Muchos miles de apoderados, estudiantes, educadores y cuidadores de niños se han opuesto al empeño del gobierno chileno por la enseñanza presencial durante un esperado pico de la pandemia de coronavirus. El empuje del gobierno ultraderechista del presidente Sebastián Piñera es una respuesta a la crisis económica cada vez más profunda y a las demandas de la élite financiera y empresarial para la aplicación inmediata de medidas de retorno al trabajo, independientemente de las consecuencias para la salud. El ministro de Educación Raúl Figueroa y el Ministro de Salud Jaime Mañalich han encabezado la campaña de regreso al trabajo.

En una diatriba engañosa el mes pasado, Mañalich dijo que se había opuesto al cierre de escuelas desde el principio porque ponía a los niños en peligro. “nunca quisimos, nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas. Nunca. La evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que eso efectivamente fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin estudios, sin comida, sin protección”, afirmó.

Esto no fue más que un intento malicioso de intimidar a los padres para que enviaran a sus hijos de vuelta a la escuela. El hecho es que toda la administración ha respondido a la pandemia con negligencia criminal y mentiras descaradas, tratando desde el principio de minimizar los peligros que plantea el nuevo coronavirus. Mañalich primero argumentó que el virus mutaría en algo como la gripe común. A principios de abril, afirmó falsamente que el número de infecciones se había estabilizado y que Chile había alcanzado su primer pico. Hoy en día está emitiendo tarjetas de inmunidad COVID-19 insistiendo en que una vez infectados, los pacientes recuperados no pueden ser reinfectados, haciendo caso omiso de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de evitar afirmaciones categóricas sobre el impacto aún desconocido del virus.

Los hospitales públicos siguen estando privados de equipos críticos, EPP y de personal, mientras que se ha revelado que algunos hospitales privados no han aceptado pacientes con COVID-19. Los nuevos ventiladores respiratorios mecánicos que, según el ministro, se compraron en enero, han disminuido en el curso de tres meses de 1.000, a 600, 400 y 72 cuando finalmente llegaron la semana pasada.

En cuanto a las afirmaciones de Mañalich de estar preocupado, hasta la fecha la mayoría de los niños del país no han sido vacunados contra la gripe porque los departamentos de salud a nivel nacional se quedaron sin vacunas a principios de abril, mientras que las canastas que el gobierno prometió que alimentaría a cada niño por familia indigente han demostrado ser tan esquivas como los respiradores.

Figueroa, contradiciendo la falsa alarma de Mañalich, emitió su propio comentario malicioso: “Escucho permanentemente papás y mamás que sienten que volver a clases significa poner en extremo riesgo a sus hijos. Sabemos que no es así, porque los niños no son un factor de riesgo en el virus”.

Pero las cifras parciales y deficientes del propio Ministerio de Salud revelan que más de 1.000 niños y adolescentes han contraído el virus y, además, son capaces de contagiar a los principales afectados en Chile, los jóvenes de 20 a 60 años, que en conjunto constituyen el 76,6 por ciento del total de los casos confirmados, que desde el 3 de marzo han ascendido rápidamente a 22.016 hasta el martes. Este grupo en "edad de trabajar" comprende el 57 por ciento de los que requieren hospitalización, incluyendo la atención de UTI/UCI. No se dispone del desglose de las 275 personas que han muerto. Tampoco es la cifra real de fallecidos, porque como explicó el propio Mañalich, cuenta como recuperadas “las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido”. Tal es el desprecio por la vida humana.

Docentes, alumnos y padres han criticado duramente las declaraciones incendiarias de Figueroa y Mañalich. La dirigente de la asamblea coordinadora de estudiantes de secundaria, Isidora Godoy, dijo que los estudiantes de secundaria no volverán a clases mientras el número de infecciones siga aumentando, explicando que las escuelas municipales “no tienen las medidas sanitarias mínimas… Se viene el invierno y nos encontramos con techos malos que se llueven, baños sucios, entre otras razones”.

Silvia Silva, líder de los trabajadores de las guarderías, insistió en que “desde el día uno hicimos un llamado categórico a las trabajadoras de la JUNJI a no presentarse a sus lugares de trabajo. Hemos sido insistentes en exigir a la máxima autoridad institucional en que no continúen los llamados, ni voluntarios ni de ningún tipo a los trabajadores ya que nuestro servicio es tremendamente sensible”.

Luciana Cortés, maestra de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, y una de las muchas que han expresado su oposición en línea, dijo: “Nosotros creemos que hoy en día no están dada las condiciones por parte del gobierno como sanatizar nuestras escuelas. ... Nosotros llamamos a que unamos como trabajadores de la educación, con los asistentes, padres apoderados, los estudiantes, nosotros profesores a rechazar enérgicamente esta medida y decir que el 27 o cuando el gobierno pretenda a dar no volveremos a clase”.

Las clases en línea se iniciaron en marzo, pero como en todos los demás aspectos de la vida social, ha revelado lo estratificada que está la sociedad chilena: el 44 por ciento de los hogares no tienen una conexión fija a Internet, 170 comunas del país, que representan más de 77.000 personas, no tienen acceso a Internet, y sólo el 30 por ciento de la población tiene un acceso adecuado a Internet. Se ha puesto en marcha un canal de televisión para proporcionar recursos educativos.

Quinientos profesores fueron despedidos a finales del año pasado, y cientos más fueron despedidos antes del comienzo del primer semestre por alcaldes socialistas, estalinistas-comunistas, pseudoizquierdistas y de derecha por igual. Es parte de la masiva destrucción de empleos que continúa sin impedimentos. Cuatrocientos mil trabajadores fueron despedidos entre febrero y marzo, muchos de los cuales no recibieron ninguna compensación por sus años de servicio. Tras la promulgación de una ley que permite a los empleadores dar de baja a los trabajadores debido a la pandemia, otras 56.986 empresas aprovecharon la nueva ley que afecta a 800.000 puestos de trabajo en la segunda semana de abril.

Ahora se están tomando medidas para recortar los salarios, incluidos los de los trabajadores de la educación cuyos ingresos empiezan en unos escasos 900 dólares mensuales por un turno de 44 horas, y cuyo alquiler les quita más de la mitad de sus ingresos a un promedio de 580 dólares.

Evelyn Matthei, la particularmente repugnante alcaldesa de Providencia de la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI), que aparece en la televisión hasta la saciedad, declaró: “La pregunta es ¿vamos a poder seguir (pagándoles a los profesores)? porque yo les quiero decir que no llego a fin de año en la municipalidad, le estoy cortando el sueldo a todos, a todos”.

Hija de un general, resumió sucintamente la actitud de la clase dominante chilena hacia la clase obrera y la educación de sus hijos: “a ver, lo primero, la mitad de la materia no sirve para nada. Yo fui profesora un año completo, la mitad de la materia que se pasa en Matemáticas es pura basura, no les va a servir nunca más en sus vidas, ¿para qué los niños tienen que aprender a hacer logaritmos?, ¿alguien alguna vez ha usado logaritmos?”.

El coronavirus ha expuesto una profunda crisis en todas las áreas sociales. Mientras que las condiciones de la vida cotidiana siempre fueron precarias, hoy en día se están volviendo insoportables. El Estado chileno no garantiza el derecho a la salud, la educación, los servicios sociales, la vivienda, la seguridad financiera, las pensiones o cualquier otra necesidad social porque todo ha sido puesto en manos de las grandes empresas y conglomerados nacionales y transnacionales.

La población en general se ha visto obligada a valerse por sí misma bajo los auspicios del “libre mercado”. Los resultados pueden verse en los últimos índices de desigualdad social: el uno por ciento más rico de Chile concentra en sus manos el 33 por ciento del ingreso nacional; el 70 por ciento de los trabajadores ganan menos de 660 dólares al mes, el 70 por ciento de los jubilados reciben una pensión de menos de 330 dólares, 11,5 millones de personas están endeudadas y 4,7 millones están en situación de morosidad.

En los casos en que el Estado ha intervenido, ha sido para transferir la riqueza pública a la élite bancaria y empresarial. Además de reforzar las instituciones represivas, una de las primeras medidas que Piñera puso en marcha en respuesta a la pandemia fue un paquete de 12.000 millones de dólares, consistente en gran parte en la capitalización del Banco del Estado para aumentar la liquidez y en la aplicación de exenciones fiscales en las que los mayores beneficiarios fueron las grandes y medianas empresas. En la segunda semana de abril se anunciaron otras medidas para garantizar ostensiblemente la liquidez a las PYMES en forma de préstamos sin intereses garantizados por el Estado, pero en las que nuevamente las grandes empresas se llevaron la mayor parte.

En cuanto a los más de 1,2 millones de despidos recientes, el sistema de apoyo que Piñera promulgó con la aprobación del Congreso, el llamado “seguro de cesantía”, se basa en que los desempleados accedan a fondos que se vieron obligados a acumular en cuentas individuales mientras estaban empleados, con un aporte insignificante del Estado. En cuanto al sector informal de 2,6 millones de vendedores ambulantes y trabajadores super explotados sin contrato, prácticamente no se ha prestado asistencia. Un paquete de estímulo muy alardeado para ayudar a este precario sector, el más afectado por las medidas de cuarentena y las políticas de distanciamiento social, consistió en un pago único de 60 dólares, suficiente para seguir pasando hambre en los campamentos o en las calles cuando el coronavirus alcance su punto más alto este invierno.

Es significativo, por lo tanto, que los estudiantes, profesores, personal de educación y cuidado de niños y otros sectores de la clase obrera de todo Chile rechazaron las órdenes del Ministerio de Educación de reabrir las escuelas el pasado 27 de abril. El impasse demuestra que todo el establecimiento político está desprovisto de legitimidad a los ojos de millones de personas y que cada determinación es percibida con extrema hostilidad y profunda sospecha. En cuanto a la apertura de las escuelas, el gobierno se vio obligado a hacer una voltereta, pero sigue presionando para que se regrese al trabajo presencial.

La respuesta también revela que las manifestaciones masivas sin precedentes que estallaron en octubre del año pasado han evolucionado desde entonces e incluyen a sectores cada vez sectores más amplios de la clase obrera, no sólo en forma de huelgas y mítines, sino también en acciones e iniciativas locales que tienen por objeto proteger la seguridad de las comunidades contra la propagación del coronavirus. De hecho, siguen estallando manifestaciones en todo el país bajo la cuarentena y los toques de queda impuestos por los notorios Carabineros y los militares.

El 1 de mayo los Carabineros llevaron a cabo las violentas detenciones de los manifestantes, golpeando y acorralando a los líderes de la federación sindical CUT, a abogados de derechos humanos y a miembros de los medios de comunicación nacionales e internacionales, incluyendo CNN Chile, Prensa Latina y Telesur. En un incidente anterior que recordó los peores días de la dictadura militar, dos carabineros que conducían un vehículo no identificado abrieron fuego contra una manifestación del 27 de abril en el barrio de La Florida en Santiago, hiriendo a 10 personas.

A medida que aumentan las tensiones sociales, crece la oposición a la izquierda oficial chilena compuesta por el Partido Socialista, los estalinistas del Partido Comunista (PCCh) y sus satélites pseudoizquierdistas, que en sus cargos de alcaldes, diputados, senadores y dirigentes sindicales han sido fundamentales para imponer las políticas del gobierno.

Un maestro, Raúl Núñez Browton, criticó duramente al colegio de profesores que “las bases… no hemos sido tomados en cuenta absolutamente para nada”. Cuestiones como la reducción del tamaño de las aulas, la negativa del gobierno a pagar a los maestros jubilados sus derechos durante dos años consecutivos y la “deuda histórica” contraída con los maestros durante la dictadura militar de 17 años, la falta de titularidad y la precariedad de la mano de obra contratada, ninguna de estas cuestiones urgentes había sido tratada por la dirección del sindicato.

“Y así muchos alcaldes como de Recoleta y muchos más que se hacen los buenitos. Yo llamo que también deben tener memoria, estos alcaldes son los que han tenido listas negras, han perseguido profesores, y ya sabemos que han profundizado el modelo económico. Es más, sus partidos como el PS, el PC votaron contra los trabajadores con la ley de protección del empleo cuando sabemos todos que eso favorecía netamente al gran empresariado”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de mayo de 2020)