Los bloqueos de calle, saqueos de supermercados e infracciones masivas de las cuarentenas por parte de trabajadores desesperados y obligados a trabajar y hallar comida se están expandiendo en los barrios más pobres de América Latina, donde la respuesta oficial al brote del coronavirus se ha centrado en medidas de Estado policial y ha empujado a la región al borde de dictaduras abiertas.

A medida que se propaga la pandemia del coronavirus a todo rincón del planeta, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, sigla en inglés) advirtió sobre una posible escasez de alimentos debido a las alteraciones en las cadenas de producción como la disminución en migrantes estacionales, las barreras comerciales, sanciones y fluctuaciones de divisas.

Tras semanas de cortes de ruta protestando la falta de agua que previene su protección contra el coronavirus, comunidades enteras de Honduras están ahora tomando las calles por la falta de comida e ingresos como resultado de las medidas del Gobierno de Juan Orlando Hernández para contener el brote. Un “toque de queda nacional y absoluto” fue impuesto el 16 de marzo y ha dejado a cientos de miles sin ingresos y ha generado escasez de bienes básicos.

Las protestas contra la falta de comida comenzaron el 24 de marzo, cuando transportistas del norte de Tegucigalpa lideraron a una multitud de personas a bloquear calles principales en la capital. El conductor de bus Luis Guzmán le dijo a periodistas, “Nosotros vivimos del día a día, no tenemos un salario fijo, si no trabajamos, no comemos”. Añadió que su hija de 4 años “me pide comida y yo sin dinero para poder comprar aunque sea frijoles”.

El Gobierno prometió el 20 de marzo entregarles comida a 3,2 millones de hondureños en cuotas mensuales por el resto del año, bajo la “Operación Honduras Solidaria”. Sin embargo, en una reunión con empresarios agrícolas una semana después, María Antonia Rivera, delegada presidencial, anunció que el Gobierno está preparando hasta ahora 800.000 “sacos solidarios” y que la cantidad de comida dependerá en última instancia de las “negociaciones” con los proveedores.

La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, luego declaró, “Hay un criterio internacional que cada persona necesita consumir fundamentalmente 2.200 calorías diarias, entonces tenemos que garantizar que en esa provisión las tengamos”. Evitando infringir el afán de lucro de los proveedores, les pidió precios favorables dado que “estamos parcialmente surtidos”.

Luis Colindres, titular de la agencia estatal SENPRENDE, explicó que las fuerzas armadas estarán a cargo de entregar los sacos con una provisión para 15 días, priorizando a aquellos que perdieron sus ingresos diarios por la pandemia.

Durante el fin de semana, continuaron los bloqueos de ruta para exigir comida. El sábado, un manifestante en la localidad del sur del país Colonias Unidas le dijo a HCH, “Después de 14 días de estar encerrados en sus casas, ya no tienen que comer… Honduras no se va a morir del coronavirus, se va a morir del hambre. Si tenemos que morirnos en las calles peleando por la gente, pues lo vamos a hacer”.

Un grupo de trabajadores que bloqueaba el camino a Olancho en el este de Tegucigalpa le dijo a Criterio que no tienen comida, agua ni jabón y que se ven obligados a buscar agua para tomar en “un río, que pasa por la zona y que está contaminado con heces fecales y desechos sólidos”. El bloqueo fue disuelto cuando llegó la policía.

En Panamá, donde han muerto 17 personas por el coronavirus, la mayor cifra en Centroamérica, la manipulación de precios y la “cuarentena total”, que solo permite salir a comprar comida o medicinas, han llevado a cientos en las comunidades más pobres de la Ciudad de Panamá a saquear supermercados por comida.

En Curundú, los residentes comenzaron golpeando trastes el sábado por la noche para protestar que no habían recibido su mísero “bono solidario” anunciado, pero el enojo aumentó y la gente salió a las calles, incendiando basureros y saqueando tiendas. Cuando los policías militarizados aparecieron se desató un tiroteo; no se reportaron bajas.

El presidente Laurentino Cortizo declaró un estado nacional de emergencia tan pronto como el 13 de marzo y formó una mesa de trabajo para “preservar el orden social”. A pesar de que Panamá no cuenta con un ejército, el Gobierno movilizó a la policía, la patrulla fronteriza y el Servicio de Protección Institucional con unidades en uniformes camuflados, rifles de alto calibre y vehículos acorazados con ametralladoras montadas sobre ellos.

Una situación particularmente urgente se está produciendo en la provincia de Salta en el noroeste de Argentina, donde una serie de muertes de niños por inanición se está empeorando como resultado de la cuarentena del coronavirus y la negligencia deliberada de las autoridades. Sin que llegaran los “bolsones alimentarios” ni la atención médica que se prometieron —y en al menos un caso el rechazo de una solicitud de transporte al hospital— tres niños de cinco años o menos murieron entre el martes y jueves.

Con cinco millones de personas que sufren de “inseguridad alimenticia grave” según la FAO, el Gobierno argentino de Alberto Fernández ha centrado su política en sitiar los barrios más pobres con la policía y arrestar a 33.000 personas durante diez días de cuarentena.

En México, hubo saqueos de supermercados en el Estado de México, Oaxaca y Puebla, aparentemente organizados en redes sociales. En respuesta, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desplegó la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina contra la población, mientras que la policía cibernética está tomando medidas severas en las redes sociales.

AMLO no ha emitido un “estado de excepción” pero su partido Morena ya consagró el despliegue irrestricto de los militares en la Constitución, efectivamente subordinando los derechos constitucionales a un estado de guerra y emergencia nacional indefinidos.

Como en México, los trabajadores hospitalarios hondureños también llevaron a cabo protestas a principios de marzo después de no ver nada de los $400 millones supuestamente aprobados por el Gobierno para atender la pandemia. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, seleccionado especialmente para tratar casos severos del COVID-19, los trabajadores llevaron a cabo un paro para protestar la falta de agua, mascarillas y trajes de protección.

Hay 103 respiradores en Honduras pero solo 13 están disponibles para salvar a personas con casos severos del COVID-19. Después de que varios especialistas reclamaran que 140 nuevos respiradores comprados por el Gobierno no son apropiados para tratar los síntomas del coronavirus, la oficial a cargo de la compra, Roxana Araujo simplemente respondió: “Esto fue lo que se encontró, eso fue lo que se compró”.

Estas condiciones son el resultado de décadas en que el sistema de salud ha sido saqueado para incentivar su privatización y para pagar las deudas a Wall Street y la élite financiera local. Los acuerdos entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) excluyen la salud, agua y saneamiento de los pisos de gasto que buscan evitar un colapso social.

La respuesta de Estado policial y dictatorial de la clase gobernante latinoamericana a la pandemia se centra en proteger algunos de los niveles más altos de desigualdad social en el mundo. La prioridad de las oligarquías locales es permanecer competitivos para las inversiones extranjeras mientras siguen pagando intereses a los buitres financieros y dedican más recursos para expandir las fuerzas armadas.

Como señaló el Comité Nacional del Partido Socialista por la Igualdad en su declaración sobre “Cómo combatir la pandemia del COVID-19”: “Se oponen los intereses irreconciliables de dos clases antagonistas. Para los capitalistas, es una cuestión de asegurar sus intereses de lucro y garantizar que su propiedad y riqueza permanezcan intactas. Ninguna medida puede afectar sus intereses. La clase obrera está preocupada por los intereses de la humanidad, partiendo de las necesidades sociales, no el lucro privado”.

(Publicado originalmente el 31 de marzo de 2020)