Según el profesor de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Jonathan Fielding, jefe del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles de 1998 a 2014, la disminución de la infraestructura vital de salud pública, que incluyó la pérdida de personal y recursos de la fuerza laboral, tal vez comenzó incluso antes del comienzo de su mandato en ese cargo.

Los políticos y expertos de los medios han aceptado que la enfermedad y la muerte en masa son el producto inevitable del brote de COVID-19. Completamente ausentes de sus labios están las palabras "erradicación de la enfermedad".

Junto con la falta de pruebas de COVID-19, que siguen siendo vitales y salvan vidas, el dr. Fielding le dijo al Los Angeles Times el 20 de marzo que el mayor obstáculo al que se enfrentan las autoridades de la salud pública es la incapacidad de rastrear cada nuevo caso que se presenta hasta sus orígenes por tantos pasos y personas como sea necesario para encontrar la infección inicial en una comunidad determinada.

"Esa fue una de las primeras cosas que tuvimos que hacer, y se puede hacer, y habría hecho una gran diferencia", dijo Fielding al Times. "Es muy decepcionante lo lentos que fuimos en los Estados Unidos".

Si esto se hubiera hecho, cada persona infectada habría sido aislada de inmediato. En otras circunstancias, donde la enfermedad es tratable, la terapia comenzaría de inmediato, como cuando se diagnostica un nuevo caso de tuberculosis. Todos los contactos de hogares y lugares de trabajo habrían sido identificados, puestos en cuarentena y probados con urgencia. Si el individuo recién puesto en cuarentena se enfermó a causa de un virus para el que no había un tratamiento primario de primera línea, habría recibido atención efectiva según fuera necesario.

La lucha exitosa contra el COVID-19 es un proceso totalmente dependiente de la prueba minuciosa, el aislamiento y la cuarentena de cada persona diagnosticada. No hay otra forma de detener una enfermedad contagiosa, incluso en una era de disponibilidad de vacunas.

Estos son principios básicos y establecidos desde hace mucho tiempo que han guiado a los departamentos de salud pública durante generaciones, deteniendo los ataques de microbios y virus durante décadas, incluida la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la poliomielitis y muchos otros. ¿Por qué, entonces, se han ignorado estos principios con un abandono imprudente cuando se trata de la pandemia de COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) son las agencias de financiación de los 50 Estados y los varios miles de departamentos de salud locales en la mayoría de los más de 3.000 condados en los Estados Unidos. Históricamente, los departamentos locales cuentan con un funcionario designado de salud pública, laboratorios de pruebas, una enfermera de salud pública, acceso a epidemiólogos capacitados y una plantilla para entrevistar casos de enfermedades diagnosticadas para identificar y localizar otros contactos humanos y exposiciones.

El año pasado, el Director de Salud Pública del condado de Riverside, Kim Saruwatari, advirtió a los legisladores estatales de California en una audiencia en el Senado y la Asamblea en Sacramento que estaban cortejando el desastre cuando la población se enfrentaba a una pandemia, dada la sucesión de recortes presupuestarios promulgados en los últimos 10 años.

Le dijo al Times la semana pasada que su departamento se quedó con "menos personal capacitado para llevar a cabo investigaciones de casos y rastreo de contactos, menos epidemiólogos para ayudar con el análisis, menos personal de laboratorio y menos fondos para equipos de laboratorio actualizados". Los recortes de fondos del 30 al 40 por ciento por parte de los CDC y el HHS afectaron a todos menos uno de los 58 condados de California.

La directora ejecutiva de la Asociación de Oficiales de Salud de California, Kat DeBurgh, dijo al Times que los recortes presupuestarios para la salud pública cerraron 11 laboratorios de pruebas en otros tantos condados en los últimos años. "Definitivamente podemos ver que la fuerza laboral de la salud pública se ha reducido drásticamente y nunca se ha recuperado", dijo. "Eso realmente se nota en un momento como hoy".

Los estados de todo el país enfrentaron recortes similares. Entre 2008 y 2017, unos 55.000 empleos de trabajadores de salud pública fueron destruidos en más de 3.000 departamentos de salud pública.

"Estos recortes redujeron la capacidad de estos departamentos de salud para prevenir enfermedades y pérdida de vidas", dijo al Times John Auerbach, presidente del grupo de defensa de la salud pública Trust for America’s Health (TFAH). "Su impacto está siendo iluminado de una manera demasiado real por el nuevo coronavirus".

El TFAH estimó el año pasado que, como mínimo, la salud pública de los EEUU está subfinanciada en $4,5 mil millones. Los recortes a la infraestructura de salud pública fueron llevados a cabo por las administraciones demócratas y las republicanas.

En 2012, el presidente Obama desvió $6 mil millones de los fondos de la salud pública para cubrir los reembolsos de los médicos que habían sido recortados del Medicare. Se tomaron otros $450 millones de los fondos de salud pública para establecer los mercados de seguros de salud asequible.

En 2018, el recorte masivo de impuestos del presidente Trump para los ricos recortó $750 millones de los CDC. Ese mismo año, el control de los CDC sobre la aparición de nuevos virus en 49 países se redujo a 10 naciones, lo que excluyó a China.

De 2003 a 2019, la financiación de los CDC para la preparación estatal y local para eventos climáticos extremos, epidemias y la crisis de opioides se redujo en un tercio. Mientras tanto, el Programa de Preparación Hospitalaria (HPP), que funciona para acumular equipos necesarios para emergencias de salud, se redujo a la mitad.

En 2017, hubo 18 emergencias de salud pública declaradas en comparación con las 29 de los 10 años anteriores. No obstante, en 2018, 17 gobiernos estatales recortaron los fondos de salud pública, incluidos Texas, Alaska y Maine, que recortaron sus presupuestos en más del 12 por ciento, según un informe de 2019 publicado por el TFAH. De los $3,5 billones gastados en atención médica en 2017, solo el 2,5 por ciento se gastó en salud pública.

En el otoño de 2018, el secretario de HHS de Trump, Alex Azar, desvió $260 millones en fondos de los CDC para que pudieran usarse para encerrar a los niños inmigrantes en los campos de concentración del suroeste, según The Hill. Otros $13 millones utilizados para el mismo proyecto fueron tomados del Instituto Nacional del Cáncer, y $5,7 millones de un proyecto de prevención del VIH de los CDC.

Los $750 millones en recortes a los fondos de los CDC para el año fiscal 2019 incluyeron $236 millones para la prevención de enfermedades crónicas, $146 millones para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, $102 millones para emergentes y zoonóticas, enfermedades infecciosas que saltan de una especie a otra, $52 millones para la salud ambiental, como la prevención del envenenamiento por plomo, $20 millones para la prevención y el control de lesiones, $30 millones para la salud pública y la preparación y respuesta, y $78 millones para las vacunas.

"La desinversión en programas de salud pública solo le costará más a esta nación al final", dijo Laura Hanen, entonces directora interina de asuntos gubernamentales de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad, a The Nation's Health, la publicación de la American Public Health Asociación, en 2018.

"El presupuesto realiza recortes profundos que impactarán negativamente en los CDC y los departamentos de salud estatales y locales para hacer su trabajo, que es mantener a nuestras comunidades saludables y seguras", dijo.

La destrucción de la infraestructura de salud pública del país en los últimos 30 años ha dejado a la población del país desastrosamente expuesta. A medida que cientos de personas mueren cada día, el establishment político se ha preocupado más por mantener a flote el mercado de valores que por proteger a los trabajadores del ataque de esta pandemia mortal.

No había nada inevitable en la actual crisis de salud pública. Más bien, es un resultado predecible de años de recortes presupuestarios a la infraestructura de salud pública de la nación.

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(Publicado originalmente en inglés el 7 de abril de 2020)