Brasil registró sus dos primeras muertes por COVID-19 el martes, mientras las autoridades de San Pablo decían que estaban investigando cuatro otras muertes de pacientes para determinar si son por coronavirus. El número de casos confirmados en Brasil se ha disparado a 314, junto con otros aproximadamente 2000 casos posibles. Ya hay de transmisión comunitaria en los Estados de San Pablo y Río de Janeiro donde ocurrieron las dos muertes. Dado el bajo número de tests realizados, la mayoría de los cuales se hicieron en un solo hospital privado de San Pablo, la expansión real del virus es mucho mayor.

El presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro, después de participar personalmente el domingo en una manifestación ultraderechista en defensa de su gobierno, dejó clara su determinación de defender los intereses del mercado capitalista a costa de la vida de los trabajadores brasileños.

En una entrevista con CNN Brasil, Bolsonaro desestimó con sorna cualquier medida para impedir la extensión del coronavirus, diciendo que "muchos lo pillan, por más que se cuiden" y caracterizando las decisiones de cancelar los acontecimientos deportivos y de entretenimiento masivos de "neurosis" e "histeria".

En una de las declaraciones más criminales sobre la pandemia hechas por cualquier jefe de Estado del mundo, Bolsonaro argumentó que las únicas opciones para los trabajadores eran seguir trabajando y aceptar que se infectarán, o morirse de hambre. "El desempleo lleva a la gente que ya no come muy bien a comer todavía peor, entonces se volverán más sensibles, una vez que estás infectado, te llevará a la muerte", dijo.

Como en todos los países, la crisis del coronavirus está empeorando de manera aguda las contradicciones sociales en Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, donde seis personas monopolizan la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población. Las grandes masas de la clase trabajadora brasileña carecen de acceso a condiciones básicas de atención sanitaria, vivienda, saneamiento y trabajo seguro. En las grandes zonas urbanas, el sistema de transporte es precario y expone a la población, agolpada en trenes y autobuses, a serios riesgos por la extensión del virus.

Con una de las poblaciones carcelarias más grandes del planeta —más de 800.000 internos— la respuesta desorganizada del gobierno a la crisis desencadenó grandes rebeliones el lunes. Después de que se les suspendiera el derecho a trabajar como resultado de la pandemia, unos 1.500 presos se fugaron de cuatro penitenciarios en el Estado de San Pablo.

En los hospitales públicos del Sistema Sanitario Unificado (SUS), que da servicio al 75 por ciento de la población, el número de camas disponibles es menos de la mitad de lo que se estima que es necesario para atender la esperada explosión de casos de COVID-19 en las semanas venideras. Todavía peor, el 95 por ciento de las camas del SUS ICU ya estaban ocupadas incluso antes del brote de coronavirus.

Pero estos números no exponen el alcance del terror al que se confronta la población. Un estudio preliminar de la Universidad de Oxford en Inglaterra, publicado por Intercept Brasil, calculó que el coronavirus podría llevar a 478.000 muertes en Brasil. Esta estimación se basa en una posible contaminación del 40 por ciento de la población, lo que sería un resultado "moderado"; la investigación que hizo Harvard, sobre la cual los científicos británicos basaron sus conclusiones, dice que este porcentaje puede variar del 40 al 70 por ciento.

La respuesta del gobierno de Bolsonaro, y la de la clase gobernante brasileña en su conjunto, es que los trabajadores paguen por toda la crisis, hasta con sus propias vidas.

En un acto de propaganda cínica, Bolsonaro afirmó el jueves pasado que asignaría R$5 mil millones (lo que equivale a mil millones de dólares estadounidenses) para combatir la pandemia. Esta suma —completamente insuficiente para hacer frente a las demandas de emergencia de un país de más de 200 millones de habitantes— simplemente será transferida del actual presupuesto del Fondo de Salud Pública, la misma agencia que supuestamente está recibiendo esta financiación de "emergencia". La medida equivale por lo tanto a un aumento neto de cero en los recursos que se necesitan para hacer frente a la crisis.

Mientras los gobiernos locales empiezan a cerrar escuelas en todo el país, no se brindan alternativas a los trabajadores en términos de cuidado infantil o para seguir brindando comidas en las escuelas, que para muchos estudiantes es la principal comida del día. No hay planes para cerrar compañías privadas —los trabajadores que se dan de baja por enfermedad, o que son echados por sus propios jefes, serán abandonados a su propia suerte. Esto ya está empezando a ocurrir en redes de cines cerradas como Cinemark y Kinoplex, donde los trabajadores han sido sometidos a vacaciones colectivas no remuneradas, o salarios reducidos y programas de despido voluntario.

Asumiendo que es el deber de los propios trabajadores soportar estos costes, el Ministro de Economía Paulo Guedes ha propuesto medidas tales como adelantar el aguinaldo a jubilados y permitir que los trabajadores retiren dinero del FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), un fondo estatal, al que aportan los empleadores, para compensar a trabajadores despedidos sin causa justa o lesionados en el trabajo. Mientras tanto, está negociando una serie de acciones para "rescatar la economía", es decir, a la clase capitalista, tal como la suspensión de los pagos del impuesto a la renta y ofreciendo capital a tipos bajos.

La defensa de las ganancias capitalistas es también la política del supuesto Partido de los Trabajadores (PT). El PT publicó el lunes una nota oficial con el título "propuestas para hacer frente al coronavirus y reanudar el crecimiento económico". El principal interés del PT en esta crisis es apelar a sectores de la burguesía brasileña criticando las políticas de Bolsonaro y Guedes como incompetentes desde el punto de vista del desarrollo de la economía capitalista nacional. Muestra la misma negligencia que el fascista Bolsonaro ante la pandemia. Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente brasileño, del PT, escribió en Twitter hace unas dos semanas: "El mundo está asustado por el coronavirus ... ¿Cuántos niños mueren de hambre cada día?" Este comentario "izquierdista" ignorante y desdeñoso se produjo días después de que el presidente del partido, Gleisi Hoffmann, dijera que la pandemia estaba siendo usada por el gobierno como "excusa" para una fuga masiva de capitales desde Brasil.

En la región paulista ABC, uno de los principales centros industriales del país, y donde se originó el PT, el Sindicato Metalúrgico del ABC (SMABC) lanzó una declaración el lunes, escrita por su presidente Wagner Santana, una importante figura política del PT. Deja claras las intenciones del sindicato y del partido de garantizar el funcionamiento regular de las fábricas, sin importarles el coste en salud y vidas obreras:

Cada uno es responsable de su propio cuidado personal. Pero hay también protecciones colectivas que las compañías tienen que tomar, tal como [no] compartir una cuchara cuando se coge arroz de una bandeja, cuidar la verja dentro de la planta, limpiar el transporte público ... Cuídense. Es la única manera en la que vamos a superar esta época drástica de pandemia.

El servilismo del PT está en agudo contraste con el estado de ánimo entre los propios trabajadores. Para impedir levantamientos masivos entre los trabajadores que ven morir a sus parientes en líneas de hospital, la clase gobernante tendrá que recurrir cada vez más a la violencia abierta. El martes, los ministros brasileños de sanidad y de justicia anunciaron la reinstitución de una ley punitiva de cuarentena que data de los años '40, impuesta durante la dictadura del presidente Getúlio Vargas, que permitía el uso de la policía para hacer cumplir órdenes de cuarentena y condenas de cárcel de un año o más para los que las desafiaran.

Este abordaje severo contrasta enormemente con la conducta del presidente brasileño. En una declaración oficial hecha en la red nacional el jueves pasado, Bolsonaro usó el pretexto del coronavirus para promocionar manifestaciones fascistas que fueron convocadas para el 15 de marzo contra el Congreso y los tribunales y por un fortalecimiento del poder ejecutivo y la intervención militar. Habiendo declarado, por un lado, que ante la epidemia las protestas tendrían que "repensarse", Bolsonaro, por el otro lado, las promocionaba, diciendo que "las motivaciones de la voluntad popular están vivas todavía y son firmes".

La hipocresía del llamamiento de Bolsonaro a "repensar" las protestas por motivos de sanidad pública quedó expuesta por su participación directa en el mitin en Brasilia y su diseminación en su cuenta de Twitter de fotos y vídeos de manifestaciones por todo el país.

Las manifestaciones, promocionadas como #Bolsonaroday, tenían un carácter abiertamente fascista, y pedían el regreso del régimen legal represor impuesto bajo la dictadura militar, bajo el supuesto AI-5 (Ley Institucional 5), el cierre del Congreso y la criminalización del comunismo. Siguiendo la línea ideológica de Bolsonaro, los manifestantes desestimaron la pandemia de coronavirus como noticias falsas, llamándolo "comunavirus" (virus comunista) en discursos dados desde camiones.

Este desprecio criminal de la amenaza del COVID-19 fue ejemplificado por el baño de multitudes de Bolsonaro en Brasilia, estrechando manos y haciéndose selfis con manifestantes, poniendo en riesgo a cientos de personas. El presidente brasileño todavía está a la espera de los resultados de un segundo test de coronavirus después de haber estado en estrecho contacto con por lo menos 12 personas con casos confirmados de la enfermedad, cuatro de los cuales formaban parte de su comitiva cuando visitó el centro turístico Mar-a-Lago del presidente estadounidense Donald Trump en Florida.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de marzo de 2020)