Ayer, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos anunció que iba a implementar el estado de alarma durante 15 días para controlar la expansión de la pandemia del coronavirus. La decisión tiene lugar cuando hay 4.209 casos confirmados, 1.000 más que el día anterior, y 120 muertes.

En una rueda de prensa ayer por la tarde, el presidente del gobierno Pedro Sánchez dijo que el estado de alarma entraría en vigor hoy, para permitirle al gobierno restringir temporalmente el movimiento de los ciudadanos y movilizar a la policía y el ejército. Afirmó que la medida "permitiría la máxima movilización de recursos contra el virus".

Sánchez añadió que "Solo estamos en la primera etapa de combatir el virus" y "Tenemos unas semanas muy duras por delante. No podemos descartar que se alcancen los 10.000 [infectados] para la semana que viene".

El estado de alarma le permite al gobierno limitar el movimiento libre de personas y vehículos; incautar temporalmente bienes de cualquier tipo; intervenir y tomar temporalmente industrias, fábricas, talleres, operaciones o locales comerciales; restringir o racionar el uso de servicios o el consumo de bienes esenciales; y emitir las órdenes necesarias para asegurar el suministro a los mercados y el funcionamiento de instalaciones que fabrican productos básicos.

La medida anunciada complementa a otras tomadas a nivel regional. La Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre de todos los hoteles, bares y restaurantes. El País Vasco ha anunciado una "emergencia sanitaria", que otorga al gobierno regional la potestad de confinar municipios. Probablemente se suspendan las elecciones regionales del País Vasco y Galicia.

En Cataluña, el gobierno regional ordenó un aislamiento total —el primero de este tipo— en Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, recluyendo a un total de 70.000 habitantes en sus ciudades. Solo en Igualada se registran 58 de los 319 casos identificados en Cataluña. Esto fue un intento por frenar la transmisión del mayor brote de coronavirus detectado en Cataluña hasta el momento, después de que el gobierno regional se negara a cerrar escuelas y otros lugares de gran concentración de personas.

Mostrando el desprecio total de las clases gobernantes por los trabajadores de la sanidad, estos son 36 de los infectados recientemente en Cataluña, y hay 250 personas en aislamiento, incluyendo a 200 empleados de hospital.

Murcia decretó el confinamiento de ocho ciudades y pueblos costeros el viernes, lo que afecta a 376.000 personas. Nadie puede entrar ni salir de esos lugares excepto por razones de trabajo o de salud, y todos los negocios se cerrarán excepto las farmacias y tiendas de alimentos. La decisión llega cuando se informa de siete nuevos casos en una noche, principalmente de vecinos de Madrid que huyen de la capital hacia las zonas costeras.

La pandemia está revelando rápidamente la incapacidad del sistema capitalista de tratar con tal crisis. El gobierno español, como todos los otros, ha respondido con un asombroso nivel de incompetencia y desbarajuste. El domingo pasado permitió que se celebrara la manifestación feminista del 8 de marzo, que congregó a 120.000 manifestantes, a pesar de recibir advertencias de que la difusión del coronavirus se estaba acelerando. El ministro de sanidad era consciente de que el virus había empezado a expandirse "descontroladamente", especialmente en la región de Madrid.

El presidente Sánchez insistió en que sus ministros asistieran a la manifestación para "mostrar una imagen de unidad de los ministros varones contra el machismo", escribió El Confidencial Digital, obligando a algunos "que expresaron reservas, como el jefe de la Seguridad Social, José Luis Escrivá".

Aunque Sánchez apeló al patriotismo y el "heroismo de lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa" en su rueda de prensa, la ira social está creciendo entre los trabajadores de la sanidad por la falta de equipamiento médico básico. Jefes de departamento de grandes hospitales les están diciendo a los medios que sus centros carecen de equipamiento de protección personal. También se reconoce de manera generalizada que hay escasez de respiradores, que son esenciales para mantener en vida a los pacientes de coronavirus que están en situación crítica.

Al mismo tiempo, centros privados de salud están cobrando €300 para hacerse la prueba del coronavirus. La Iglesia Católica ha anunciado que seguirá celebrando misas, aunque el Ministerio de Sanidad está pidiendo a los ciudadanos que evitan grandes multitudes. Y los tristemente célebres centros de detención de inmigrantes seguirán abiertos, amenazando con difundir el virus entre refugiados inocentes presos allí.

La pandemia está revelando rápidamente el carácter antiobrero, no solo del gobierno de Sánchez, sino también de los sindicatos. El estalinista Comisiones Obreras (CCOO) y el socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT) están pidiendo despidos masivos para permitir descargar los efectos económicos del coronavirus en los trabajadores y sus familias. Igual que durante la crisis de Wall Street de 2008, la clase gobernante y sus agentes sindicales están haciendo todo lo posible por salvar a las empresas a costa de los trabajadores.

Un día antes de que el gobierno anunciara el estado de emergencia, CCOO, UGT y la asociación patronal CEOE y la Cepyme de las pequeñas empresas, se pusieron de acuerdo en un documento conjunto, pidieron que las grandes empresas implementen un plan temporal de ajuste de la fuerza laboral (ERTE). Este permite la suspensión temporal de los contratos de trabajo por "motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción o de fuerza mayor".

Los empleados afectados por un ERTE tendrán prestaciones de desempleo, pero solo bajo ciertas condiciones, como haber contribuido más de 360 días a la seguridad social. El abogado laboralista Álvaro San Martín le dijo a El País, "Los trabajadores ganarán menos y no tendrán acceso a ninguna compensación por despido".

El fabricante de automóviles Nissan ya ha anunciado un plan de ajuste de plantilla (ERE) que afecta a 2500 trabajadores. Se espera que Seat haga lo mismo. Kostal Eléctrica, que produce componentes para coches, anunció un plan que afecta a 800 trabajadores. El plan de Air Europa afectará a 3600 trabajadores. El grupo hotelero Melia despedirá a 230 empleados. La aerolínea española Iberia ha anunciado un ERE que afectará al 90 por ciento de su plantilla de 16.000 personas.

Se prepara una oleada de despidos masivos. Fuentes del gobierno le dijeron al diario barcelonés La Vanguardia que "en unos pocos días puede que llegue un gran número de peticiones de ERTE para que las empresas ajusten sus plantillas". CCOO ya ha confirmado que se han abierto 70 procedimientos solo en la Comunidad de Madrid.

Hay que advertir a los trabajadores y los jóvenes de que van a usar el estado de alarma contra trabajadores en huelga y manifestantes. El gobierno tiene la potestad de movilizar a la policía y el ejército para aplastar la oposición social contra los recortes de empleos y salvaguardar las condiciones contra el virus.

La pandemia está demostrando la necesidad urgente de un movimiento político de masas de la clase trabajadora en España y en el mundo contra el capitalismo y por la reorganización socialista de la economía mundial. Esto solo puede llevarse a cabo contra el austero, militarista y mal llamado "progresista" gobierno del PSOE y Podemos y los sindicatos. Un principio esencial que tiene que guiar la respuesta de la clase trabajadora a la crisis es que las necesidades sanitarias y de seguridad de los trabajadores a nivel mundial tienen que primar absoluta e incondicionalmente por encima de toda consideración de ganancia corporativa y sanidad privada.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de marzo de 2020)