La campaña del “retorno al trabajo” en EE. UU. aumentará las muertes por coronavirus

25 abril 2020

La clase gobernante estadounidense está buscando reanudar pronto la producción y enviar a los trabajadores de vuelta al trabajo. Las consecuencias de esta política, si los trabajadores la permitieran, son claras: miles y miles más se enfermarían seriamente o incluso morirían.

No hay ninguna base científica para un retorno al trabajo desde el punto de vista de la salud pública. El número de nuevos casos reportados cada día de COVID-19 en EE. UU. sigue siendo de aproximadamente 30.000 y más de 2.000 muertes. El total de muertes oficial el jueves por la noche fue de casi 50.000. A nivel global, hubo más de 60.000 casos nuevos reportados ayer y el total de muertes se acerca rápido a 200.000.

No obstante, las cifras oficiales subestiman deliberadamente el número de casos y muertes. De acuerdo con estudios que interpretan el “exceso de muertes” en comparación con los promedios previos al coronavirus, el número real de muertes en EE. UU. y Europa occidental es al menos el doble de las cifras reportadas. El número de casos nuevos en EE. UU. ya no está acelerándose, pero esto se debe en gran parte al hecho de que se ha reducido sistemáticamente la cantidad de pruebas.

Una cama hospitalaria en uno de los cuartos temporales del TCF Center, 6 de abril, 2020, Detroit (AP Photo/Carlos Osorio)

A pesar de esta realidad, varios estados, alentados por las nuevas “directrices” de la Administración de Trump publicadas la semana pasada, están procediendo a relajar las medidas de distanciamiento social. Georgia está abriendo muchos negocios hoy. Carolina del Sur, Florida, Tennessee, Montana y varios otros estados ya han comenzado a abrir negocios o están planeando hacerlo durante la próxima semana. Otros estados se preparan para eliminar las restricciones a la producción no esencial para el 1 de mayo, fecha propuesta por la Administración de Trump como objetivo.

Incluso el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IMHE, sigla en inglés) de la Universidad de Washington, que ha sido citado anteriormente por la Administración de Trump para justificar un pronto retorno al trabajo, señaló que Georgia en particular no podía relajar las medidas de distanciamiento social de manera segura hasta al menos mediados de junio. El estado informó ayer de 881 nuevos casos, lo que supone un aumento considerable con respecto al día anterior.

Las empresas individuales están avanzando aún más rápido. El fabricante de aeronaves y contratista militar Boeing ya ha enviado a 27.000 trabajadores a las fábricas en el estado de Washington, junto con miles de trabajadores en el área de Filadelfia. Tanto Washington como Pensilvania todavía tienen cierres, pero Boeing está evadiendo estas restricciones al tener sus operaciones clasificadas como “esenciales”.

El fabricante automotriz alemán Volkswagen comenzará la producción en sus plantas de EE. UU. el lunes. Otras compañías automotrices también están tratando de enviar a los trabajadores de vuelta a la línea. El sindicato United Auto Workers, una herramienta sobornada de las gerencias, les dijo a sus líderes locales que empiecen a prepararse para “reanudar los programas de producción en un futuro próximo”.

Los trabajadores han de ser enviados de vuelta al trabajo sin ninguna protección que garantice su seguridad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, sigla en inglés) del Departamento de Trabajo, nominalmente a cargo de la seguridad en los centros laborales, no les ha exigido a los negocios que abren a que hagan nada. El Departamento de Trabajo también anunció la semana pasada que no llevará a cabo ninguna inspección a los centros laborales, fuera de los médicos y de emergencias, después de que se reanude la actividad económica.

La Administración de Trump, además, ha dejado en claro que protegerá a las empresas de cualquier perjuicio legal si los trabajadores contraen el coronavirus en el trabajo. Trump declaró en una conferencia de prensa a principios de esta semana, “Simplemente no queremos [responsabilidad legal] porque queremos que las empresas abran y abran fuerte”.

Las catastróficas consecuencias de tales políticas están alimentando fuertes tensiones dentro del aparato estatal. Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, dio una entrevista a la revista Time a principios de esta semana señalando que la escala de las pruebas no es suficiente para reabrir.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, advirtió a principios de la semana de una segunda ola de la pandemia. “Existe la posibilidad de que el asalto del virus a nuestra nación el próximo invierno”, dijo, “sea aún más difícil que el que acabamos de atravesar”.

También hay conflictos agudos entre el Gobierno federal y los estados. La Asociación Nacional de Gobernadores emitió un comunicado ayer advirtiendo que una “apertura prematura” podría “devolver a los estados al modo de crisis, superar la capacidad de los sistemas de salud y obligar a los estados a adoptar estrictas medidas de distanciamiento social. Este escenario repetiría las consecuencias económicas negativas de la respuesta a la pandemia y reduciría la confianza del público, profundizando aún más la recesión y prolongando la recuperación económica”.

La referencia a “reducir la confianza pública” apunta al temor de la clase dirigente a la agitación social. La oposición popular a un regreso al trabajo en condiciones inseguras es abrumadora. Una encuesta de CBS publicada ayer descubrió que el 70 por ciento de la población cree que la principal prioridad del país debería ser “tratar de frenar la propagación del coronavirus manteniendo a la gente en casa y empleando el distanciamiento social, incluso si la economía se viera afectada a corto plazo”.

Sin embargo, el debate dentro de la clase dirigente no es si se debiera planear o no una vuelta al trabajo, sino cuándo y cómo.

Desde el principio, la oligarquía financiero-corporativa no ha considerado el coronavirus una emergencia sanitaria que requiere la movilización urgente y masiva de recursos para salvar vidas, sino como un acontecimiento económico, y específicamente de mercado. Después de restarle importancia a la crisis, la clase dominante diseñó un rescate multimillonario de Wall Street.

Habiendo protegido su riqueza a través de la aprobación, sobre una base bipartidista, de la “Ley CARES”, la clase gobernante –apoyada por la Administración de Trump, los demócratas y los medios de comunicación— se ha dedicado a cambiar la narrativa para promover el retorno al trabajo.

Para obligar a los trabajadores a volver al trabajo, la clase dirigente pretende utilizar la amenaza de la privación económica. El número de trabajadores que han solicitado el subsidio de desempleo aumentó en 4,4 millones la semana pasada, hasta un total de 26 millones desde el comienzo de la crisis. La desarticulación económica supera con creces las cifras oficiales, ya que millones de trabajadores no tienen derecho a prestaciones o no han podido acceder a la solicitud a través de sitios web y centros de llamadas sobrecargados.

Una vez que se reanude la producción, cualquiera que se niegue a volver a trabajar por temor a sus vidas será excluido de los beneficios de desempleo.

Los trabajadores deben rechazar la falsa elección entre el empobrecimiento y la muerte. Se habla mucho de “salvar la economía”, pero, ¿la economía de quién y en interés de quién? La insistencia en que la producción no esencial debe reanudarse a costa de la vida humana se basa en el supuesto de que el sistema capitalista es inviolable, y que los intereses de la oligarquía empresarial y financiera determinarán la respuesta a la pandemia.

El Partido Socialista por la Igualdad insiste en que las necesidades de los trabajadores deben tener prioridad absoluta e incondicional sobre todas las consideraciones de lucro corporativo y riqueza privada.

Toda la producción no esencial debe permanecer cerrada hasta que la pandemia esté bajo control. Para asegurar sus medios de vida, los trabajadores deben recibir ingresos completos y acceso gratuito a la atención médica de la más alta calidad. Se deben poner a disposición créditos para las pequeñas empresas. Todos los pagos de hipotecas, servicios públicos, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles deben ser cancelados mientras dure la crisis.

La aplicación de esas medidas esenciales para evitar una pérdida de vidas colosal es incompatible con la continua dominación de la sociedad por parte de la oligarquía empresarial y financiera. La enorme riqueza acaparada por la élite gobernante debe ser confiscada. Los rescates multimillonarios de Wall Street y las corporaciones deben ser revertidos, y estos recursos deben dirigirse a satisfacer las necesidades sociales urgentes.

Las gigantescas corporaciones –incluyendo las principales empresas manufactureras, Amazon y otras industrias logísticas, y los conglomerados de la salud— deben ser transformadas en servicios públicos y administrados con base en atender las necesidades sociales, no las ganancias de los ricos. Todo el sistema financiero y bancario debe ser puesto bajo control democrático.

Sólo en la medida en que los trabajadores se organicen de forma independiente y en oposición al sistema capitalista se puede encontrar una salida a esta crisis en los intereses de la clase obrera.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de abril de 2020)

Bryan Dyne