El Gobierno de Trump aprovecha el coronavirus para bloquearle la entrada a solicitantes de asilo

por Kevin Martinez
24 marzo 2020

El martes, cuatro funcionarios de la Administración de Trump le dijeron al New York Times que el Gobierno comenzaría a rechazar a todos los solicitantes de asilo en las fronteras norte y sur de los EE. UU., ostensiblemente por preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus.

Según la nueva política, los migrantes cruzando la frontera sur en las puertas de entrada serán transportados de regreso a México y no serán detenidos por ningún tiempo en los Estados Unidos.

La política se aplicará a los solicitantes de asilo y a aquellos que crucen la frontera ilegalmente. Sin embargo, la frontera permanecerá abierta a ciudadanos estadounidenses, titulares de permisos de trabajo y otros extranjeros documentados, así como al tráfico comercial.

Si bien el cambio en la política se anunció como una medida para combatir la propagación de la pandemia de COVID-19, la Administración de Trump está, de hecho, utilizando la crisis para escalar su ataque contra los inmigrantes y los derechos democráticos en general. Las restricciones de viaje y las medidas de cuarentena son necesarias para contener la propagación de la enfermedad mortal, pero Trump se ha esforzado por utilizar tales acciones de emergencia para promover su agenda fascistizante, antiinmigrante y nacionalista, y para apelar a las fuerzas de extrema derecha.

Ha tendido a llamar al coronavirus un virus “extranjero” o “chino” para avivar el racismo y la xenofobia dentro de los Estados Unidos.

El rechazo total a los solicitantes de asilo es tan solo el más reciente paso destinado a eliminar el derecho de asilo, que está protegido por las leyes internacionales y estadounidenses. Los refugiados que huyen de la violencia y la opresión en sus países de origen, realidades siempre presentes en las naciones centroamericanas que han sido oprimidas y saqueadas por el imperialismo estadounidense durante más de un siglo, tienen el derecho democrático básico de ingresar al país donde buscan asilo y solicitar el derecho a permanecer. No son legalmente culpables de ninguna acción ilegal o criminal.

Con sus acuerdos con México y las naciones centroamericanas para impedir que los solicitantes de asilo permanezcan en los EE. UU. mientras se procesan sus casos, Trump y sus homólogos al sur han condenado a miles de trabajadores a subsistir en campos de detención abarrotados e insalubres en México y otros países donde esperan, bajo vigilancia militar, durante meses o años para un fallo de los funcionarios de inmigración de Estados Unidos. La gran mayoría de los casos son negados.

Dentro de los Estados Unidos, el Gobierno ha construido un gulag de campos de concentración para inmigrantes que detienen a los trabajadores indocumentados, incluyendo los solicitantes de asilo.

De este modo, EE. UU. ha creado caldos de cultivo para la propagación de COVID-19 tanto al norte como al sur de la frontera de EE. UU. que Trump ahora cita como una excusa para rechazar a todos los refugiados. La línea oficial de la Administración es que la prohibición de los solicitantes de asilo es necesaria debido a la existencia de centros de detención ya superpoblados en territorio estadounidense.

La Casa Blanca también ha anunciado un acuerdo con Canadá para suspender los viajes no esenciales entre ambos países.

El presidente Trump le dijo a CNN que no planeaba cerrar la frontera sur, pero que “estamos invocando una determinada disposición que nos permitirá una gran libertad en lo que hacemos”. Esta fue una referencia a un código estadounidense que permite al cirujano general negar la entrada a personas que corren el riesgo de portar una enfermedad infecciosa a los EE.UU.

Un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, sigla en inglés) le dijo a CNN: “La logística es casi imposible. Si México acepta llevar a todos de regreso, no hay problema, de lo contrario, la logística se vuelve muy, muy difícil”.

El funcionario de CBP agregó que EE. UU. podría usar una política de “retorno voluntario” para enviar a los mexicanos de regreso, pero no quedó claro cómo se podría deportar a personas con otras nacionalidades sin un acuerdo con México. El funcionario dijo que sería más factible negar la entrada en puertos terrestres a lo largo de la frontera sur ya que los solicitantes de asilo aún no están en territorio estadounidense.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México negó haber recibido ninguna solicitud formal del Gobierno de los EE. UU. con respecto al regreso de los migrantes a México como resultado del brote de coronavirus.

Las consecuencias de las políticas de la Administración se explicaron en una entrevista del New York Times con un inmigrante guatemalteco que escapó de su país después de que miembros de una pandilla mataran a su hermano. Después de viajar a los Estados Unidos para buscar asilo con su familia, Yovani fue trasladado de regreso a Guatemala.

Desde noviembre pasado, más de 900 inmigrantes centroamericanos han sido enviados a Guatemala, pero solo 20 han solicitado refugio allí.

Anteriormente, los inmigrantes eran enviados de regreso a su país de origen, donde al menos tienen familias y redes de apoyo que Guatemala no proporciona. Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes han argumentado que Guatemala es tan peligrosa como otros países donde operan las mismas pandillas criminales.

Los funcionarios estadounidenses han alcanzado acuerdos similares con El Salvador y Honduras, aunque ninguno de los Gobiernos ha puesto en práctica esos planes.

El martes, los funcionarios guatemaltecos anunciaron que suspenderán temporalmente los vuelos que transportan refugiados debido al coronavirus.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de marzo de 2020)

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