En medio de la creciente evidencia de que Brasil se está convirtiendo en un nuevo epicentro del coronavirus, el presidente fascistizante Jair Bolsonaro ha intensificado una campaña de presión para obligar a las autoridades locales a levantar las limitadas restricciones impuestas a la actividad económica para frenar la propagación de la pandemia.

Según datos oficiales, Brasil tiene actualmente cerca de 175.000 casos y más de 12.000 muertes, con el número de infecciones creciendo un 6,5 por ciento al día, frente al 3 por ciento en Italia durante la misma etapa de propagación del virus. Según los datos oficiales, Brasil sigue a Estados Unidos en el crecimiento diario de la pandemia, incluso con los 26 estados y la capital autónoma, Brasilia, ya en el segundo mes de cuarentenas parciales.

Con el número de pruebas en Brasil a sólo 1.600 por millón —en comparación con 28.000 por millón en los EE.UU. y cifras similares en otros países duramente afectados— esas cifras no tienen ninguna credibilidad. Es probable que el número de infectados sea superior a los 4,2 millones estimados el 8 de mayo por el Imperial College de Londres, con un número desconocido de muertes. En el Amazonas, el estado más afectado, donde las víctimas son arrojadas a fosas comunes, el Imperial College estima que el 10% de la población ya está infectada.

No obstante, ayer el gobierno trató de intensificar su campaña de presión contra las administraciones locales, que han hecho esfuerzos limitados para frenar la propagación de la pandemia mediante cierres económicos parciales. En un demagógico llamamiento a los propietarios de pequeños negocios económicamente desesperados, amplió aún más su lista de “actividades esenciales” para incluir las barberías y peluquerías. El decreto llega cinco días después de una medida anterior que declaraba toda la industria y la construcción servicios esenciales. El decreto, publicado después de una reunión con un puñado de empresarios a los que Bolsonaro describió como representantes del “45 por ciento del PIB brasileño”, provocó una amplia oposición.

La declaración de la industria y la construcción como “actividades esenciales” fue acompañada por una “marcha” de Bolsonaro y los empresarios reunidos desde el palacio presidencial de Planalto hasta el Tribunal Supremo (STF), en un intento de presionar a los jueces para que permitan al gobierno federal anular las cuarentenas de los estados y ciudades.

A esta maniobra política se le unió la creación de un campamento fascista frente al edificio de la corte en apoyo del mismo objetivo. Los líderes del autodenominado “300 de Brasil”, el grupo uniformado que organiza el campamento, con el apoyo financiero de magnates empresariales favorables a Bolsonaro, declararon que su objetivo es “ucranizar” Brasil, en referencia al violento golpe de Estado fascista de 2014 en la antigua República Soviética.

En Brasil y a nivel internacional, la campaña de vuelta al trabajo de la élite gobernante se ha justificado con la mentira de que la reanudación de la actividad económica en sectores de gran intensidad de capital como la producción de automóviles y de petróleo, por no mencionar la industria alimentaria que nunca se cerró, es segura debido a las estrictas reglamentaciones del lugar de trabajo.

La industria frigorífica se ha convertido en el punto central de la pandemia en muchas ciudades pequeñas, y más de la mitad de sus casos se han rastreado hasta las plantas ubicadas allí. La industria también ha sido uno de los principales vectores de la propagación de la pandemia en el empobrecido campo. En el estado meridional de Rio Grande do Sul, líder regional en la producción de derivados de animales, el gobierno estima que 16.000 trabajadores de las carnicerías pueden haber contraído ya el coronavirus.

En el gigante energético estatal Petrobras, donde han continuado las operaciones, incluida la perforación petrolera en mar abierto en lugares remotos, al menos 800 trabajadores ya han sido infectados y se sabe que otros 1.600 han estado expuestos al virus.

En Brasil, al igual que en el resto de América Latina y otros países pobres que apenas comienzan a ser afectados por la pandemia, las infecciones entre los trabajadores están exponiendo aún más las afirmaciones reaccionarias de que sólo una minoría de los infectados —y por lo general sólo los ancianos— tienen complicaciones graves a causa del COVID-19.

Una cuarta parte de los muertos en Brasil no han tenido ninguna condición previa asociada y son menores de 60 años, mientras que la mayoría de los que están en estado grave son menores de 50 años. La semana pasada, las muertes en el distrito de clase obrera de Brasilândia, en el epicentro de COVID-19 del país, São Paulo, fueron 10 veces más altas que las de los distritos más ricos. La criminal falta de pruebas esconde una situación mucho peor en el resto de las áreas de clase trabajadora del país, donde las condiciones crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión son prevalentes entre los jóvenes trabajadores.

Bolsonaro y sus oponentes nominales en la élite gobernante se preparan para la oposición masiva de la clase trabajadora construyendo grupos de extrema derecha como los “300 de Brasil”, ya retratados por uno de los principales periódicos del país, Estado de S. Paulo, como “las camisas marrones de Bolsonaro”. A pesar de sus diferencias tácticas —expuestas en la superficie por la amenaza de una impugnación de Bolsonaro basada en las acusaciones hechas por su exministro de Justicia Sérgio Moro— la clase dominante está unida en su determinación de obligar a los trabajadores a volver a las fábricas.

Ninguno de los gobernadores del país, desde los antiguos aliados de Bolsonaro como João Doria hasta los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) y otros partidos de la oposición en el noreste, ha impuesto restricciones a las operaciones de la industria o la construcción, a pesar de sus denuncias diarias de Bolsonaro como un lunático "no apto para el cargo".

En el Congreso, el PT, supuesto principal oponente político de Bolsonaro, se ha subido al carro del regreso al trabajo con un proyecto de ley de "reapertura" presentado por su exministro de sanidad, el especialista en enfermedades infecciosas Alexandre Padilha. Padilha afirma que el proyecto de ley garantizará "las mejores prácticas" de los países que han reabierto sus economías, ocultando el hecho de que en estos países —Alemania y Corea del Sur, por ejemplo— tales protocolos han dado lugar a un nuevo aumento de casos. Hace un mes, el PT se unió a la votación para el programa masivo de alivio cuantitativo del gobierno, que asciende al 15 por ciento del PIB brasileño, mientras que menos del 5 por ciento de esa cantidad se destinó a proporcionar alivio a la pobreza para el 25 por ciento más pobre de la población.

Con la movilización de fuerzas de extrema derecha que prácticamente no atraen el apoyo de las masas, la clase dominante confía en que los sindicatos le mienten a los trabajadores sobre la seguridad de volver a trabajar y envenenan la opinión pública con llamamientos chovinistas y antichinos, presentando la reapertura de fábricas como algo necesario para luchar contra la competencia extranjera y minimizar la pérdida de puestos de trabajo.

Mientras la industria automotriz va a la cabeza en la reapertura de sus fábricas, las cuales en abril producían apenas 1.800 vehículos de su capacidad mensual de 400.000, los sindicatos han enviado funcionarios a las puertas de las fábricas para convencer a los trabajadores de que confíen en las medidas de seguridad e incluso promover la “oportunidad” que representa la pandemia de reducir las importaciones de China. El presidente de la mayor federación sindical brasileña, la CUT, controlada por el PT, escribió que bajo las “condiciones de guerra” impuestas por la pandemia, “el primer problema es la posición de Brasil en las cadenas de valor mundiales”, lo que “profundiza la vulnerabilidad de nuestra industria”.

En Embraer, líder mundial en la producción de aviones de alcance medio, que recientemente vio frustrados sus planes de fusión con Boeing por la insolvencia de esta última, los dirigentes sindicales saludaron el hecho de que “se estaban recortando puestos de trabajo en los Estados Unidos”, pero no en el Brasil.

En un artículo publicado el 1º de mayo en el principal periódico brasileño, Folha de S. Paulo, Ricardo Patah, presidente de la segunda mayor federación sindical, la UGT, describió la pandemia del coronavirus asesino como una “gran oportunidad para Brasil” de lanzar una “reconversión industrial” para producir equipos médicos.

Abogó por políticas “para vencer a la competencia china y evitar la humillación” de ser relegado a un segundo lugar por los chinos en la venta de equipos médicos. Culpó a China —en lugar del imperialismo estadounidense y su guerra comercial— por el desorden mundial en la provisión de suministros médicos. En medio de las condenas de Washington a China para distraer a la opinión pública de su propia incompetencia criminal para hacer frente a la pandemia, y el creciente tamborileo para la guerra, Patah está proporcionando una cobertura nacionalista para el realineamiento de Brasil con el imperialismo de EE.UU., como los pro-Nazi “nacionalistas” promovidos por Bolsonaro y sus partidarios de la derecha de las grandes empresas.

Los trabajadores brasileños, comprometidos en una creciente ola de huelgas contra los recortes salariales y el intento de obligarlos a elegir entre morir de COVID-19 o de hambre, sólo pueden llevar adelante su lucha mediante una ruptura consciente de la camisa de fuerza impuesta por los cada vez más derechistas sindicatos y sus aliados políticos, sobre todo el PT y sus satélites pseudoizquierdistas.

El autor tambien recomienda:

Enfermeros brasileños despedidas por declararse en huelga en Manaos por falta de equipo de protección
[29 abril 2020]

Mientras la pandemia COVID-19 se propaga, el Banco Mundial apoya la reestructuración de la educación en Brasil
[17 abril 2020]

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de mayo de 2020)