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Ecuatorianos protestan cuerpos de víctimas del COVID-19 en las calles

El desbordamiento de los hospitales y morgues debido a la pandemia de COVID-19 en Ecuador ha hecho que docenas de los afectados por la enfermedad mueran en sus hogares. Sus familias y vecinos han inundado desesperados las redes sociales con videos y reportes de cuerpos pudriéndose en sus salas, las aceras y los parques por días.

En la última cuenta el viernes por la mañana, el Ministerio de Salud Pública reportó 3.368 casos confirmados de COVID-19 y 145 muertes, registrando 25 nuevas muertes en 24 horas. Setenta y un casos se encuentran en la provincia de Guayas, que incluye a la ciudad más grande del país, Guayaquil, de 2,7 millones de personas. Guayaquil también fue donde llegó el primer caso confirmado en Ecuador el 14 de febrero.

Los cientos de cuerpos en hogares y las calles ponen en evidencia una vasta subestimación del verdadero saldo de víctimas en Ecuador.

El Gobierno de Lenín Moreno inicialmente intento encubrir el total colapso del sistema sanitario y los servicios de emergencias, y la policía incluso fue filmada botando cuerpos en barrios obreros.

Blanca Moncada Pesantes, una periodista de Expreso, creó un hilo de publicaciones en Twitter el lunes para reportar los cuerpos que no han sido levantados. De docenas de reportes, algunos cuerpos han estado dentro de hogares por hasta seis días. En algunos casos, la policía llegó y le dio a los familiares que el cuerpo sería llevado en varios días.

La total barbarie demostrada por abundantes reportes en redes sociales y la prensa obligó al presidente Moreno a reconocer que la realidad era peor de lo reportado. El Gobierno luego inició una operación policial-militar conjunta el lunes para realizar levantamientos, implementar excepciones al toque de queda para acelerar los entierros—con indicaciones que ahora dicen que cremar los cuerpos no es necesario—, establecer contenedores refrigerados como morgues temporales y la apertura la próxima semana de un cementerio público en Guayaquil con 2.000 tumbas.

El Gobierno había cerrado todos los puertos de entrada en el país y los vuelos internos a mediados de marzo y estableció un toque de queda nacional de 2 p.m. a 5 a.m. Las escuelas estarán cerradas todo abril, mientras que el trabajo presencial estará suspendido hasta el 12 de abril. A partir del 13 de abril, se implementará un sistema de “semáforo” con niveles de restricciones para cada provincia, lo que facilitará el regreso obligatorio al trabajo cuando el virus esté más propagado.

Las Fuerzas Armadas, que efectivamente están gobernando Guayas, prometieron que todos los cuerpos se enterrarían antes del 2 de abril. No obstante, solo 150 cuerpos fueron levantados entre el lunes y miércoles, y continuaban las publicaciones el viernes de tener que esperar varios días para los levantamientos. Mientras se siguen apilando los cuerpos en los hogares, tres mil soldados permanecen desplegados en comunidades de clase obrera para prevenir que salgan 15 horas al día.

Ciertamente no todas las muertes son directamente a causa del COVID-19, pero muchas se pudieron evitar con atención oportuna de paramédicos y en hospitales. No obstante, hay mucha evidencia que apunta a un subregistro masivo de muertes por la pandemia:

  • El noticiero Expreso descubrió que el 30 y 31 de marzo, el registro civil de la Provincia de Guayas procesó 722 certificados de muerte para la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón. Hubo 609 muertes registradas en todo marzo de 2019.
  • Los servicios de ambulancia reportaron el 31 de marzo verse abrumados por llamadas para levantamientos en Guayaquil, 40 ese día comparado con un promedio de 14.
  • El Universo reportó que la policía tenía una lista de 450 cuerpos esperando ser levantados en Guayaquil.
  • Cada nuevo reporte en la página de Facebook del Ministerio de Salud Pública está acompañado de una avalancha de comentarios discrepantes sobre un subregistro. Por ejemplo, una estudiante de medicina en Guayaquil escribió: “Mucha gente no le hacen la prueba por falta de examen y hay muchos muertos más de lo que anuncian en los medios. En los hospitales en una guardia de 24 horas en emergencia, fallecen más de 100 personas”.

El encubrimiento deliberado de la cifra de muertos por la crisis del COVID-19 busca justificar la negligencia criminal de la clase gobernante y el Gobierno de Moreno, el cual ha implementado devotamente las medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional, recortando brutalmente los fondos para la salud.

La crisis del COVID-19 ha desnudado la irracionalidad de la continuación del capitalismo en el mundo y la urgencia del socialismo, En Ecuador y otras economías semicoloniales y atrasadas, esto significa la subordinación de la vida económica a la riqueza y afán de lucro de una diminuta élite y su acceso a mercados y créditos extranjeros.

Ante la indignación mundial sobre los cuerpos en Guayaquil, el Banco Mundial le “otorgó” al país un préstamo de $20 millones para tratar la crisis del COVID-19. Este es un descarado insulto. Los datos publicados por el propio Banco Mundial muestran que los pagos de intereses del país se han triplicado en la última década a $6,32 mil millones este año. Después de que la caída en picada de los precios del petróleo dañara severamente las finanzas públicas, el Gobierno de Moreno aun así decidió desembolsar $325 millones para los tenedores de bonos.

El economista Jonathan Báez de la Universidad Central de Ecuador halló el año pasado que “existen 971 personas que son socios-accionistas de los Grupos Económicos [de Ecuador]. En conjunto, en el año 2017 representan el 0,006% del total de la población ecuatoriana y controlan el equivalente en activos a 1,63 veces el PIB nacional con USD 115.725 millones”. Por comparación, el presupuesto de salud para el 2020 es de $3,8 mil millones.

A pesar de que una cuarta parte de estos multimillonarios ni siquiera reportó un ingreso en 2017, su ingreso promedio mensual fue de casi $80.000 o 213 veces el salario mínimo, descubrió Báez.

Son precisamente estos niveles de desigualdad lo que buscó defender el Gobierno de Moreno al emplear la fuerza militar letal para reprimir los levantamientos masivos y la huelga general contra la desigualdad social en octubre pasado, que obligaron a Moreno a trasladar temporalmente la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil. La traición de la burocracia sindical y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) para proteger sus propios privilegios políticos y económicos abrió la puerta a la respuesta criminal en marcha del Gobierno a la pandemia.

Expreso entrevistó a la hija de una paciente de COVID-19 fallecida que tuvo que esperar seis días para recuperar el cuerpo del hospital. La familia luego tuvo que buscar un entierro contra el protocolo del Ministerio de Salud. “Nos estaban cobrando 1.500 dólares por la incineración”, dijo. Un joven que ha pasado días intentando enterrar a su padre denunció la situación en redes sociales, “nos están pidiendo por una caja más de 1.800 dólares, se están lucrando las funerarias del dolor ajeno”.

En Ecuador, el trabajo informal y precario constituye el 62 por ciento, algo que explica en gran medida que el ingreso promedio por mes sea de $324, unos $70 menos que el salario mínimo. En estas condiciones, agravadas por el toque de queda y los despidos, comprar un ataúd se vuelve imposible. Más de 200,000 personas en Guayaquil dependen de ventas callejeras para sobrevivir. Incluso aquellos con los medios para transportar los cuerpos en ataúdes y pagar funerarias tienen que esperar horas e incluso días en largas filias antes de cruzar las puertas del cementerio.

En medio de gran riqueza, la pobreza está infligiendo un sufrimiento indescriptible. Un joven en el hospital en Ceibos tuvo que suplicar que “mi padre también es una persona” para pedir atención. Los doctores y enfermeros no tienen equipo de protección y también se quedan sin atención médica cuando se enferman. El Dr. Esteban Ortiz le dijo a AP que estima que hay aproximadamente 173 respiradores disponibles para pacientes del COVID-19 en todo Guayas.

La crisis sanitaria empeora por el hecho de que vastos sectores de la población están pasando hambre por la falta de ingresos, la manipulación de precios y las colas de más de un kilómetro en los supermercados.

En al menos tres ocasiones, las esquinas fueron convertidas en hogueras para los cuerpos, según las familias caen en la desesperación y la ira. “La humillación que les hacen pasar a las familias que reclaman a sus seres queridos ya más de 3 días sin comer ni dormir por andar atrás de esos militares arrogantes que no dan solución… mi primo se sacó el aire trabajando en una empresa pública y sin embargo está tirado en un contenedor”, escribió Anita en la página de Facebook del ministerio.

AFP y Reuters hablaron con Rosa Romero. El cuerpo de su esposo, Bolívar Reyes, quien murió con síntomas consistentes con COVID-19, permaneció en su hogar por más de un día y luego ha estado desaparecido por una semana después de supuestamente ser llevado a un hospital. Un video de una morgue presuntamente en Ecuador muestra pilas de bolsas de cadáveres y ataúdes “sin reclamar” en un lugar sin refrigeración. Las historias desgarradores e inolvidables son incontables.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de abril de 2020)

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