España despliega el ejército para imponer el cierre por el coronavirus

por Alejandro López
21 marzo 2020

El ejército español está siendo desplegado en las grandes ciudades bajo el estado de alarma mientras que las muertes por coronavirus han subido de 136 a 329 en las últimas 48 horas. España ha registrado más de 9.191 infectados, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, pasando a ser el segundo país después de Italia con más infecciones nuevas registradas.

El ejército ha desplegado a 1.100 soldados de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en 13 provincias en toda España. Personal militar ha sido enviado también a limpiar partes de Madrid, que los funcionarios de sanidad temen que podrían haber sido infectadas por grandes multitudes, y a la frontera. Madrid ha ordenado cerrar sus fronteras con Francia y Portugal.

Según el estado de alarma, los soldados serán considerados "representantes de la autoridad" lo que implica que pueden emitir órdenes a civiles y que quienes no obedezcan o se resistan podrán ser acusados de desobediencia o de resistencia a la autoridad.

Policía antidisturbios en Francia

El gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos desplegará el ejército en las calles para control y vigilancia, para asegurarse del cumplimiento de las regulaciones que limitan la libertad de movimiento bajo el confinamiento. El gobierno también ha tomado el control de la policía nacional, regional y local, incluyendo la de Cataluña y el País Vasco, mientras que se pondrán bajo las órdenes de la policía a oficiales de seguridad privada.

Cualquiera que viole el "incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad" se expone a multas de €600 a €30.000, según la Ley de Seguridad Ciudadana. También se exponen a hasta cuatro años de cárcel. La misma ley que el PSOE y Podemos prometieron derogar cuando llegaran al poder, está siendo aplicada ahora bajo el estado de alarma.

El giro hacia el ejército es una advertencia a los trabajadores y los jóvenes.

La UME fue creada hace 13 años por el gobierno del PSOE con la afirmación de que serviría para luchar contra desastres naturales y emergencias. De hecho, representó la militarización de un servicio que hasta entonces lo implementaban los civiles. Mientras gobiernos sucesivos iban recortando los presupuestos de unidades de civiles que luchaban contra los incendios y los desastres naturales, el presupuesto de la UME subió hasta el punto de que actualmente tiene 3.500 soldados, vehículos blindados para transporte de personal, helicópteros, motocicletas, vehículos de policía militarizada y un centro móvil de mando. En 2017, la UME incluso inauguró la Escuela Militar de Emergencias, lo que sin precedentes significa la militarización de formación laboral de emergencias.

En un país que sufrió más de medio siglo de dictaduras militares durante el siglo XX, cuando el ejército lanzó un golpe que hundió al país en una guerra durante la cual se aliaron con la Alemania nazi y la Italia fascista, y sellando su victoria con ejecuciones masivas de 200.000 opositores políticos y trabajadores militantes, hay una amplia oposición al militarismo y el fascismo. La UME se volvió uno de los principales vehículos de la clase gobernante para legitimar el papel del ejército en asuntos internos y externos.

Que el Estado se apoye en el ejército y la UME refleja su recorte de recursos para la sanidad pública y la investigación, cuyo duro coste está siendo revelado por la pandemia. Aunque sucesivos gobiernos del derechista Partido Popular y del PSOE impusieron recortes masivos a la sanidad y la investigación, inundaron al ejército con miles de millones de euros. Ahora, la clase gobernante, desesperada y aislada ante el colapso económico, huelgas e ira creciente por su mal manejo de la crisis del virus, está desplegando el ejército porque entiende cada problema social como un problema militar-policial.

A partir del lunes, millones de personas estarán confinadas a sus hogares por al menos dos semanas. El gobierno ya ha dicho que extenderá el estado de alarma más allá de los 15 días estipulados por la ley. Bajo el estado de alarma, la gente solo puede ir a algunas tiendas específicas no acompañada, y permanecer en ellas por el tiempo que sea "estrictamente necesario", evitando multitudes y quedarse por lo menos a un metro de distancia de otras personas. Solo quedarán abiertos establecimientos para comprar comida, bebida, productos y bienes esenciales, tales como farmacias, tiendas de suministro médico, ópticas, tiendas de productos ortopédicos y de higiene, prensa, gasolina y tiendas de comida para animales.

Millones de otros trabajadores que no pueden trabajar desde casa están siendo obligados a ir a sus lugares de trabajo, viajando en condiciones antihigiénicas y trabajando en un entorno inseguro. No se trata de trabajadores de la sanidad, enfermeras, farmacéuticos ni personal de supermercado, sino de obreros de fábrica y de la construcción cuyas compañías han decidido no parar la producción durante los próximos 15 días.

Han circulado imágenes de cientos de trabajadores agolpados en autobuses, metro y trenes en las principales ciudades españolas según los trabajadores intentan desesperadamente llegar al trabajo en condiciones en las que el servicio de transporte público ha quedado reducido drásticamente —lo que viola una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de mantener al menos un metro y medio de separación entre persona y persona.

Un trabajador del metro de Bilbao, en el País Vasco, le dijo a eldiario.org: "Fue una verdadera locura. Acortaron el horario de las líneas del metro y todos los que van, especialmente a las fábricas en la orilla izquierda a tempranas horas han tenido que amontonarse para esperar el tren".

El País comentó, "Los trenes tempraneros del metro, los servicios de transporte de la clase trabajadora estaban repletos". Un trabajador de paquetería que entregaba juguetes y videojuegos dijo, "Me juego la vida por cosas estúpidas ... Voy encantado a entregar medicamentos a hospitales o a quien los necesite. Si alguien necesita algo de la farmacia, yo se lo llevo. Pero no parece justo que alguien se arriesgue la vida por cosas que la gente no necesita".

Existe una vasta solidaridad entre los trabajadores para una lucha genuina contra el virus. Numerosos vídeos han mostrado a ciudadanos en cuarentena en España e Italia convocándose en redes sociales para salir al balcón a aplaudir durante un minuto en apoyo a los trabajadores de la sanidad y otros que siguen trabajando y arriesgando la vida.

Viendo que la clase capitalista es incapaz de gestionar la crisis, y que incluso sigue dando prioridad a las ganancias por encima de la vida, los trabajadores están empezando a movilizarse para pedir que se cierren las fábricas.

La planta de la Mercedes-Benz en Vitoria, la mayor fábrica del País Vasco con más de 5.000 trabajadores, paró ayer la producción después de que los trabajadores se pusieran ante la línea de partida de los vehículos acabados para exigir que la patronal priorice la salud de los trabajadores por encima de la producción.

En Barajas, Getafe e Illescas, a miles de trabajadores del mayor fabricante de aviones del mundo, Airbus, los sindicatos les están diciendo que no vayan a trabajar. Las acciones del sindicato se produjeron después de que estallara una ira generalizada tras detectarse un caso de coronavirus. Los mismos sindicatos están actualmente negociando despidos para la plantilla.

En Valladolid, trabajadores de la planta de Iveco que fabrica vehículos indrustriales cerraron la fábrica, diciendo que la compañía no estaba tomando las medidas de seguridad adecuadas. La gerencia de la empresa pidió más tiempo para negociar las condiciones de un posible cierre, pero los trabajadores decidieron emprender acciones después de 4 días de trabajo.

Miles de trabajadores del fabricante de coches Renault y del fabricante de neumáticos Michelin también han forzado el cierre de sus fábricas en Valladolid, Palencia y Sevilla.

Es para suprimir esta ira creciente que la clase gobernante se está preparando para usar el ejército. En octubre de 2017, en el momento álgido de la crisis independentista en Cataluña, Madrid envió miles de guardias civiles para reprimir reuniones y protestas pacíficas. El gobierno español incluso barajó declarar el estado de alarma y desplegar el ejército.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de marzo de 2020)