El coronavirus ha comenzado a expandirse en África, Oriente Próximo, América Latina, Asia y las islas del Pacífico, amenazando a las personas más empobrecidas de la Tierra.

Muchos países han introducido una combinación de cierres de fronteras, limitaciones o prohibiciones de vuelos internacionales, órdenes de permanecer en casa, cierres de escuelas, universidades y lugares sociales y restricciones de movimiento para todo menos el trabajo esencial y las compras. Estas medidas, aunque necesarias, tienen un valor limitado si no se realizan pruebas para los casos sospechosos, se rastrean los contactos de los positivos y se les da tratamiento a los enfermos graves.

Algo crucial es que incluso refugiarse en el hogar y el autoaislamiento son imposibles en condiciones en las que una séptima parte de la humanidad vive en las llamadas viviendas informales: chozas, carpas y barrios precarios con chozas construidas de ladrillos, paja, plástico reciclado, bloques de cemento y chatarra de madera.

La mayoría de los pobres en las ciudades viven en tugurios miserables y superpoblados, rodeados de contaminación, excremento y descomposición, con acceso limitado o nulo a servicios de saneamiento, agua limpia y los servicios básicos de la vida urbana moderna. Los barrios marginales más famosos del mundo incluyen Ciudad Neza en la Ciudad de México, con 1,2 millones de personas; Dharavi en Mumbai, con 1 millón de personas, el barrio marginal más grande de Asia y el lugar de la película Slumdog Millionaire, Rocinha en Río de Janeiro, la favela más grande de Brasil con 200.000 personas; Makoko, Lagos, con más de 300.000 personas, muchas de cuyas casas están construidas en pilotes sobre una laguna.

Los residentes viven en hogares en condiciones precarias para su salud y seguridad, incluso antes del inicio del coronavirus. El autoaislamiento o la cuarentena no es posible en una cabaña de una sola habitación que sirve como dormitorio, cocina y espacio habitable, a menudo para una familia extensa, sin agua corriente y un baño comunitario compartido con docenas de personas.

Como explicó la directora del departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Shahra Razavi, "si la pandemia del COVID-19 le ha enviado un mensaje al mundo, es que solo estamos tan seguros como los más vulnerables entre nosotros".

Advirtió: "Aquellos que no pueden ponerse en cuarentena o recibir tratamiento ponen en peligro sus propias vidas y las de otros, y si un país no puede contener el virus, otros están condenados a ser infectados o reinfectados. Y, sin embargo, en todo el mundo, los sistemas de protección social están fallando miserablemente en proteger las vidas y los medios de vida de los grupos vulnerables”.

Los tratamientos médicos y, mucho menos, la atención intensiva requerida para tratar a los más gravemente afectados por el coronavirus simplemente no están disponibles en los países oprimidos. Alrededor del 40 por ciento de la población mundial no tiene acceso a un seguro de salud, ya sea público o privado, o servicios de salud pública. Alrededor de 800 millones de personas gastan al menos el 10 por ciento de su presupuesto familiar en atención médica cada año. El costo de los tratamientos médicos con frecuencia hunde a las familias en deudas, con 100 millones de personas que caen en la pobreza debido a los gastos.

Muchas personas simplemente no pueden darse el lujo de recibir el tratamiento que necesitan cuando se enferman, en condiciones en las que el VIH/SIDA, la malaria, la fiebre amarilla y la tuberculosis, por nombrar algunas, acechan. Para aquellos que pueden pagar el tratamiento, incluso en las ciudades africanas mejor ubicadas, solo hay dos médicos por cada 10,000 en comparación con 41 médicos por cada 10,000 personas en Italia.

Sin una remuneración por enfermedad, la mayoría de los trabajadores no pueden darse el lujo de tomarse un tiempo libre del trabajo para recuperarse, poniendo en peligro su propia salud y la de los demás. De los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, menos de dos tercios tienen planes de seguro social que brindan beneficios por enfermedad. Más de la mitad de los 7 mil millones de habitantes del mundo no tiene protección social alguna. Los enfermos deben elegir entre sacrificar su propia salud y alimentar a sus familias.

Millones de personas en los países avanzados ya han sido despedidos o suspendidos como resultado del cierre de tiendas, cafeterías, restaurantes e instalaciones culturales y de ocio no esenciales y la caída precipitada de la demanda de viajes, turismo y sectores empresariales relacionados. Solo el 20 por ciento de la población mundial puede reclamar beneficios por desempleo, por escasos que sean, obligándolos a tomar cualquier trabajo que puedan encontrar en la economía informal con remuneraciones propias de trabajos esclavos.

Según la OIT, unos 2 mil millones de personas, más del 61 por ciento de la población empleada del mundo, trabajan en la economía informal. Alrededor del 86 por ciento del empleo en África es informal, el 68 por ciento en Asia y el Pacífico, el 69 por ciento en los Estados Árabes, el 40 por ciento en las Américas y el 25 por ciento en Europa y Asia Central. Junto con ingresos bajos, inestables e inseguros, dicho trabajo es sinónimo de largas horas y condiciones laborales terribles, incluyendo la falta de espacio en el trabajo y un hostigamiento frecuente.

Muchos trabajadores africanos dependen de la industria del turismo y los viajes, que representa más del 10 por ciento del PIB mundial y que es poco probable que se recupere pronto. La demanda de recursos naturales, que representa el 30 por ciento del PIB de África, está disminuyendo a medida que se desata una depresión económica mundial. El cobre y el petróleo ya se cotizan a sus precios más bajos durante años.

La crisis financiera mundial de 2008 pregona el impacto económico del COVID-19, que se espera que sea mucho mayor. En Angola, un crecimiento del PIB del 13,2 por ciento en 2008 cayó al -0,6 por ciento en 2009, mientras que Nigeria pasó del 6 por ciento al 3 por ciento. Los países del África subsahariana vieron caer su crecimiento del PIB del 5 por ciento al 2,5 por ciento, que no es suficiente para mantenerse al ritmo del crecimiento poblacional.

Las remesas, que en algunos países representan el 10 por ciento del PIB, ya se han visto afectadas. Asia del sur, Filipinas y Oriente Próximo han visto una reducción en el flujo de remesas y los ingresos vitales en moneda extranjera que traen, como Arabia Saudita, los Estados del golfo Pérsico, Hong Kong, Taiwán y otras economías que dependen en gran parte de los trabajadores migrantes para construir sus edificios, cuidar a sus enfermos y ancianos y preparar su comida, cerraron partes de la economía para contener la propagación de COVID-19. Los trabajadores que regresen se sumarán a las crecientes listas de desempleo.

El golfo Pérsico, cuyos trabajadores migrantes enviaron a sus hogares unos 119 mil millones de dólares en 2017, es la mayor fuente de remesas del mundo después de los EE. UU. Los trabajadores extranjeros representan aproximadamente un tercio de la población de 33 millones de Arabia Saudita y casi el 80 por ciento de su fuerza laboral del sector privado. Los expatriados representan aproximadamente el 80 por ciento de la población de los Emiratos Árabes Unidos.

Bajo estas condiciones, los trabajadores no tienen más opción que aprovechar las oportunidades que puedan para continuar trabajando, generalmente sin ningún equipo de protección personal o desinfectantes. Viajar al trabajo significa estar sentado, comprimido como sardinas en autobuses abarrotados o taxis de servicios compartidos, atrapados en presas y exponiendo a más personas a infecciones.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha pedido a los países del G20 que proporcionen un paquete de ayuda de $150 mil millones para África: el paquete global de financiamiento de emergencia COVID-19 de África. Incluso si se asignara esta suma, no comenzaría a abordar las fuentes de la crisis actual, que residen en las relaciones económicas y políticas de dominio imperialista, y propiedad y producción capitalistas.

La salida a la terrible pobreza y brutal explotación que enfrentan las masas de la población en las naciones más pobres del mundo, incluyendo la implementación de las medidas necesarias para combatir el COVID-19, pasa por la lucha contra la corrupta burguesía nacional que vive en lujos grotescos entre miseria y contra la sistemática explotación imperialista que preside.

Esto exige el desarrollo de un movimiento social y político de la clase obrera que luche por el poder estatal y el socialismo. Los aliados de los trabajadores en África, Oriente Próximo, América Latina, Asia y el Pacífico no son los líderes del G-20, sino la clase obrera mundial, la única fuerza que puede derrocar el orden social existente e implementar la redistribución global de la riqueza, con un plan económico internacionalmente coordinado que es imprescindible para sacar a los miles de millones de una degradación social cada vez más profunda.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de abril de 2020)

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