qué pasaría si el Instagram de todos empieza a llenarse de largas colas y pacientes que sufren (o peor) en los pasillos de los ya saturados hospitales públicos de la región, mientras los ricos reciben un tratamiento decente en clínicas privadas?”.

Si bien la revista añade que “este contraste en el tratamiento podría convertirse en dinamita política”, la situación es aún más explosiva en condiciones en que la privatización de la salud y el vaciamiento de las instalaciones públicas han obligado a grandes sectores de la clase obrera a endeudarse para poder acceder a clínicas y laboratorios privados. Se puede tardar meses en conseguir citas para exámenes, consultas e incluso cirugías en los hospitales públicos, mientras que los trabajadores informales no cuentan con el seguro estatal. Un estudio de 2019 publicado en The Lancet encontró que el 42,7 por ciento de los gastos médicos en América Latina constituyen gastos de bolsillo.

La clase gobernante y el imperialismo respondieron a las protestas sociales del año pasado llevando a la región al borde de dictaduras abiertas, incluso con el asesinato de cientos de manifestantes a manos de los militares chilenos, ecuatorianos, colombianos y bolivianos.

Además, las repercusiones económicas mundiales del coronavirus coinciden con el peor período económico de América Latina en siete décadas, debido en gran medida a la desaceleración económica de China, la cual se ha empeorado gravemente por la pandemia. Cuando China se convirtió en el principal socio comercial de América del Sur y la región se convirtió en el segundo destino de la inversión extranjera directa de China, la frase “Cuando China estornuda, América Latina se resfría” se volvió común. Ahora es una escalofriante advertencia.

En este contexto, las oligarquías latinoamericanas se resistirán aún más a dedicar los recursos necesarios para la contención y el tratamiento del Covid-19 y para compensar a los trabajadores por los ingresos perdidos. En cambio, están preparándose para aplastar todas las señales de protesta popular. Hasta ahora esto ha quedado demostrado por la decisión del Gobierno guatemalteco de extrema derecha de imponer un estado de emergencia, el cual militariza los servicios públicos como hospitales y escuelas y prohíbe todas las manifestaciones, incluso antes de que se confirmaran casos en el país.

Las desigualdades entre los países son significativas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enviará equipos de expertos para ayudar a “los sistemas de atención de la salud más débiles”: Haití, Venezuela, Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay. Pero la realidad es que ningún sistema de salud de la región está preparado para atender una epidemia de plena escala. Todas las élites regionales son famosas por su negligencia durante los desastres naturales y las epidemias frecuentes y previsibles.

Mientras que las comunidades rurales e indígenas se ven privadas incluso de los servicios médicos básicos, la urbanización explosiva y desorganizada en toda la región se ha topado con austeridad social y privatizaciones.

Los sistemas públicos de salud han sido una de las principales víctimas de la austeridad social para pagarles a los buitres financieros. Como condición para un préstamo de 56.000 millones de dólares a la Argentina en 2018, el Fondo Monetario Internacional exigió un recorte del 70 por ciento del presupuesto para la prevención de enfermedades infecciosas.

El presidente “de izquierda” Andrés Manuel López Obrador de México ya advirtió que la respuesta de su gobierno al Covid-19 será “lenta”. Después de llevar a cabo recortes masivos en la atención médica, incluyendo una reducción de personal del 30 por ciento en la Secretaría de Salud, López Obrador aún así declaró: “Se puede tener el presupuesto pero no se ejerce, porque el Gobierno no estaba hecho para atender las necesidades del pueblo, para preocuparse por el bienestar de las personas”.

Por otro lado, según una reciente estimación de El País, Argentina, Colombia, México y Brasil, que cuentan con 1,1 millones de médicos, podrían contratar colectivamente a 2,2 millones más si eliminaran los beneficios fiscales para las empresas.

La deficiente infraestructura social también se manifiesta en el racionamiento de agua en las principales ciudades y muchos pueblos rurales de Honduras, Perú, Venezuela y Costa Rica, afectando a algunos hospitales sin tanques. Con el agotamiento repentino y precios excesivos de los desinfectantes para manos, cientos de miles de trabajadores y campesinos se han quedado sin ningún tipo de protección contra el virus mortal. Grupos de manifestantes en los suburbios de clase obrera en Honduras y Costa Rica han respondido esta semana con bloqueos de carreteras.

La titular de la OPS, Carissa Etienne, dijo en una conferencia de prensa el viernes pasado que toda la región debería esperar estos escenarios: centros de brotes iniciales, grandes propagaciones en edificaciones cerradas como prisiones, campos de refugiados y cuarteles, y una transmisión masiva en la comunidad, exacerbada por la temporada de gripe/lluvia que comienza en abril en los trópicos.

Según los datos más recientes del Banco Mundial, América Latina y el Caribe tienen un promedio de 2,2 camas hospitalarias por cada 1.000 personas, que van desde 0,6 en Guatemala hasta 5,2 en Cuba.

Toda respuesta eficaz debería coordinarse a nivel internacional para compartir los recursos y organizar efectivamente la producción y distribución de equipos médicos, pruebas y vacunas. Sin embargo, la crisis tan solo intensificará la competición nacional entre las élites gobernantes para atraer inversiones, incluso en los sistemas de pensiones en crisis, con mucho que ganar con un virus que podría acabar con gran parte de los enfermos y los ancianos.

Mientras que las elites gobernantes de América Latina pretenden descargar los costos de la epidemia sobre las espaldas de la clase obrera, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional está llamando a los trabajadores a combatirla con su propia respuesta independiente, formando comités de base en los lugares de trabajo y barrios que aseguren que todos los recursos de la sociedad se pongan a disposición de mitigar realmente el impacto del Covid-19 en toda la población con base en las necesidades sociales, no el lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de marzo de 2020)