El viernes 1 de mayo inició una nueva etapa del crimen social siendo perpetrado contra el pueblo estadounidense. El presidente Trump permitió que expiraran las indicaciones federales que recomendaban “refugiarse en el lugar” durante la pandemia de coronavirus. Docenas de Gobiernos estatales, con la aprobación de Washington, han eliminado las órdenes de cierre de tiendas, restaurantes y cines, y les han ordenado a los trabajadores que regresen a sus trabajos bajo pena de perder sus beneficios por desempleo.

La relajación de las restricciones está siendo justificada con afirmaciones de que la pandemia del COVID-19 está en retirada y que la gente puede salir a trabajar, hacer compras, comer, viajar e ir a la iglesia como antes, sin un riesgo indebido. Pero esa no es la real expectativa del Gobierno de Trump. Por el contrario, varias investigaciones periodísticas descubrieron que el Gobierno espera un salto enorme en la cifra de muertes y está realizando los preparativos correspondientes.

NBC News informa que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, sigla en inglés) el mes pasado “hizo pedidos de más de 100.000 nuevas bolsas para cadáveres para las víctimas de COVID-19”. El Departamento de Seguridad Nacional, del cual FEMA forma parte, hizo una orden de compra de 5,1 millones de dólares a una empresa de California.

El informe continúa: “Alrededor de la misma época en que escribió el contrato para las bolsas para cadáveres, FEMA abrió una licitación para proporcionar unos 200 remolques refrigerados alquilados para sitios en todo el país. La solicitud de propuestas especifica una preferencia por los remolques de 53 pies, que, con 3.600 pies cúbicos, son los más grandes de su clase”.

FEMA no es la única agencia que se prepara para la muerte a una escala que eclipsa las de los últimos dos meses. La Administración de Veteranos (VA, sigla en inglés), según múltiples informes y documentos, pagó a un distribuidor de suministros casi 300.000 dólares por bolsas para cadáveres que se entregarían el 30 de abril, el último de los ocho contratos adjudicados a la misma empresa por un total de 12,1 millones de dólares. Asumiendo que VA pagó un precio similar que FEMA, 12,1 millones de dólares le comprarían casi 240.000 bolsas. Para los nueve millones de pacientes atendidos por la VA en un año típico, eso supone una tasa de mortalidad de alrededor del 2,7 por ciento.

Incluso estas asombrosas cifras podrían resultar ser subestimaciones flagrantes de la ola de muerte que se avecina. El Centro de Investigación y Política de Enfermedades de Minnesota proyectó el jueves que el COVID-19 probablemente se propague en una serie de brotes durante el próximo año hasta que se infecte entre el 60 y el 70 por ciento de la población. Esto llevaría el número de muertes a millones.

NBC News añadió que un “alto funcionario de la Casa Blanca” confirmó de forma anónima en un correo electrónico que la Administración de Trump está “tomando en cuenta los peligros asociados con la relajación de las restricciones de permanencia en el hogar”. La probabilidad de un gran aumento en el número de muertes se discutió en una reunión el 25 de abril a la que asistieron el director de la FEMA, Pete Gaynor; Brett Giroir, un almirante retirado que es secretario adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos; el contralmirante John Polowczyk, vicedirector de logística del Estado Mayor Conjunto, que es el líder de la cadena de suministro para el grupo de trabajo sobre el coronavirus; y miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

El predominio de funcionarios militares y de seguridad es en sí una indicación de que el Gobierno federal considera que la pandemia del coronavirus no es primordialmente una crisis de salud, sino una amenaza al orden público, en que la policía y el ejército podrían desempeñar el papel principal en la supresión de la oposición pública a medida que se hagan evidentes las consecuencias letales de la campaña de “regreso al trabajo” exigida por la patronal estadounidense.

Para el lunes, de los 50 estados de EE.UU., unos 23, con una población combinada de unos 115 millones de personas, ya habrán levantado la mayoría de las restricciones relacionadas al coronavirus. Otros ocho estados, con una población combinada de 53 millones de personas, han anunciado planes para hacer lo mismo a mediados de mayo.

Aunque esto dejará a 19 estados con 161 millones de personas todavía bajo alguna forma de cierre, las órdenes de permanecer en casa tienen muchas excepciones: Boeing les ordenó a 27.000 trabajadores a volver a sus puestos en el área de Seattle, Washington, a pesar de las restricciones estatales, y las plantas automotrices en Michigan planean abrir.

Cualquier protección que los cierres provean está siendo erosionada constantemente, mientras los gobernadores demócratas y republicanos se someten a las demandas de las corporaciones gigantes de reabrir las fábricas y otras empresas, con el respaldo de despliegues fascistizantes como la movilización de derechistas armados en el capitolio del estado de Michigan el jueves.

El fin de las restricciones en 31 estados acelerará la penetración del virus en las zonas rurales que hasta ahora se han visto levemente afectadas. Además, proporcionará una nueva fuente de infección para aquellas partes del país donde se pensaba que ya había pasado lo peor de la pandemia.

Las declaraciones del Gobierno federal y las autoridades estatales revelan el carácter de clase de la campaña para “reabrir la economía” y volver a poner en marcha el motor del capitalismo: la extracción de ganancias del trabajo de los trabajadores.

Después de reportar el jueves otro gigantesco incremento en las demandas de compensación por desempleo de 3,84 millones, llevando el total de seis semanas a más de 30 millones, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos advirtió que cuando las fábricas y los lugares de trabajo reabran, los trabajadores deberán volver a trabajar o perderán los beneficios, sin importar las consideraciones de salud.

“Salvo en circunstancias inusuales”, dijo la agencia, “una solicitud de que un empleado con permiso de ausencia regrese a su trabajo muy probablemente constituye una oferta de empleo adecuada que el empleado debe aceptar”.

Los gobiernos estatales han sido aún más contundentes. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas dijo que, para ser elegible para los beneficios de desempleo, los trabajadores deben “estar dispuestos y ser capaces de trabajar todos los días y horas requeridas para el tipo de trabajo que están buscando”.

Texas experimentó su peor día de la pandemia, con 50 muertes y 1.000 nuevas infecciones el 30 de abril, el día previo a que entrara en vigor la orden del gobernador Greg Abbott de reabrir el estado. Abbott canceló los cierres más amplios establecidos por los funcionarios locales en Houston, San Antonio, Austin y Dallas, que actualmente tienen la mayor parte de casos en Texas.

En Missouri, el gobernador Mike Parsons dijo: “Cuando abramos el estado, si tienes que volver al trabajo, si tu jefe llama y dice que tienes que volver al trabajo, tienes que volver al trabajo”.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo: “Si eres un empleador y le ofreces a tu empleado volver al trabajo y ellos deciden no hacerlo, es una renuncia voluntaria... Por lo tanto, no serían elegibles para el dinero del desempleo”. Mientras tanto, en Sioux City, Iowa, que sólo tenía 158 casos de coronavirus al 23 de abril, el total se multiplicó por seis en una semana, hasta 851, en gran parte debido a los brotes entre los trabajadores de las plantas empacadoras de carne locales.

La industria frigorífica presenta algunos de los indicios más horribles de lo que se avecina. Millones de trabajadores que fueron despedidos se están viendo obligados a volver a trabajar bajo la amenaza de perder la compensación por desempleo y la capacidad de pagar el alquiler y alimentar a sus familias.

En un matadero de Tyson Foods en Wallula, Washington, el más grande de ese estado, el 15 por ciento de los trabajadores dieron positivo al coronavirus después de que uno muriera. En otra planta de Tyson en Logansport, Indiana, el virus ha infectado a 890 de los 2.200 trabajadores.

Pero el lunes, Trump ordenó la reapertura de los frigoríficos que habían cerrado, al tiempo que sugirió que los empleadores necesitaban “protecciones de responsabilidad legal” ante posibles denuncias de trabajadores infectados en el trabajo. Un columnista observó de manera punzante, “Si trabajas en una planta empacadora de carne, por orden del presidente Trump, eres considerado oficialmente menos esencial que el filete que estás cortando”.

A través de la campaña de regreso al trabajo, la élite capitalista gobernante pretende imponerle la carga de la pandemia del coronavirus a la clase obrera, tanto económicamente como en términos de sufrimiento y muerte. Busca la normalización de la muerte, la aceptación de que las muertes y los contagios masivos son simplemente parte de la vida, al menos para los trabajadores. De ahí provienen los continuos esfuerzos por restarle importancia o encubrir el número de muertes, creando un fabricado movimiento popular en oposición a los cierres y establecer una base legal para negar el pago de beneficios por desempleo y otras prestaciones a fin de hacer pasar hambre a los trabajadores hasta que regresen a sus puestos de trabajo.

Los demócratas y los republicanos solo tienen diferencias tácticas en cuanto a los métodos a emplear, pero están de acuerdo en el objetivo básico, porque son partidos capitalistas decididos a defender el sistema capitalista. La clase obrera solo puede defender sus derechos sociales, incluido el derecho a la vida misma, mediante una ruptura decidida con toda la estructura política capitalista y la construcción de un movimiento político de masas que luche por el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 2 de mayo de 2020)

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