La autoproclamada "presidenta interina" de Bolivia, Jeanine Añez, anunció el martes que la cuarentena impuesta en respuesta al coronavirus se extenderá hasta el 30 de abril.

Hasta el 14 de abril, el número de personas reportadas infectadas con COVID-19 en Bolivia era de 354, con 28 muertes. Estas bajas cifras oficiales de víctimas infectadas y fallecidas oscurecen la alarmante amenaza para el país más pobre de América del Sur. Un indicio de la posible propagación rápida de la enfermedad se produjo el martes con un informe de Oruro, el centro minero tradicional de Bolivia, de que el número de casos se había duplicado en 24 horas de 14 a 27, mientras que otros 111 casos sospechosos fueron reportados y 37 más todavía estaban esperando los resultados de las pruebas.

Añez, que fue instalada por un golpe militar respaldado por Estados Unidos y violencia fascista que derrocó al gobierno del presidente Evo Morales y su gobierno del Movimiento hacia el Socialismo (MAS) en noviembre pasado, ha explotado la pandemia para militarizar el país y posponer las elecciones que se habían fijado para mayo.

En su discurso televisado el martes, Añez ofreció otra miseria a los trabajadores y campesinos empobrecidos de Bolivia, un "bono universal" de 500 bolivianos (menos de $73). Este escaso beneficio se ofrecerá sólo a aquellos que no recibieron similar ayuda insignificante ofrecida anteriormente, incluyendo un "bono familiar", también de 500 bolivianos para familias con niños pequeños, y una "cesta familiar" de sólo 400 bolivianos para adultos mayores que sobreviven con pensiones estatales, madres de bajos ingresos y personas con discapacidades.

Esta en cuestión cuánto de esta ayuda, completamente inadecuada, realmente llegará a las manos de los bolivianos.

Añez también dijo que en una semana anunciaría una decisión sobre si se aliviaría la cuarentena en diferentes regiones del país. Está respondiendo a las demandas y a los intereses lucrativos del capital boliviano e internacional, que apoyaron el golpe que la llevó al poder.

La cobertura periodística indica que Bolivia está actualmente en riesgo de padecer hambre generalizada, debido a la falta de cadenas de suministro de alimentos, especialmente en ciudades de clase trabajadora como El Alto.

Según el diario El Alteño, "Dos semanas después de la puesta en marcha de la cuarentena [22 de marzo], los vecinos de diferentes zonas y El Alto comenzaron a preocuparse por la falta de recursos debido al bloqueo que se les impuso y la falta de alimentos... los vecinos son conscientes de que no pueden salir a las calles para llevar a cabo sus actividades normalmente, afirman que 'el dinero ya se ha terminado'".

Una mujer entrevistada por El Alteño dijo: "Como se ha emitido la cuarentena, ya no salimos a vender con mi marido, todo lo que hemos ganado antes de la cuarentena se ha ido; en la calle hay de todo: gas, verduras, frutas, pero no hay dinero".

Por su parte, la principal confederación sindical, la Central Obrera Boliviana (COB), que ha colaborado con el régimen golpista, ha propuesto que se distribuya la mitad del salario mínimo de 2.122 bolivianos (320 dólares al mes) a la población, una medida a medias que también ha sido rechazada.

En cuanto a la infraestructura sanitaria del país, es lamentablemente insuficiente hacer frente a la embestida de la pandemia.

Los médicos del hospital público más grande de La Paz emitieron un comunicado el lunes advirtiendo que carecen incluso de los suministros básicos necesarios para tratar con pacientes con COVID-19. "No tenemos los suministros mínimos como gorras, máscaras, botas, gafas, batas y aún menos suministros de menos accesibles como medicamentos de cuidados intensivos. Nos envían a la guerra sin armas, condenándonos a luchar en condiciones desfavorables", dijeron.

Bolivia carece de equipos tan críticos como son los ventiladores, y no puede competir con las naciones más ricas del mercado mundial para comprarlos.

La amenaza del coronavirus es particularmente preocupante en las cárceles sobrepobladas del país. Presos de la prisión de San Pedro en Oruro se alborotaron el sábado pasado. "Hemos venido a cumplir una sentencia, no a perder la vida", dijo uno de los reclusos entrevistados por el periódico La Patria. En virtud de la cuarentena nacional impuesta por primera vez el 22 de marzo, muchas actividades públicas y privadas han sido suspendidas o severamente reducidas, y sólo una persona por familia puede realizar salidas a la calle por lo mínimo e indispensable y en las inmediaciones de la residencia familiar durante las 7:00 a.m. y el medio día con el fin de adquirir alimentos y otros suministros necesarios.

A partir del 17 de marzo, se ordenó el cierre de todas las fronteras y se suspendieron todos los vuelos internacionales. También se suspendió el transporte terrestre interdepartamental e interprovincial, permitiendo únicamente el transporte de mercancías.

Más de 480 bolivianos que lograron volver a entrar en territorio boliviano, desde Chile, donde habían perdido sus empleos como resultado del cierre COVID-19 allí, originalmente se concentraron en el campamento "Tata Santiago", en la ciudad de Pisiga, y fueron sometidos a varios protocolos de salud. Se informó de falta de alimentos y hacinamiento, incluidos baños insuficientes.

Se utilizaron tiendas de campaña de 3 x 3 metros para albergar a 15 personas por unidad, cada una con una sola manta en medio de un frío insoportable. Sin electricidad, efectivamente estaban incomunicados, ya que no podían cargar sus teléfonos celulares.

Según los informes, quienes se quejaron de malos tratos por parte de los militares bolivianos fueron amenazados con ser enviados de vuelta a Chile, habiéndoles confiscado sus documentos de identidad nacional.

Al menos otros 800 bolivianos permanecieron atrapados en la frontera norte de Chile con Bolivia, bloqueados por las tropas bolivianas de regresar a su país.

Desesperados después de haber sido dejados allí durante dos semanas, varios cientos de ellos intentaron forzar su regreso a Bolivia la semana pasada, sólo para ser rechazados con palizas y gases lacrimógenos.

El régimen golpista boliviano ha intentado culpar al exministro principal del gobierno de Morales, Juan Ramón Quintana, quien está atrapado en la Embajada de México en La Paz, al que se le ha negado un salvoconducto para salir del país. El gobierno celebró una conferencia de prensa el lunes afirmando, sin presentar una pizca de evidencia, que Quintana había orquestado la rebelión de los trabajadores migrantes desesperados en la frontera chilena desde detrás de los muros de la embajada.

Dentro de Bolivia, el régimen ha hecho cumplir la cuarentena con brutal represión policial-militar. El 25 de marzo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional emitió una declaración en la que advirtió que las personas que no cumplieran plenamente con la cuarentena serían castigadas con "de uno a 10 años de prisión por cometer delitos contra la salud pública". La Razón citó al comandante en jefe de las fuerzas armadas, el general Carlos Orellana, informando que, al 11 de abril, "las tropas militares arrestaron a 9.917 personas que violaron las restricciones de la cuarentena total en el país".

Añez concluyó un discurso reciente amenazando con una brutal represión contra cualquiera que viole la cuarentena, lo que daría lugar a la "participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional".

El decreto del 25 de marzo de Añez que extendió el encierro nacional hasta el 15 de abril incluyó la amenaza de que "las personas que inciten el incumplimiento de este decreto o desinformen o causen incertidumbre a la población serán objeto de cargos penales por delitos contra la salud pública".

El lenguaje del decreto permite la intensificación de la represión emprendida por el régimen desde que se apoderó del poder en noviembre pasado, lanzando un "programa de pacificación" que reprimió sangrientamente las protestas de los trabajadores y arrestando a periodistas acusados de "sedición" por informes que criticaban al gobierno, llamándolos "terroristas de comunicación".

Añez, que inicialmente afirmó que sólo serviría como jefa de Estado de transición hasta que se celebraran elecciones, ha anunciado desde entonces que se postulará para la presidencia. Ha instado a los votantes a no permitir que "los salvajes" regresen al poder, una referencia transparente a la herencia indígena de Morales y a muchos de sus partidarios quechuas, aymaras y amazónicos. Las encuestas, sin embargo, han mostrado al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, va como el favorito en las elecciones ahora pospuestas.

Mientras que el MAS, un partido nacionalista burgués, ha tratado de acomodarse al régimen golpista, reconociendo su legitimidad y aceptando impedir que Morales se postule para la reelección, el gobierno respaldado por el ejército y Washington, sólo ha respondido con una mayor represión.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de abril de 2020)